A fines de junio de 2025, la Policía de Córdoba, una fuerza de seguridad acostumbrada a los sismos autoprovocados, volvía a verse sacudida por otro gran temblor: el jefe de la Policía Caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, era detenido.
El comisario general y abogado quedaba acusado de haber liderado una asociación ilícita integrada por policías de alto rango y civiles, quienes también fueron apresados.
Se los bautizó en Tribunales II de Córdoba como “los Simuladores de Azul”. En otros ámbitos oficiales se los llamó más fuerte: “la Banda de los Comisarios de la Jefatura”.
Según la causa del fiscal Guillermo González, los policías habían montado una suerte de “consultoría externa” que prestaba toda clase de servicios por fuera de la ley en Córdoba.
La presunta banda se especializaba en resolver litigios de particulares como usurpaciones de casas y ocupaciones ilegales de terrenos.
Además, como había abogados en el grupo (dos de ellos son comisarios), la organización presuntamente también resolvía “inconvenientes”, como desalojos exprés, deudas de dinero y pleitos laborales.
Para la fiscalía, el grupo actuaba a pedido de particulares y montaba operativos con recursos y móviles oficiales, siempre por fuera de la ley.
A un año del estallido de aquel escándalo que sacudió a la Policía y hasta el Panal, la causa avanza a paso firme: la Cámara de Acusación de Córdoba confirmó las prisiones preventivas contra Ochoa Roldán y casi todos los otros imputados presos en la Cárcel de Bouwer.
El fallo ratificó lo actuado por la fiscalía, algo que ya había sido sostenido por el Juzgado de Control.
Uno de los imputados, de menor rango, logró pagar fianza.
Con absoluto silencio, la fiscalía continúa con la investigación y no se descartan nuevas imputaciones.
La elevación a juicio todavía no figura en el horizonte cercano.
Jefes policiales presos
Junto con Ochoa Roldán fueron detenidos otros policías que tenían altísimo rango: el por entonces jefe del Departamento de Asesoría Letrada de la Policía, comisario Leonardo Javier Torres; el titular de la División Protección de Testigos, comisario Jorge Gutiérrez; el comisario Martín Darío Heredia, integrante de la Caminera; el suboficial Dante Gabriel Villalba, encargado de transportes y traslados en la Jefatura; el abogado Gastón Miguel Ochoa Roldán, hermano del ahora exjefe de la Caminera; y el civil Gabriel Burkhard, conocido como “el panadero”.
Todos están acusados de integrar una presunta asociación ilícita.
Además, a Maximiliano Ochoa Roldán, exjefe de la Caminera y señalado de ser el creador e ideólogo de todo, se lo acusa por presunto enriquecimiento ilícito, extorsión y coacción, entre otros delitos.
Todos se declararon inocentes y negaron los hechos.
Desde la fiscalía se remarcó que el funcionamiento de la Policía Caminera y la recaudación (y cobro) de multas está fuera de toda sospecha.
De todos modos, hay algo más serio: por su lugar de trabajo, la propia Jefatura de Policía, los comisarios acusados tenían acceso a bases completas de datos de datos personales de civiles, lo cual es absolutamente mucho más serio.
“Se aprovechaban presuntamente del lugar (la Jefatura) y los recursos que les daba su lugar en la estructura policial para dar respuestas a sus ‘clientes’”, remarcó una alta fuente
La fiscalía trabaja para delinear cuántos hechos hubo. Hay un punto no menor: si bien algunos pueden aducir haber sido engañados y considerarse damnificados, hay otros que sabían qué estaban contratando servicios por fuera de la ley.
Una causa nacida en Punilla
El expediente que provocó el cimbronazo en la sede policial de Córdoba proviene desde el valle de Punilla.
La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien avanzaba en investigaciones contra hombres que cometían estafas y otras maniobras vinculadas a usurpaciones, había hallado pistas sobre la supuesta connivencia de policías de la Capital.
La fiscal llegó a imputar a 15 personas. Una de ellas era Gabriel Elidio Burkhard, alias “el Panadero”,
De allí que giró esa información a la Fiscalía General, desde donde se remitió esa “data” a la fiscalía de González en Córdoba, ya que la Jefatura está en su área de jurisdicción.
