Abuso sexual, disciplina y obediencia

A fines de mayo, en una similar ceremonia de graduación en Annapolis, un Obama avergonzado prefirió dirigirse a los cadetes sobre una guerra más doméstica y deshonrosa que carcome la confianza en las Fuerzas Armadas: el abuso sexual, una lucha para la que todavía no se han encontrado las armas adecuadas.

Pese a una política de “tolerancia cero” pregonada en los últimos 20 años por los altos mandos militares, el abuso sexual es un fenómeno creciente, en parte porque no ha sido tratado como tema criminal, sino ético e interno; no existe una cultura de la denuncia, por temor de las víctimas a arruinar sus carreras y porque son los militares los que imparten justicia, bajo la excusa de que deben mantener la disciplina.

Políticas de castigo inapropiadas y educación ineficiente han disparado el fenómeno. El 7 de mayo, un informe del Pentágono ilustró que 26 mil miembros del servicio militar fueron agredidos sexualmente en 2012, frente a 19 mil en 2010. Sólo 3.192 casos fueron denunciados el año pasado y de ellos un 10 por ciento fue procesado, mientras que uno de cada tres delincuentes sexuales condenado permaneció en el servicio.

Hasta ahora, las máximas autoridades militares del país se han mostrado defensivas a la hora de enfrentar el problema. La semana pasada, en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Congreso, no informaron sobre políticas concretas contra los delitos sexuales, sino que defendieron su potestad para ser ellas mismas las que deben administrar justicia, como es regla actual.

La defensa corporativa trata de neutralizar nuevos proyectos de ley con los que se busca reescribir el Código de Justicia Militar, estipulándose que la decisión sobre las acusaciones no quede en manos de los superiores de la víctima, sino de fiscales militares independientes; además de establecer otras reglas sobre cómo manejar denuncias de violaciones, acoso y delitos sexuales menos graves.

Previa a la de los altos mandos, otra audiencia en el Congreso, de exmilitares víctimas que relataron cómo fueron violadas y luego ignoradas cuando denunciaron los hechos ante sus superiores, motivó los proyectos de ley que contemplan castigos, degradación, la baja del servicio, así como sustituir el actual sistema de justicia militar para este tipo de faltas y crímenes.

En momentos en que las mujeres fueron admitidas en el frente de batalla –donde se cometen muchas de las agresiones sexuales– y desde que personas homosexuales pueden ser admitidas sin restricciones, es importante que las políticas no sean simple retórica, sino elementos de acción y prevención determinados.

Hasta ahora, la política de “tolerancia cero”, que incluso incorporó Obama a su discurso, fue parte de una campaña de relaciones públicas para detener las críticas y encubrir estos delitos, casi la misma actitud de muchos obispos católicos y de otras denominaciones religiosas que también la utilizaron de la boca para afuera.

Lo importante del informe del Pentágono y de las audiencias en el Congreso es que se está creando una cultura de la denuncia. Sobre todo, se incentiva una mayor transparencia, se instauran posibilidades para que haya reparaciones justas para las víctimas y se crean nuevas armas para disuadir y expeler de las filas a agresores y criminales.

La disciplina y obediencia militar, valores que defienden los altos mandos militares, nunca deberían justificar el encubrimiento o la falta de justicia. Todo este proceso de transparencia en Estados Unidos tal vez sea útil para que en otros países se investigue al interior de las instituciones militares, donde posiblemente también se cometan delitos en completo sigilo.