Parece mentira

En 1973, Amnistía Internacional emitió la primera “acción urgente”, un mecanismo que se activa cuando la entidad tiene noticia de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo.

Aquella vez fue en defensa de Luiz Rossi, un profesor brasileño detenido por la dictadura de su país, del que nada se sabía, excepto que podía estar siendo torturado.

Desde entonces, ante cada hecho de este tipo se activa una red mundial de simpatizantes que envían mensajes de todo tipo al gobierno del país del que se trate, para presionar a favor de quienes corren riesgo extremo, hombres y mujeres comunes para quienes el olvido a veces es la muerte.

Hace pocos días, la mirada se posó en Argentina, con una “acción urgente” de la organización internacional para que se asegure el aborto a la joven víctima de trata que fue violada, y cuya intervención se encontraba frenada en Buenos Aires por disposición de una jueza.

Fue casi al mismo tiempo que la Corte Suprema de Justicia suspendía la ejecución de esa medida cautelar y autorizaba la práctica en el Hospital Ramos Mejía de 
esa ciudad.

Fue, también, un mensaje claro a los jueces para que hagan lo que el máximo tribunal ya dijo en marzo, cuando zanjó las diferencias de interpretación del artículo 86 del Código Penal, al determinar que es legal el aborto en casos de violación.

En esa sentencia, la Corte exhortaba a los gobiernos de la Nación y de las provincias a dictar guías de atención para actuar en consecuencia, a no exigir más que la declaración jurada de la víctima y a no judicializar estos casos.

Pero muchos jueces no quieren estos consejos.

Farsa. En Córdoba no existe un caso particular como el de Buenos Aires, pero sí la suspensión del protocolo provincial para realizar abortos no punibles, también por causa de la acción de una organización procatólica y de su correlato judicial.

En realidad, se trata de una lucha simbólica, útil sólo para restar recursos y tiempo a los desbordados tribunales.

Además, es una farsa consentida por todos: a la joven que tiene la desgracia de encuadrar en estos casos y que llega a un hospital provincial, los médicos no tienen más que decirle que camine unas cuadras hasta el hospital nacional, en donde sí la atenderán.

“Las autoridades argentinas deben asegurar el acceso a abortos no punibles y seguros en todo el país, en línea con la decisión de la Corte (...). Parece mentira que tengamos que seguir luchando para que se pueda interrumpir el embarazo de una mujer víctima de violación”, dijo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

Su “acción urgente” vale para Buenos Aires, para Córdoba y para todos los que quieren seguir haciendo que parezca mentira.