El pedido de transparencia es para los otros
Empecemos por repetir lo repetido.
Empecemos por repetir lo repetido. Las declaraciones de bienes de los funcionarios no son en sí mismas una garantía de transparencia o un antídoto contra la corrupción, sino que constituyen una simple herramienta, cuya utilidad está condicionada a una serie de acciones que permitan un seguimiento estricto del patrimonio de los que administran fondos públicos.
La consulta de La Voz del Interior permite a los que se postulan mostrarle a sus potenciales votantes con cuánto llegan al cargo.
Los canales oficiales para hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios son cada vez más acotados.
En la Nación, se reformó recientemente la legislación para limitar el contenido y la publicidad de esos formularios. En la provincia y en la Municipalidad de Córdoba sólo se hacen públicas una síntesis de las declaraciones, con notorias faltas de datos e imprecisiones, que impiden hacer un seguimiento ciudadano de las evoluciones patrimoniales.
En ambas jurisdicciones cordobesas, muchos funcionarios se las ingenian para incumplir con algunos puntos de la legislación como la obligación de declarar el valor de mercado de los bienes inmuebles, y no la tasación fiscal.
El dato sólo apunta a darle al ciudadano una pequeña e incompleta herramienta de control, ya que la evaluación judicial debería tener una serie de elementos, de los que jueces y fiscales rara vez echan mano.Está claro que quien obtenga bienes de modo ilegal no los va a transparentar poniéndolos en una declaración jurada.
Por eso, hay algunos componentes de este informe de bienes que permiten antes que determinar si un candidato es o no corrupto, aproximarse a si dicen o no dicen la verdad.
Lo declarado en sueldos, tasación aproximada de su inmueble, manera en que obtuvo las propiedades son algunas de las cuestiones que le posibilita a un ciudadano conocer algo más de los candidatos.
Sorprende un dato: este diario le pide desde 1993 a los principales candidatos en cada elección su declaración de bienes con un formulario propio; sin embargo, varios postulantes dijeron sentirse “sorprendidos” cuando les llegó nuestra requisitoria, además de reclamar estirar los plazos (unos 10 días) para responder.
Y también sorprende que pese al expreso pedido que formulamos de contestar “lo más detallado posible” la manera de adquisición de los bienes, la respuesta generalmente no supera una palabra.
Esa resistencia no constituye en sí mismo ningún elemento de sospecha. Simplemente deja a las claras que el discurso a favor de la transparencia suele ser más cómodo enarbolarlo en relación a los otros y no con uno mismo.
