El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) de Córdoba Capital sobreseyó al exinterventor de la obra social de Luz y Fuerza, Andrés Adolfo Chianalino, enviado a juicio por cuatro hechos de presunta malversación de caudales públicos, por prescripción de la acción en el marco de la causa en la cúpula gremial fue condenada por defraudación por administración fraudulenta.
El caso de Luz y Fuerza Córdoba
La investigación contra la cúpula y otros sospechados comenzó luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz del informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos” desde 2012 por parte de integrantes del sindicato.
El TOF2 probó que exsecretario general Gabriel Suárez, el actual Jorge Molina Herrera y Fernando Navarro (exsecretario de Finanzas y actual de Vivienda) y los demás condenados, Daniel Lozano, Roque Tapia, Alexis Fidelbo, José Galván y Martín López, defraudaron al gremio a través del libramiento de cheques a favor de empleados sindicales, proveedores y terceros relacionados o no con ellos.
Los cheques eran endosados y cobrados por los “coleros” (presuntos cómplices de los líderes sindicales que acordaron indemnizar con 15 millones de pesos al gremio para evitar el juicio) por habituales cifras “redondas” ($ 50 mil, para operar “bajo el radar” limitativo impuesto por el Banco Central) para retornar, finalmente, a manos de la cúpula sospechada.
Es lo que, en la jerga investigativa, se conoce como el “pitufeo bancario” o fraccionamientos de altos montos en pequeños (“pitufeo”) para no llamar la atención de las autoridades de control.
Los desvíos mediante los cheques y el dinero registrado en el intervenido Fondo Compensador actuaron como “la caja” de la cúpula al “retornar” a sus miembros para su beneficio personal, según la hipótesis acusatoria.
Eso habilitó a Suárez a lavar dinero del gremio al comprar una propiedad y a hacer otros movimientos, figura penal por la que fueron absueltos Molina Herrera y Fernando Navarro (exsecretario de Finanzas y actual de Vivienda y Obras).
Sin embargo, el TOF2 no dio por acreditada la asociación ilícita (el delito más grave achacado a la cúpula) al considerar que solo se probó un solo hecho delictivo (defraudación) con varias modalidades de materialización, echando por tierra así la acusación principal del fiscal general Carlos Casas Nóblega (que casó el fallo, como la defensa de los condenados principales, cuya resolución está pendiente ante Casación Penal).
De esta forma, fueron absueltos por asociación ilícita Suárez, Molina Herrera, Navarro, Fidelbo y Galván. En tanto, la hija de Molina Herrera, Yanina Victoria Molina, fue absuelta por defraudación, y Molina Herrera y Navarro, por lavado.
Ninguno de los condenados fue detenido ni está preso, al menos por ahora, ya que la sentencia no quedó firme por los recursos presentados.
Acuerdos con los “coleros”
Antes del inicio del juicio, los “coleros” o sindicados cómplices de las maniobras de “pitufeo” bancario acordaron con el fiscal Casas Nóblega indemnizar con 15 millones de pesos al sindicato por el desfalco, lo que les permitió evitar sentarse en el banquillo.
El mismo tribunal homologó el acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) en favor de Justiniano Omar Arce, Fernando Delfor Delgado, Gisela Dalinda Tahan, Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Emiliano Ricardo Chaer, Enrique Osvaldo Lorente, Julio César Secchi y Cecilia Ivone Pérez (imputados por defraudación por administración fraudulenta como partícipes necesarios).
El caso del exinterventor Chianalino
En el último tramo de la causa quedó implicado el exinterventor de la obra social (Osplyf), Chianalino, por supuesta malversación de caudales.
Suárez, Molina Herrera y Navarro fueron acusados de desviar fondos millonarios del gremio para diversas actividades sociales y deportivas cuando originalmente tenían un propósito diferente (la constitución del “Fondo de Reserva Prestacional de Salud” para la asistencia, provisión de medicamentos, etc.).
En ese marco, el exinterventor fue imputado por haber enviado cuatro cheques (por $ 6.550.000 en total) de manera directa al gremio para el Fondo de Reserva, a pesar de que tal operatoria había sido expresamente prohibida por él mismo. La orden de pago fue autorizada por Chianalino y la recepción, registrada por Molina Herrera.
Chianalino rechazó cualquier maniobra ilícita y pidió la prescripción, que fue rechazada por el juzgado N° 1, a cargo de la instrucción. El exinterventor apeló pero la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el rechazo al planteo.
Contra la decisión, Chianalino interpuso recurso ante Casación. El máximo tribunal penal del país hizo lugar al recurso, anuló el fallo de la cámara cordobesa y le ordenó pronunciarse nuevamente.
Ante la inminencia del inicio del juicio, el fiscal solicitó al tribunal que se separara a Chianalino de los demás imputados para evitar postergaciones que impidieran resolver las situaciones procesales. De conformidad, los jueces hicieron lugar a la petición y el exinterventor finalmente no formó parte del juicio.
Tras el juicio, el Ministerio Público sostuvo que la acción penal en contra de Chianalino estaba extinguida, ya que desde el llamado a indagatoria y el requerimiento de elevación a debate, había transcurrido el plazo máximo de un año para ilícitos cuya pena es de inhabilitación temporal, como en este caso.
El tribunal fue coincidente con ese punto y determinó que el exinterventor tampoco cometió ningún delito “con capacidad interruptiva” de la prescripción, sumado a que el dictamen fiscal “avaló la extinción de la acción”, solicitada por Chianalino, al “interpretarse como un tácito retiro de la acusación”.
“El Ministerio Público Fiscal ha decidido cesar en su ejercicio punitivo, feneciendo en consecuencia la pretensión punitiva del Estado”, advirtió el tribunal, declaró la extinción de la acción y ordenó el sobreseimiento.
