El turno de Córdoba

El Senado de la Nación convirtió ayer en ley algo que debería haber sido normado hace ya mucho tiempo en la Argentina: el derecho inalienable de morir en forma digna. ¿Qué implica esto? Nada más –y nada menos– que aceptar que, en un punto, la muerte es inevitable y que nada que haga la medicina evitará ese de­senlace. Y que, por lo tanto, las personas tienen derecho a pedir que se respete el proceso natural de la muerte, sin acelerarla, pero tampoco sin prolongar la vida por medios artificiales de manera fútil. Esa conducta –apelar a medios extraordinarios sólo para mantener un corazón latiendo pero sin esperanza de una recuperación real– es lo que se llama encarnizamiento terapéutico que es, precisamente, lo que busca evitar una legislación en materia de muerte digna. Que, es necesario recordar, nada tiene que ver con la eutanasia ni con el suicidio asistido, que implican una intervención activa para producir la muerte y, con razón, abren una atendible polémica y sólo son legales en muy pocos países.Pero hasta ahora, por razones insondables, y al igual que suele suceder en la Argentina con otros intentos de dar un marco legal a cuestiones vinculadas a la bioética, no se había logrado que algo tan básico se convirtiera en un derecho positivo. Al margen de que, como muy bien lo sabe la comunidad médica, la muerte digna sea desde hace tiempo una silenciosa realidad en muchas terapias intensivas.En Córdoba, el primer proyecto de ley sobre el tema fue presentado hace casi 10 años (en 2003) por el legislador socialista Martín Luque, ya fallecido, sin que nunca avanzara en la Unicameral. Ricardo Fonseca (juecista) la rehabilitó tiempo después, y más tarde fue el médico Raúl Jiménez, de la misma bancada, el encargado de volver a revitalizar el proyecto.En 2008 eran tres las iniciativas al respecto que se consensuaron en un único proyecto, en su momento suscripto por 16 legisladores de todos los bloques.La buena noticia es que, después de tantas idas y vueltas, ayer la Comisión de Salud de la Unicameral sacó, por unanimidad, un nuevo despacho reviviendo el proyecto, que aunque menos ambicioso que la norma nacional –que no obliga a las provincias– brinda un necesario marco legal en el tema. Ahora pasará a Asuntos Constitucionales, donde según fuentes legislativas, sería aprobado, y por fin, el debate por la muerte digna llegaría al recinto de la Legislatura provincial.