Las empresas y las provincias pagan los costos de no haber resuelto el tema de la deuda

Ahora el país tiene 90 días para solucionar definitivamente uno de los conflictos que más ha perjudicado a la economía en cuanto a posibilidades de expansión y llegada de inversiones, más allá de las que hubo en la última década. En la Justicia norteamericana se tendrá que resolver el tema pendiente con los fondos buitres y los holdouts , cuyos costos han tenido que pagar, más que nadie, las empresas privadas y las provincias. Hay que dejar claro, en primer lugar, que para la incipiente recuperación del ritmo de crecimiento local las consecuencias de no tener resuelto aún el tema de la deuda pública parecen menores. Las decisiones de consumo privado y de gasto público, junto con las exportaciones, lucen independientes de estos problemas. A menos que la situación se descontrole, los consumidores seguirán observando factores locales para decidir sus compras (inflación, mercado cambiario, etcétera). En el caso del gasto público (consumo e inversión), las elecciones legislativas del año próximo serán el principal determinante para las decisiones de las autoridades. Por lo tanto, son otros los que sufren las sentencias contrarias en Nueva York, o como en los últimos años, la falta de fallos definitivos.Las mayores dificultades las tienen las grandes empresas que toman decisiones de inversión basadas en el acceso al mercado de capitales. Si había alguna esperanza de una reactivación de este factor de demanda para el año próximo, ha quedado casi sepultada o, por lo menos en stand by , hasta marzo. Un caso emblemático es el de YPF. Luego de la estatización de principios de este año, las nuevas autoridades habían anunciado un fuerte plan de inversiones para el corto y mediano plazo, con un gran protagonismo del sistema financiero internacional y de empresas extranjeras. Este nuevo escenario, en el cual el acceso a fondos externos queda aún más en suspenso, perjudica directamente estos objetivos y pone presión sobre el mercado local como generador del financiamiento necesario para los planes de la empresa.Pero el caso de la petrolera nacional no es el único, sino el más notable. El resto de las grandes compañías radicadas en el país tendrá el mismo problema, al perjudicarse sus planes de inversión (ya muy afectados por tanta incertidumbre) e, incluso, el financiamiento de su capital de trabajo. De hecho, aquellas compañías que obtenían fondos frescos desde sus casas matrices también tendrán inconvenientes en los próximos meses para justificar el pedido y envío de esos recursos.Las otras sufrientes son las provincias. La incertidumbre, que durará por lo menos 90 días, tiene fuertes implicaciones políticas ya que muchos gobernadores tienen un ambicioso plan de financiamiento en el mercado local, el cual les ha permitido tener cierta independencia de la administración nacional. Esta situación puede complicarse en las próximas semanas. Esto tendría obvias consecuencias sobre el gasto de provincias y municipios. Claramente, las dificultades para obtener estos recursos a tasas aceptables aumenta la dependencia que estos actores tienen con respecto del Tesoro nacional para sus decisiones de inversión y consumo.Además, las provincias y la Nación verán afectado el financiamiento de infraestructura por parte de organismos internacionales o bancos extranjeros. Quizás no se anulen pero, al menos, se pondrán más reticentes.Otros costos asociados a la falta de solución del tema de la deuda pública podrían verse en el mercado cambiario. Seguramente, en los próximos días se presentarán vaivenes en el tipo de cambio no oficial y de los activos que sirven para "fugar" legalmente divisas del país. Un comportamiento que puede amplificarse de la mano de las noticias que lleguen desde Nueva York. Sin embargo, estas alzas y vaivenes se mezclarán también con cuestiones estacionales (muchos turistas acudirán al mercado paralelo para hacerse de divisas para sus vacaciones), en una plaza que es muy reducida y que, por ende, se ve impactada fácilmente por cambios de humor transitorios. Al mirar más allá de los 90 días de gracia que otorgó la justicia norteamericana, y de no haber un agravamiento de la situación, no deberíamos esperar que la brecha con el tipo de cambio oficial se ensanche respecto de los niveles de los últimos meses.También en este marco de consecuencias negativas, o por lo menos de oportunidades desaprovechadas por no resolver la situación de la deuda –en este caso, principalmente con el Club de París– se encuentra el crédito hipotecario. Uno de los factores que impiden que exista oferta de este tipo de préstamos a tasas accesibles para la clase media es la imposibilidad que tienen los bancos locales de obtener financiamiento en las entidades internacionales, a largo plazo y con una tasa baja y fija. De poder obtener fondeo a 20 años a un cinco o seis por ciento de interés anual, los bancos nacionales podrían ofrecer créditos hipotecarios con el mismo plazo a una tasa del siete, ocho o nueve por ciento, lo que resulta una opción viable para el mercado de quienes buscan acceder a estos créditos.Son varios, entonces, los frentes que quedan abiertos por la falta de solución del tema de la deuda pública. Un problema que ya tiene casi una década y que, más allá de los discursos nacionalistas y con claros objetivos políticos, no trae en estos momentos beneficios a una economía que requiere más inversión y más divisas.