Diputados aprobó la ley de glaciares

Aplausos y gritos de alegría se escucharon ayer a las 17.30 en la Cámara de Diputados. Luego de tres intentos frustrados, finalmente quedó aprobada (media sanción) la ley de protección de los glaciares, que generó una dura pulseada entre los sectores ambientalistas y aquellos que apoyan la explotación minera en la cordillera.

La ley tuvo aprobación en general el 15 de julio a la madrugada, pero cuando se pusieron en discusión los principales artículos de la norma, el kirchnerismo optó por irse del recinto y la sesión quedó suspendida por falta de quórum. La semana pasada, la oposición y algunos aliados del kirchnerismo intentaron retomar la votación del articulado, pero no consiguieron reunir los 129 diputados necesarios para sesionar.

Ayer, pasadas las 14.30, la oposición logró juntar el ansiado quórum: sentó 134 diputados en sus bancas, cinco más de los necesarios, para poder empezar la sesión. Recién allí, el kirchnerismo bajó al recinto a intentar dar una pelea que de antemano sabía que perdería.

La ley que tuvo media sanción es resistida por el kirchnerismo y las provincias que tienen proyectos mineros funcionando en la cordillera porque no sólo prohíbe este tipo de emprendimientos -y también la búsqueda de petróleo y otras actividades contaminantes- en los glaciares, sino también en las zonas contiguas a los grandes hielos, que la iniciativa llama "zonas periglaciares".

Como en la sesión que finalizó abruptamente el 15 de julio se votaron los cinco primeros artículos y en el segundo de ellos se define qué es un ambiente periglaciar, quienes se opusieron a la ley por ser demasiado restrictiva concentraron todas sus fuerzas en cambiar el artículo sexto, el primero que se puso en consideración ayer por la tarde y que establece todo lo que está prohibido, tanto en los glaciares como en las zonas periglaciares.

Por el kirchnerismo llevó la voz cantante el diputado Daniel Tomas, un sanjuanino que responde al gobernador José Luis Gioja, gran defensor de la minería y quien el año pasado convenció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de vetar una ley similar que sacó el Congreso. Tomas y el macrista Federico Pinedo pidieron cambios en el artículo sexto, a fin de que se aplique la ley General de Ambiente y las audiencias públicas fijadas por ésta sean las que definan si un proyecto puede o no funcionar en las zonas periglaciares.

Por supuesto, la oposición comandada por el autor del proyecto, Miguel Bonasso (del interbloque Proyecto Sur) se negó a estos cambios, ya que entendieron que debe ser el Instituto Argentino de Nivología, Glacialogía y Ciencias Ambientales (Ianigla) quien debe hacer un inventario para definir qué zonas son periglaciares y, en ellas, aplicar la mirada más restrictiva, ya que entienden que el 70 por ciento del agua que se consume en el país surge de los ambientes aledaños a los grandes hielos.

Aprobado este polémico artículo sexto, se dio aval al resto del articulado y se agregó uno propuesto por el mendocino Ricardo Mansur (UCR) para que el Ianigla priorice, a la hora de hacer el inventario, aquellas zonas donde hay empresas interesadas en avanzar en proyectos industriales a fin de darle certidumbre cuanto antes de si podrán afincarse o no.

La sesión continuó con otros temas, pero cuando finalmente se aprobó la ley de protección de glaciares, un grupo de ambientalistas que estaba en el segundo piso desplegó una enorme bandera que rezaba "Los Glaciares No Se Tocan", lo que generó un forcejeo con los agentes de seguridad.