El gran negocio plástico

¿Para qué sirve la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia? ¿Cumple con el objetivo que se desprende de su denominación? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Por qué tanto interés en que todos los municipios adhieran al denominado "Sistema Único de Emisión de Licencias de Conducir y su registración en el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat)? ¿Qué hay detrás de las habilitaciones de "centro de emisión" a los municipios y comunas que, en ese marco, quieren otorgar licencias de conductor? ¿Por qué antes había tantas exigencias y hoy las auditorías del mencionado organismo no son rigurosas y las tres supuestas empresas (así las calificó el ente dirigido por el ingeniero Miguel Ángel Ledesma) homologadas para emitir licencias estén ofreciendo sus servicios a intendencias que pelearon y ni por asomo pensaron en ser beneficiadas como centros de emisión? La emisión de licencias en la provincia de Córdoba tiene ribetes escandalosos, a grado tal que la localidad de Malvinas Argentinas, con el aval de la Dirección de Tránsito, ha otorgado una cifra récord de carnés: siete mil en poco más de un mes. Cuando la Provincia, a través de Ledesma, puso en marcha el plan de "sistema único de licencias de conducir", se publicó en el Boletín Oficial un listado de "lotes" (números por series) adjudicados a cada municipio o comuna. A Malvinas, que hace trámites de licencias hasta los sábados, le adjudicaron las siete mil y, cuando se le terminaron, pasando por alto la publicación en el Boletín Oficial , le dieron las dos mil asignadas a Río Ceballos. ¿Cómo se explica que haya más cupos a pequeñas poblaciones del Gran Córdoba (a Mendiolaza le otorgaron unas cinco mil) que a otras de mayor tamaño como Villa Allende, Juárez Celman y Villa Carlos Paz, por citar algunas?La distribución nada tiene que ver con la prevención de accidentes de tránsito; todo lo contrario. Pagando 40, 50 ó 60 pesos, hasta una persona con problemas visuales serios, por ejemplo, puede tener licencia para conducir un vehículo. Siempre se ha dicho que hay municipios que viven de los carnés. Son ingresos emparentados a veces con tragedias en las rutas, pero al parecer a muy pocos les importa.Una investigación realizada por este diario permitió establecer que detrás de esa descomunal adjudicación oficial a pequeños municipios que captan a habitantes de la ciudad de Córdoba y de Villa Carlos Paz (no adhieren al sistema), que no podrían obtener licencias en sus lugares de origen por no ser aptos para conducir, se esconde un redituable negocio: la venta del plástico. El 15 de abril de 2010, en el Boletín Oficial se publicó la resolución N° 12 de la Dirección Provincial de Accidentes de Tránsito, a través de la cual, por la evaluación de proveedores de tarjetas base para licencias de conducir y por reunir los requisitos, fueron seleccionadas las firmas José Sobrero, Carlos Ramón Barrera y Lickons (empresa), de María José Soriano. Las ganancias que obtienen estos proveedores (ninguno figura en el listado oficial de la Provincia) son importantes. Para muestra, basta un ejemplo: en Villa Allende, se tramita un promedio de dos mil licencias mensuales, a razón de 60 pesos cada una, de los cuales 16 pesos son para el proveedor del software (una computadora y una impresora) y el plástico del carné. Empresas fantasma. Proveedora de las municipalidades de Villa Allende, Alta Gracia y Mendiolaza, por mencionar algunas, es la empresa Lickons, de María José Soriano. Si bien en los convenios que firman los municipios figura esa firma, la cara visible es otro proveedor: José Alberto Sobrero. ¿Cómo puede ser? Vamos a los antecedentes de cada uno de los proveedores, que, al parecer, serían uno solo. Lickons no existe, no figura en Rentas, Afip, Banco Central ni otro organismo. La responsable de esta firma es María José Soriano, a la postre mujer de