Una fiesta que desafina
Desde hace años, un grupo de escuelas de Jesús María y Colonia Caroya es discriminado por la organización del Festival. Además, hay críticas a la falta de controles financieros y a cómo se desvirtuó el sistema de elección de autoridades de la comisión.
Además de ser un exitoso combo de jinetes revoleados por los aires y músicos que comienzan otro enero de comunión con las multitudes, el Festival de Doma y Folklore de Jesús María es uno de los encuentros más valorados del país, debido a una particularidad: el dinero que recauda, así se lo recalcó siempre, va destinado a las escuelas de las ciudades que dieron nacimiento a la fiesta: Jesús María y Colonia Caroya. Esta es una virtud que el festival ha sabido aprovechar a lo largo de sus 48 ediciones. La imagen de dos pequeñas ciudades de 32 mil y 20 mil habitantes que cada año se arremangan y solidarizan para organizar una gran fiesta de 10 noches a la que concurren más de 400 mil personas llegadas desde todo el país, no puede generar más que simpatía y admiración.El festival genera no sólo los ingresos propios del show (entradas vendidas, publicidad, televisación, consumos en el predio, etcétera) sino que además crea un movimiento comercial para toda la ciudad. En el caso de la municipalidad de Jesús María, la fiesta le genera una pequeña fortuna, equivalente a dos meses de sueldos para sus empleados, según precisó un exintendente de la ciudad. No todas iguales. Pero el festival también produce otros corcovos y sacudidas que no son transmitidos por la televisión, que ocurren en épocas del año menos festivaleras y que a veces se prefiere disimular para no empañar la buena imagen del espectáculo. En los últimos meses, la comisión organizadora del Festival de Jesús María viene siendo objeto de fuertes cuestionamientos. En algunos casos, se trata de planteos que se vienen repitiendo hace muchos años, sin obtener respuesta, y en otros son acusaciones referidas a algunas conductas de las autoridades actuales. Quizá lo que más sorprenda a quienes sólo conocen el festival como espectadores, ya sea en vivo o a través de las transmisiones radiales y televisivas, es que en realidad las escuelas de Jesús María y Colonia Caroya a las que beneficia el festival, son sólo algunas escuelas.En las dos ciudades existen colegios que llevan largos años siendo discriminados por la comisión organizadora del festival, que se niega a incluirlos entre los que reciben ganancias, amparada en un viejo y cerrado estatuto que en los hechos actúa como una valla para no permitir el ingreso de escuelas que fueron naciendo mientras el festival estaba en marcha. Esto hace que algunas pasen el año cómodas, al trotecito, y otras saltando en la difícil categoría de jineteada a crina limpia. El Ipem 294, ubicado en una zona periférica de Jesús María y que atiende a 520 alumnos provenientes de familias con un nivel socioeconómico bajo, no tiene dinero ni para reponer los vidrios rotos y depende en gran medida de lo que puedan recaudar los padres de su cooperadora. El Instituto Especial Niño Jesús de Colonia Caroya trabaja con chicos con capacidades especiales y debe hacer malabares con su presupuesto. Esas son sólo dos de las ocho instituciones educativas que son discriminadas todos los años por el festival. En la comisión organizadora están representadas 20 escuelas que participaron en los primeros años del show y que en algunos casos se han abroquelado para no permitir el ingreso de otros establecimientos, porque esto les podría significar una disminución en el dinero que ganan todos los años. "Hace ocho años que hemos hecho el reclamo y no conseguimos que nos incorporen", cuenta Mónica Reyes, directora del Ipem. "Las demás escuelas no quieren compartir los beneficios; eso es egoísmo. Todos los años viene el gobernador y da más dinero para el festival, pero ese dinero sólo termina beneficiando a 20 escuelas que están muy bien. Nosotros no tenemos ni un cañón para pasar películas, mientras otras hasta tienen servicios de mantenimiento de parque. No es justo para nuestros alumnos". Otra directora, de una escuela de Colonia Caroya, contó que deben trabajar vendiendo espuma loca o en la boletería de los corsos de su ciudad para obtener algo más de dinero para sostener el colegio. "Pero ni ahí ganamos lo que reciben las 20 escuelas que están en la comisión. Es una injusticia esto que pasa. Por lo menos la escuela especial del Niño Jesús debería estar en la comisión, pero también la dejan afuera pese a