Qué pedimos cuando pedimos bajar la edad

Algunos sostienen que el Estado debe castigar según la gravedad del hecho delictivo y no según la edad del causante. Este argumento es propio de un Estado prejurídico, donde la paz social depende sólo de la fuerza que ejerce el Estado y no de su legitimidad. En ese Estado, se castiga al que actúa en defensa propia o de forma involuntaria, a gente que no tiene conciencia de lo que hace o que se ve forzada a dañar para evitar un mal mayor.

Un Estado que valora nuestras acciones sin considerar los principios de justicia situacional y relacional se presenta como un aparato represivo indolente y primitivo, a la larga ilegítimo, lo que genera más infelicidad y conflictividad social que la que busca evitar. Hacia allí vamos cuando pretendemos mirar sólo la gravedad del delito, ignorando las circunstancias del causante.

Algunos pretenden que la edad de imputabilidad actual no traza una frontera exacta entre el merecimiento y el inmerecimiento de un castigo. Ese es un razonamiento bastante tonto, creo yo.

La edad de imputabilidad es ante todo el producto de una regla que establece los límites entre las responsabilidades estatales y las personales. Ambas son correlativas y autoexcluyentes. Es decir, cuando se pide bajar la edad de imputabilidad, se pide menos Estado y menos familia en la socialización de los menores.

Me explico: al someter a los menores a la patria potestad de los padres, al restringir el ejercicio de sus derechos, al obligarlos ir a la escuela, el Estado socializa a los menores bajo su ala. Nadie a quien se le restrinja sus libertades de esa manera puede ser castigado por lo que hace, con la misma vara con la que se castiga a quienes el Estado reconoce el pleno ejercicio de sus derechos y libertades. Por eso, el delito que comete el menor es, ante todo, un fracaso en la función estatal y familiar de socialización.

Bajar la edad de imputabilidad es liberar al Estado y a la familia de esa responsabilidad, ya que no se podrá restringir la libertad de aquellos a quien se pretende, ante todo, castigar. ¿De verdad querríamos liberar la socialización de más menores al mercado y des-responsabilizar más al Estado y a la familia?

*Abogada, Dirección de Acceso a la Justicia