Jubilados, a merced de la discusión política

La movida de la oposición para restituir el 82 por ciento móvil a la jubilación mínima, provocó una fuerte reacción oficial e, inmediatamente, comenzaron a dar vuelta una enorme cantidad de números para justificar la posibilidad o no de mejorar la situación de los pasivos.

En comisiones de Diputados como en Senadores se obtuvieron dictámenes favorables para modificar la ley de modo de dar un aumento a los jubilados. Según la última información, el trámite más avanzado (con mayor probabilidad de salir primero) es el de la Cámara Alta. Ante esta posibilidad, desde el Gobierno anticiparon un veto.

Cuánto hace falta. En rigor, la intención de los legisladores no es restituir el 82 por ciento móvil (como tiene, por ejemplo, la provincia de Córdoba) para todos los pasivos, sino sólo para quienes cobran el mínimo. Además, en Diputados se le agrega la intención de recomponer los haberes del resto de los jubilados según los fallos de la Corte y un nuevo esquema de movilidad (ver "Qué discute la oposición..." ).

Las necesidades de financiamiento, según la previsión oficial (informada por Diego Bossio, titular de la Anses, cuando se conocieron los proyectos opositores), es de 22.406 millones de pesos para la suba del salario mínimo y de 10.253 millones de pesos para cumplir con la recomposición que fijó la Corte. En total, 32.659 millones.

Según un estudio del equipo del diputado de Proyecto Sur y economista de la CTA., Claudio Lozano, el costo neto de la medida es inferior: 24.820,3 millones de pesos, ya que unos 6.600 millones de pesos se podrían recuperar por una mayor recaudación de IVA (los jubilados gastarían todo el aumento).

Estos valores son muy diferentes a los 141 mil millones de pesos que estimó el ex presidente Néstor Kirchner al señalar que la medida "es absolutamente imposible". Este dato surge del cálculo de la Anses sobre el costo de otorgar a todos los jubilados el 82 por ciento móvil. En realidad, esto, no sólo sería impracticable, sino que se apartaría del espíritu de la ley previsional. Hoy se calcula el haber jubilatorio sobre los años de aportes y los últimos salarios, y no, en función de la remuneración de los activos.

De dónde sale la plata

Hay dos temas distintos para considerar sobre el financiamiento de medidas como éstas: por un lado, los montos que se otorgarían por una sola vez y, por el otro, los aumentos que se darían de ahora en más.

Para ambas cuestiones la decisión es, a todas luces política. Pero, el primer punto es perfectamente factible con los fondos disponibles.

La oposición y los economistas consultados por La Voz del Interior ofrecen varias alternativas:

Superávit de Anses. En 2009 fue de 14.686 millones de pesos. Para 2010, las estimaciones oscilan entre 6.600 millones de pesos (Marcelo Capello del Ieral de Fundación Mediterránea), 8.203 millones (CTA, Lozano), 10.110 millones (Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Iaraf) y 12 mil millones (Fernanda Reyes de Coalición Cívica, CC).

Fondo de Garantía (FGS). El ahorro de los ex afiliados a las AFJP tiene, según la CC, unos siete mil millones de pesos en disponibilidades. Según Anses, disponibilidades y depósitos suman 18.722 millones. Además, arroja una renta anual estimada en 8.425 millones de pesos por Lozano y 7.500 millones por el Iaraf. "El FGS suma 150 mil millones de pesos, casi el doble del pago anual de prestaciones. No hay ninguna razón técnica ni operativa para mantener ese monto, es algo político", opina Lozano.

Superávit fiscal. El Gobierno tendrá este año excedentes fiscales no previstos en el Presupuesto. Este monto ronda los 30 mil millones, según Lozano; 40 mil millones, para la CC; y 23 mil millones netos (después de coparticipación a provincias), según Ieral.

Además de estos fondos que están "a la mano", hay distintas propuestas para financiar el aumento hacia adelante, que implican redistribuir partidas, aumentar impuestos o reducir subsidios.

Subsidios. La oposición pide que las transferencias que el Estado destina a subsidiar tarifas (muchas veces a sectores de altos recursos), unos 17 mil millones de pesos en 2010, se destinen, en parte, a mejorar el pago a los jubilados.

Reforma impositiva. Para Lozano, se deberían restaurar los aportes patronales a las grandes empresas al nivel previo a la reducción de 1993, con lo cual habría 16.811 millones de pesos más. Este punto también es compartido por los legisladores afines al kirchnerismo Carlos Heller, Martín Sabatella, Ariel Basteiro, Vilma Ibarra y Jorge Rivas quienes, sin embargo, critican la avanzada opositora por considerarla de "oportunismo político". Para Jorge Colina, de Idesa, esto es contraproducente pues, ante una medida así "las empresas tenderán a racionalizar los puestos de trabajo registrados".

Debe y haber. En cualquier caso hay que tener en cuenta que las prestaciones de la Seguridad Social no están financiadas exclusivamente por aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores.

Alrededor de un 40 por ciento de los recursos de la Anses corresponden a financiamiento tributario (casi 28 mil millones de pesos, según el presupuesto del organismo para 2010). A estos se suman unos 21 mil millones de pesos del 15 por ciento de la precoparticipación, que muchas provincias quieren que se les devuelva. Si esto se quita a la Anses, el financiamiento de un aumento se limita.

Pero, por otra parte, la Anses también otorga prestaciones no contributivas. Aquí, los dos rubros más destacados, que se agregaron en los últimos tiempos son los 2,24 millones de jubilados por moratoria (que nunca habían hecho aportes) y los beneficiarios de la Asignación Universal por hijo. La CTA. dice que la Anses paga 8.400 millones de pesos por la AUH, mientras el Gobierno se ahorra 4.100 millones en planes sociales dados de baja. Según el Ieral, los jubilados sin aportes implican un gasto anual que ronda los 20 mil millones de pesos. Ambos podrían ser financiados por el Tesoro, en lugar de con aportes de trabajadores.

"Alternativas de financiamiento hay. El tema es tomar la decisión política", dice Reyes.

Lo cierto es que, más allá de la holgura actual, lo que debería haber es una discusión en serio de cómo hacer que el sistema sea sustentable en el tiempo, algo que no se dio ni ahora, ni hace dos años.

El dictamen de Diputados (el del Senado es más acotado) abarca tres puntos: Suba del mínimo. El haber previsional del escalón más bajo, que hoy está en 895 pesos, se elevaría a 1.230 pesos, equivalentes al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil.Fallos de la Corte. Otro punto es otorgar a todos los jubilados por encima del mínimo, la recomposición que estableció la Corte Suprema en los casos Badaro y Sánchez (ajuste equivalente a la suba de salarios, antes de 2006), no sólo para aquellos pasivos que lleguen con sus demandas a la última instancia judicial. Movilidad. Fijar un nuevo índice de movilidad, que esté ligado a la suba de salarios o al aumento de la recaudación de Anses, el que sea mayor.