Sobrero. Pero, veamos algunas precisiones.En la Dirección de Rentas de Córdoba, los tres proveedores figuran como monotributistas. Tienen cosas en común: son ex agentes de la administración pública y se inscribieron como vendedores al por menor de máquinas y equipos para oficina y sus componentes y repuestos.El domicilio fiscal de Sobrero y Soriano es el mismo: está ubicado en el barrio cerrado Estancia Q2.Barrera, según Rentas, ocupa un departamento en la primera cuadra de bulevar Chacabuco, en la ciudad de Córdoba. Cuáles son las sedes comerciales de las firmas proveedoras, nadie lo sabe. "Cuando hacen falta carnés, vamos a la casa de Sobrero", confesaron responsables de Tránsito de dos municipalidades del Gran Córdoba, que imploraron mantener el anonimato.Otra de las irregularidades que se menciona es que Soriano jamás podría ser proveedora de la Provincia porque, al parecer, adeuda impuestos y hay trámites judiciales de por medio. La mujer, en los convenios firmados con municipios como titular de Lickons, dio distintos domicilios. En el Boletín Oficial , al hacerse cargo de la provisión de servicios para Alta Gracia, aparece el domicilio de calle Albano de Laberge 260, barrio Granja de Funes. Cuando fuimos al lugar, nadie respondió al timbre, salvo dos perros bravos que empujaban la verja, a metros de una Trafic blanca estacionada en el parque. "No sabemos cómo se llama la familia. Antes tenían un camión y ahora se dedican a la percusión, al sonido", dijo el vecino de la otra vereda.El tercer proveedor, Carlos Ramón Barrera, aparece como un misionero de 62 años que cobraba un plan Jefes de Hogar en la ciudad de Misiones y una jubilación de García Melchor Rodríguez en Buenos Aires. Estuvo casado con Marta Yolanda Martínez y luego con una mujer oriunda de la ciudad bonaerense de Banfield. ¿Y esta proveedora? En el "negocio" del plástico, hay otras sorpresas. Jorge Cortés, intendente de Juárez Celman, se declaró muy molesto porque desde la Dirección de Prevención de Tránsito le informaron recientemente que tenía que "rehomologarse" para continuar como centro emisor de licencias de conductor. Hubo una auditoria y en septiembre firmó el acuerdo con un proveedor "homologado". "No es esa mujer (en referencia a María José Soriano); es Carmen Blanca Barrera, que fijó domicilio en pasaje Arellano de barrio Alta Córdoba, quien nos cobra 13 pesos por carné. En octubre concedimos 172 licencias", precisó Cortés. El intendente dijo que fue uno de los pocos que se negó siempre a dar licencias a personas que no se domiciliaran en Juárez Celman, pero ahora, con la autorización legal, cualquiera puede hacer el trámite en esa ciudad. "Todo ingreso es importante, pero hay intendentes que no tienen conciencia y dan carnés a gente discapacitada para conducir. Yo no podría dormir tranquilo si hiciera una cosa así. Acá hacemos campañas de concientización en escuelas, adherimos a todo lo que sea prevención, pero en la ruta se paga peaje y no hay banquinas, no hay mantenimiento", se quejó Cortés.Hasta no hace mucho, los municipios protestaban y se quejaban porque las auditorías no les permitían ser centros emisores, pero en las últimas semanas todo se tornó más fácil e, incluso, el proveedor Sobrero en persona "hace campaña" para lograr nuevos clientes. Uno de los intentos fue en la Municipalidad de Villa Carlos Paz, donde pretendió desplazar al actual proveedor (no homologado) identificándose como "el único legal". Ante esa situación, le pidieron un presupuesto y respondió, a través de un mensaje de texto, ofreciendo el servicio por ocho pesos.Según cuentan algunas fuentes, hay apuro por acabar con el stock de plástico porque entre marzo y abril próximos ninguna de las licencias que se están otorgando tendrá validez. Esto es por la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional de Tránsito, con lo que se terminará el negocio. ¿Habrá un intento por crear uno nuevo?