2020 sin manicomios, ¿es posible aún en Córdoba?

En 2010, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) convocó la Conferencia Regional de Salud Mental en la Ciudad de Panamá. La declaración que allí se consensuó es conocida como el Consenso de Panamá.

Allí se expresa claro el anhelo de erradicar el modelo manicomial en la próxima década, el que da sentido a la consigna: “La década del salto hacia la comunidad: por un continente sin manicomios en 2020”.

Sin manicomios significa, en este contexto, una profunda transformación de las prácticas en salud mental a favor de abordajes comunitarios, participativos e incluyentes, y la reconversión de las viejas instituciones psiquiátricas monovalentes en modernas instituciones polivalentes que incluyan a la salud mental en los ámbitos de las prácticas de la salud en general.

Ahora bien, ¿se está avanzando en Córdoba en esta dirección? ¿Se están tomando decisiones de cambio estructural en el sistema? ¿Es posible pensar que el cumplimiento de esta meta es aún posible en nuestra provincia? ¿O ya se convirtió en una “pura expresión de deseos”, totalmente irrealizable en el contexto actual?

El análisis de tres aspectos de la política pública en salud mental nos puede acercar algunas respuestas al respecto.

En primer lugar, en materia de recursos, el Presupuesto provincial 2017 muestra que casi el 10 por ciento de lo destinado a la Finalidad Salud se asigna al área de salud mental. Cifra piso que recomiendan los organismos sanitarios internacionales.

Esto se logra mediante una más precisa y transparente imputación de los recursos y un mayor esfuerzo en materia de lucha contra las adicciones y mantenimiento edilicio hospitalario.

Sin embargo, del total de recursos presupuestados para salud mental (1.127.113.000 pesos), más del 80 por ciento se destina a las instituciones monovalentes, mientras que del total asignado al mantenimiento edilicio hospitalario (133.770.000 pesos), casi el 80 por ciento (106.770.000 pesos) se destina a refacciones en los tres hospitales colonia provinciales y para dar inicio a la construcción de una nueva, y de dudosa prioridad, megainstitución monovalente que albergaría a los actuales Hospital Neuropsiquiátrico, Ipad, Casa del Joven y Centro de Rehabilitación Socio Laboral. El 20 por ciento restante ($ 27.000.000) se destina a la construcción de comunidades terapéuticas para el tratamiento de adicciones.

Es decir, aun reconociendo el mayor esfuerzo presupuestario para el área, los recursos asignados consolidan la distribución tradicional a favor de las instituciones monovalentes y son casi inexistentes los recursos destinados a nuevos dispositivos no manicomiales.

En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, los recursos destinados a los hospitales psiquiátricos monovalentes no se encuentran enmarcados en procesos de transformación, en el sentido de reconvertirlos en hospitales polivalentes, tal como lo hicieron y lo están haciendo varias provincias argentinas.

Por el contrario, parece que la inversión edilicia sirve para apuntalar un sistema de salud mental provincial con eje en hospitales monovalentes, en mejores condiciones que las actuales, pero no en sintonía con las recomendaciones internacionales en la materia.

Por último, un proceso de desmanicomialización como el señalado requiere la conformación de una red de equipos de salud mental en el primer nivel de atención municipal de toda la provincia, que pueda contener y abordar la mayoría de los problemas de salud mental allí donde viven las personas o grupos que los padecen.

La crítica situación financiera de los municipios y la falta de asistencia por parte de la Provincia hacen imposible que esto suceda en la actualidad.

En definitiva, más allá del discurso de las autoridades sanitarias actuales en relación con su compromiso con la consigna señalada al inicio, los esfuerzos realizados hasta el momento para avanzar en el proceso de desmanicomialización en la provincia no pasan de ser parciales e insuficientes, cuando no contradictorios.

Una Córdoba sin manicomios en 2020 requiere más que buenas intenciones y promesas: necesita un fuerte proceso de construcción de capacidades políticas, administrativas, técnicas y presupuestarias, que den sustento a un cambio estructural de nuestro sistema y eviten que nuestro anhelo termine sepultado en el cementerio de consignas olvidadas del campo de la salud.

*Médico; magíster en Administración Pública, docente e investigador universitario