Diego Emilio Salazar, conocido como “El Sicario”; Alexander Damián Carballo, “El Cara de Gatito”, y Juan José Juárez, “Negro Juan”, son tres nodos de un flagelo: balas de fuego o apuñalamientos son el código para resolver discrepancias y alimentan la violencia urbana en barrio Yapeyú, zona sudeste de la ciudad de Córdoba.
Los tres nombres aparecieron en investigaciones judiciales vinculadas con hechos de extrema violencia. Sus historias se cruzaron por vínculos familiares, territoriales y delictivos.
Salazar quedó señalado por la Justicia como el presunto autor de un ataque armado que tuvo origen en un conflicto entre internas de una cárcel.
Según la pesquisa judicial, el episodio se ejecutó como un encargo desde el penal de Villa María. El objetivo era intimidar a una familiar de una mujer detenida por un crimen cometido tiempo atrás en el mismo barrio: la hermana del “Negro Juárez”, Aldana.
De acuerdo con el expediente, el agresor habría llegado a una vivienda donde supuestamente residía la destinataria del mensaje.
Sin embargo, allí había una inquilina, otra mujer que nada tenía que ver con el conflicto. Recibió tres disparos y sobrevivió, aunque quedó con leves secuelas físicas y psicológicas. La fiscalía sostuvo que existen pruebas contundentes que ubican a Salazar como autor del ataque.
En ese entramado, también aparece la figura de Carballo, apodado “Cara de Gatito”. Él y Aldana Juárez –hermana de Juan José Juárez– cumplen condena por un homicidio ocurrido en Yapeyú en abril del 2024.
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Ese antecedente consolidó una trama de rivalidades y amenazas que, con el paso del tiempo, siguió alimentando nuevos episodios de violencia.
Por su parte, el “Negro Juan” quedó bajo sospecha en otra causa grave. Investigadores lo ubicaron como quien facilitaba armas de fuego a jóvenes del sector. Ese rol lo posicionó en el centro de una balacera que dejó a una joven cuadripléjica, tras recibir un disparo en la espalda.
El peso de los “vecinos malos”
Referentes vecinales de barrio Yapeyú advierten que la violencia no define a toda la comunidad. “Hay vecinos que a diario se ganan la vida con mucho esfuerzo, y es un grupo de gente con buenos y grandes valores”, plantearon.
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Aun así, reconocieron que conviven con lo que denominan “vecinos malos”, grupos que consolidaron redes vinculadas al delito y al narcotráfico.
Según señalaron, estos sectores extendieron su influencia en distintos pasajes del barrio.
“Los brazos de estas bandas son cada vez más largos”, advirtieron.
En ese sentido, fuentes vecinales que pidieron reserva de identidad sostuvieron que el narcomenudeo fracturó antiguas redes comunitarias. “Hace años que se rompieron vínculos entre familias. Se instaló un código de violencia que nos atormenta a diario”, describieron.
Los mismos referentes reclamaron mayor presencia policial y una intervención judicial sostenida. Su objetivo, dijeron, es que quienes alimentan estos circuitos delictivos no tengan lugar en la barriada.
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Otra preocupación recurrente en Yapeyú es la edad cada vez más temprana en la que algunos adolescentes ingresan al mundo del delito. La sitúan incluso antes de la adolescencia, entre los 10 y los 12 años.
En varias causas recientes aparecieron chicos de corta edad con numerosos antecedentes. En algunos casos, registraron más de una decena de ingresos por distintos episodios violentos, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Ese fenómeno se reflejó en el ataque contra la joven Luna, quien terminó con una lesión medular irreversible. La investigación determinó que los disparos provinieron de un grupo integrado principalmente por menores.
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La reconstrucción judicial ubicó a “Negro Juan” en ese entorno. Según la hipótesis fiscal, él habría aportado las armas que luego utilizaron los atacantes.
Para investigadores y vecinos, ese recorrido –de una discusión menor a un ataque armado– refleja el deterioro de los códigos sociales en sectores golpeados por la violencia. Una lógica en la que, cada vez más, las armas reemplazan cualquier otra forma de resolver los conflictos.