que entre las 20 hay escuelas privadas, que además cobran cuota a los alumnos".Desde Colonia Caroya, la secretaria de Coordinación de Políticas Sociales Sonia Brollo, quien además es docente en una de las escuelas que no integran el festival, opinó que es "totalmente discriminatoria la situación" y contó que el municipio intenta ayudar por otros medios a las cuatro escuelas caroyenses dejadas afuera. A la hora de repartir. La memoria y el balance del festival de este año, publicados por la comisión, especifican que hubo un superávit de 3.216.677 pesos. Hasta el 60 por ciento de las ganancias se distribuye entre las 20 escuelas que integran la comisión, según su cantidad de alumnos. El resto se guarda para el funcionamiento de la comisión y la organización del próximo festival. La comisión manejó en el último enero un ingreso superior a los 13 millones de pesos. El saldo positivo del festival es ayudado todos los años por subsidios de los estados provincial y nacional o por el Congreso, destinados por ejemplo a la infraestructura del predio. Este año recibió 100 mil pesos de la Cámara de Diputados de la Nación y por lo menos 25 mil de la Provincia, en subsidios no reintegrables.Si la comisión hubiera tenido que hacerse cargo de todos los gastos e inversiones que demandó la fiesta en los últimos años, su saldo positivo hubiese sido significativamente menor. Liliana Flores, directora de la escuela Ramón Gumersindo Acosta, que sí integra el grupo de las 20 y este año ya recibió 57 mil pesos de las ganancias del festival, no sólo critica que no se haya modificado el estatuto para permitir el ingreso de otros establecimientos, sino que es una de las voces más críticas a la actual comisión.Denunció un acuerdo realizado con la firma Coca-Cola, que habría sido económicamente perjudicial, y la contratación de parientes de miembros de la comisión para la realización de obras.
“Hice pedidos de informes a la comisión. Es raro el trato que realizaron con Coca-Cola, en el que pusieron dos cheques por medio millón de pesos y al final no se ganó nada por esa concesión. Se hacen acuerdos verbales por cifras que deberían tener un contrato escrito”.
Dudas y respuestas
El presidente de la comisión, Hugo Baldo, defendió la transparencia de las cuentas. “Está todo perfecto, hemos contestado todo como se merecía”.
Baldo debió responder un pedido de informes que le hizo el legislador Ricardo Fonseca (Frente Cívico). Dijo que el negocio con Coca-Cola, empresa a la que debieron anticiparle un cheque, no resultó tan bueno como esperaban y dejó una ganancia mínima, porque compraron un sistema informático para gestión contable de ventas.
Respecto de la contratación de parientes para realizar obras y concesionar servicios de la comisión, que habría hecho el vicepresidente Cristian González, Baldo ya había admitido ante medios de prensa locales que fue “poco ético” y un “error”.
Recalcó que los miembros de la comisión trabajan ad honorem. “Hasta ahora nos ha ido bien. Si alguna vez nos va mal, cambiaremos las cosas”.
En relación a las escuelas que no pueden entrar a la organización, el presidente dijo que “el estatuto que hicieron en el primer festival dice que deben ser las 20 escuelas que están y hasta que no se retire una, no puede entrar otra. Se puede votar para ver si otra escuela entra, pero con que una sola de las 20 se oponga, la nueva no puede entrar”.
Los cuestionamientos a la comisión, compartidos por un expresidente, abarcan el hecho de que los mismos presidentes de las cooperadoras escolares, elegidos en cada escuela, a veces a dedo y sin permitir la participación de algunos padres, se terminan convirtiendo en miembros de la comisión que deberían controlar.
Ese es el caso, por ejemplo, del presidente del festival, Baldo, que ha motivado una denuncia ante la Inspección de Escuelas Primarias hecha por un grupo de padres de la escuela Teniente Morandini, de Jesús María, a la que Baldo representa pese a no tener hijos allí ni ser vecino de la zona.
Superávit jugoso
La memoria y el balance publicados este año indican que la edición 2013 tuvo un superávit de 3,2 millones de pesos. Ese monto se distribuye entre 20 escuelas que integran la comisión del Festival.
"Hace ocho años que pedimos, pero no conseguimos que nos incorporen", dice Mónica Reyes, directora del Ipem 294.
Un estatuto rígido impide a escuelas de zonas postergadas sumarse al reparto de las ganancias del Festival Nacional de Doma y Folklore.
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