Fue así que avanzaron dos causas penales en paralelo.
A fines de 2025, la fiscal Kelm envió a juicio “la pata Punilla”: 14 hombres fueron acusados de integrar una banda que se dedicaba a la presunta comercialización fraudulenta de terrenos en distintas localidades De Punilla bajo la fachada comercial de una empresa. Están acusados de asociación ilícita.
En paralelo, el fiscal González investigó la “pata policial” y descubrió, según sostuvo, un complejo y presunto andamiaje delictivo motorizado por comisarios de la Jefatura. La pesquisa se basó en análisis de comunicaciones y testimonios.
En junio de 2025 estalló el escándalo en Córdoba: el por entonces jefe de la Caminera Ochoa Roldán quedó apresado como el presunto ideólogo y jefe de esa organización.
Junto con él fueron detenidos su hermano (y también abogado como el anterior) y los por entonces titulares de áreas claves como Asesoría Letrada y Protección de los Testigos.
Uno de los policías detenidos era chofer del por entonces jefe de Policía provincial, Leonardo Gutiérrez, quien está fuera de sospecha.
De todos modos, Gutiérrez sería reemplazado siete meses después por Marcelo Marín. Gutiérrez no dejó de trabajar para la Policía. Hoy es asesor en el Ministerio de Seguridad que conduce Juan Pablo Quinteros.
La maniobra de "los Simuladores de Azul"
La investigación de González reveló una supuesta modalidad delictiva con división de tareas que presuntamente operaba utilizando recursos del Estado para beneficio personal.
Esencialmente, el grupo policial presuntamente resolvía problemas de particulares como usurpaciones y hacían desalojos exprés, todo por fuera de la ley y por dinero.
Los acusados obtenían información sensible y de carácter reservado de sistemas como el 911 o la División Antecedentes Personales de los clientes que requerían servicios para luego cobrarles.
Los imputados habrían usado móviles policiales para hacer constataciones, visitas o falsos operativos.
Según el fiscal, los acusados incluso recibían a los clientes en despachos oficiales para darle más realidad a la maniobra. Pura impunidad.
Para los desalojos cobraban sumas importantes de dinero: entre el 20% y el 30% del valor del inmueble.
Audios incorporados a la causa revelan la crudeza de sus métodos, con frases como: “hoy un desalojo enquilombado, entre un 20% y 30% del valor de la propiedad, eso es lo que vamos a cobrar...”; o “vamos a entrar en la casa. O llegamos a un acuerdo y se van pacíficamente, o los sacamos a patadas en el o…”.
Según la fiscalía, había roles establecidos. Burkhard era quien conseguía los casos y reportaba a Maximiliano Ochoa Roldán, según la Justicia.
Este último decidía con quién se trataría el caso (los abogados Torres, Heredia o Gastón Ochoa Roldán) y, si se necesitaba una “demostración de poder”, indicaba a Gutiérrez o Villalba la acción a seguir, de acuerdo al fiscal.
Cuando dictó las prisiones preventivas, el fiscal González resaltó la gravedad institucional que representa que efectivos policiales en actividad y de jerarquía, que ocupan lugares sensibles en la estructura funcional de la fuerza, con más de 20 años en la fuerza y que además son letrados, “cometan hechos de esta magnitud”.
“La sociedad no puede estar a merced de funcionarios públicos que utilicen el Estado para sus apetencias personales”, indicó un comunicado de la Policía.
Alejandro Mercado, el otro gran escándalo de la Policía
A todo esto, no deja de ser compleja la situación penal del exsubjefe de la Policía provincial Alejandro Eduardo Mercado.
El excomisario general está acusado y preso sindicado de haber creado y manejado dos asociaciones ilícitas con policías en Córdoba.
Mercado fue detenido en 2024 y no salió más de la Cáarcel de Bouwer por orden del fiscal Enrique Gavier, quien además mantiene presos a varios exjefes policiales por presunta corrupción.
