Derechos sin restricciones

El Gobierno nacional instauró como una de sus banderas de marketing político la de autoerigirse como el representante único de la "ampliación de derechos" de los argentinos (aunque las leyes que los establecen hayan sido promovidas por legisladores de otros partidos). Con el sufragio desde los 16 años, ampliación de derechos para jóvenes; con el matrimonio igualitario, para personas homosexuales; con la asignación universal por hijo, para familias y niños vulnerables, por nombrar algunos de los casos paradigmáticos. En este marco, la Ley de Fertilización Asistida "amplía derechos" y es "inclusiva", según palabras expresadas por la presidenta Cristina Fernández el lunes pasado, al anunciar la reglamentación de la norma. Sin embargo, el problema se da cuando la ampliación de derechos para un grupo se torna excesiva, no por los derechos reconocidos a estos, sino por cómo se afectan los derechos de otros. Es lo que sucede en el caso de la Ley de Fertilización Asistida debido al costo que supone la falta de requisitos mínimos para acceder a los tratamientos (como el límite de edad). No son requisitos estrafalarios: son los que existen en reglamentaciones locales y en las normas de todos los países del mundo. Hoy puede darse el caso de que una obra social tenga que cubrir tratamientos que superen los 40 mil pesos a una mujer que prácticamente no tiene chances de quedar embarazada (por el tipo de infertilidad que tiene o por su edad). Ese dinero no se usará para comprar equipamiento en hospitales públicos, para la prevención de enfermedades masivas o para un sinnúmero de opciones más urgentes y equitativas. Así, cuando los derechos que suponen un gasto se amplían de manera desmedida, se recortan los derechos de otros. Preguntarse qué es lo mejor para el conjunto es una obligación de los representantes, aunque el planteo presuponga establecer límites que no sean tan populares.