“La inflación atenta contra los derechos del consumidor”

Representantes de distintas organizaciones defensoras de consumidores y juristas participaron en Córdoba del Congreso Nacional de Derecho del Consumidor, organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio de Abogados, la Dirección de Defensa del Consumidor y el Ministerio de Industria de Córdoba. Una presencia destacada en el evento fue la de Gabriel Stiglitz, abogado y uno de los principales referentes en derechos al consumidor de Latinoamérica. Precisamente por su labor en pos de los derechos del consumidor, Stiglitz fue homenajeado durante el Congreso y recibió el Doctorado Honoris Causa de la UNC. En diálogo con La Voz del Interior, Stiglitz destacó la labor llevada a cabo por las oficinas provinciales de Defensa del Consumidor, en especial la de Córdoba, pero cuestionó la ausencia de políticas activas por parte del Gobierno nacional. Criticó además, las reformas a la Ley de Abastecimiento y de Defensa del Consumidor impulsadas por la Nación. –¿Los contextos de crisis favorecen la toma de conciencia sobre los derechos del consumidor? –Totalmente, al punto que estoy convencido que el problema más grande que han sufrido los consumidores en los últimos años ha sido la manipulación de los índices inflacionarios por parte del Gobierno nacional. Especialmente, porque hay que tener en cuenta que el costo de una inflación escondida y manipulada lo pagan los sectores más desprotegidos, que son los más afectados por la pérdida del poder adquisitivo y por el sobreendeudamiento que se genera a partir de un exceso en la utilización del crédito para el consumo, que conduce a un problema que en la Argentina no existía que es la cesación de pagos por parte de las familias. Es por ello que desde quienes trabajamos en la defensa del consumidor, al margen del toda la lucha clásica que llevamos adelante, ahora también tenemos que lidiar contra la manipulación de las estadísticas porque tenemos que darle al consumidor herramientas verídicas sobre cuál es su situación económica y financiera en un contexto de alta inflación y con sueldos casi congelados. –¿Qué pueden hacer los consumidores para protegerse de la inflación? –Ante todo, sería necesario que el Gobierno nacional ejecutara políticas activas de defensa del consumidor. Por ejemplo, que implemente acciones de educación para el consumo y divulgación de los derechos del consumidor, que están exigidas en la Constitución Nacional. En cambio, con estas reformas a la ley de Defensa del Consumidor que está impulsando ahora pareciera que está descubriendo que existen los derechos de los consumidores después de 11 años sin gestionarlos. Se está haciendo más de lo mismo, como por ejemplo, abrir más ventanillas para reclamar, cuando lo importante sería ejecutar políticas activas que eviten los daños, las amenazas y los abusos que luego desencadenan en dichos reclamos. Agregar normas, que encima se superponen con otras ya existentes, en lugar de hacer valer las que están vigentes y no ejecutar políticas activas, no tiene ningún sentido. Igualmente, sí destaco una iniciativa que es muy buena que es la creación de tribunales judiciales especiales para la defensa del consumidor. –¿A nivel provincial son más activos que en la Nación en derechos del consumidor? –Hay que hacer una diferencia entre lo que hace la Nación y lo que hacen algunas provincias en materia de derechos del consumidor. En algunos casos, los gobiernos provinciales, como el de Córdoba por ejemplo, llevan adelante una buena gestión a través de las direcciones de Defensa del Consumidor, con excelentes resultados. De todas maneras, creo que todavía falta que la gente asuma este tema como una cuestión de ciudadanía más prioritaria. En general, la defensa del consumidor se reduce a un tema de precios, cuando en realidad los precios tienen más que ver con la macroeconomía que con las reglas especificas de defensa del consumidor. –¿La inflación es hoy el tema central en esta materia? –La inflación atenta contra los derechos del consumidor. Es el peor de los agravantes a una situación de vulnerabilidad e indefensión que el consumidor tiene genéticamente, porque su relación con los proveedores es naturalmente desequilibrada. La inflación se transformó en el tema más urgente a resolver, porque hoy tenemos que pensar en un primer derecho que es el acceso al consumo, porque muchos argentinos no tienen poder adquisitivo para cubrir sus necesidades básicas. –¿La gente es hoy más consciente de sus derechos y los hace valer? –En los últimos años, se produjo un gran avance en la toma de conciencia de sus derechos, pero falta mayor educación y difusión del tema por parte del Gobierno.