A 100 años de una gesta histórica

A  comienzos del siglo pasado, las elecciones para designar autoridades eran una ficción. Quienes deseaban participar debían inscribirse en registros que controlaban los caudillos y los gobernantes de las provincias, todas sometidas a regímenes feudales. Los opositores eran excluidos de los comicios por la fuerza. Los atrios de iglesias y establecimientos públicos, donde se instalaban las mesas receptoras, fueron a menudo escenarios de sangrientos enfrentamientos. El radicalismo, surgido como partido político en la última década del siglo XIX, recurrió al levantamiento armado para combatir el fraude. En febrero de 1905, conmovió hasta los cimientos a los gobiernos que actuaban como únicos electores, tal que se vieron obligados a proponer una amplia amnistía a los insurrectos para preservar la paz y el orden.En el célebre debate parlamentario que precedió a la sanción de la ley, Carlos Pellegrini expuso con vívidos trazos el origen de las controversias que llevaron a los opositores a empuñar las armas para defender los derechos conculcados. En esas dolorosas circunstancias, dijo palabras que dieron fuerte impulso para que, años después, se sancionaran las reformas que aseguraran el sufragio libre: "(…) vamos a aprobar una ley de perdón… pero si algunos de los amnistiados nos preguntara quién perdona a quién... ¿El victimario a la víctima? ¿El que usurpa los derechos o el que se levanta para defenderlos? ¿Qué autoridad tenemos para dar estos gestos de generosidad?". Terminó con palabras que apuntaban al corazón de los círculos gobernantes: "¿Y quién nos perdonará a nosotros?". Los pasos hacia la ley. Esa estremecedora requisitoria fue la base del solemne compromiso que el presidente Roque Sáenz Peña asumió el 12 de octubre de 1910, cuando, al jurar, dijo: "Hay que garantizar el sufragio y crear el sufragante". Una comisión de juristas presidida por Indalecio Gómez, ministro del Interior, se abocó a la tarea. El primer paso se dio en febrero de 1911, al establecerse que el padrón debía formarse con quienes se enrolaran para el servicio militar obligatorio. Los padrones dejaron de ser manipulados por los caudillejos oficialistas. El segundo paso se dio en agosto de ese año, cuando ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que garantizaba el voto libre, secreto y obligatorio. Incluía una innovación que impedía a una fuerza mayoritaria ejercer un poder omnímodo: la llamada "lista incompleta", que aseguraba la participación de las minorías. Para los autores del proyecto, permitiría que la oposición actuara como "contrapeso" del poder. Talentosos legisladores participaron en el debate, entre ellos Ramón J. Cárcano, quien criticó el antiguo régimen porque "las candidaturas oficiales suprimieron la disputa del comicio, que se ha convertido en una mera función administrativa".El proyecto fue aprobado en Diputados el 20 de diciembre de 1911 y, en el Senado, en febrero de 1912. Sáenz Peña promulgó la ley y pronunció estas conmovedoras palabras: "Quiera el pueblo votar".El nuevo sistema debutó en Santa Fe y en esos comicios obtuvo la victoria el candidato radical. En Córdoba, en noviembre de 1912, Cárcano triunfó sobre los candidatos del radicalismo. En abril de 1916, el radical Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente elegido por el voto libre de los ciudadanos.La norma –con justicia bautizada Ley Sáenz Peña– permitió que se clausurara el funesto ciclo de enfrentamientos violentos entre adversarios políticos. Fue el canto del cisne de una generación que, entre 1880 y 1910, construyó un país en medio del desierto.* Ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba