Rosario. La secuestraron por una deuda de drogas, su familia pagó un rescate pero no aparece
La víctima, Alicia Isabel Godoy, tiene 30 años.
Alicia Isabel Godoy, la mujer de 30 años que fue secuestrada el pasado 4 de abril en su casa de la zona sur de Rosario y cuya familia pagó su liberación con dinero y hasta una bicicleta, no aparece y hay cinco imputados.
Rosario: detenidos e imputados en el caso de Alicia Godoy
La fiscal Paula Barros acusó este jueves a María Belén “La Pelada” Salinas, Ludmila Gisel Leiva, Kevin Josué Torres Cabrera, Gastón Laureano D’Agostino y Ana Laura Salinas, todos detenidos tras 15 allanamientos, publicó Infobae.
De acuerdo a los indicios recolectados en las últimas tres semanas de medidas –que incluyeron rastrillaje con perros, uso de luminol y recorrido de cámaras con inteligencia artificial–, a Godoy (habría acumulado una deuda por su drogadicción) la raptaron en su casa de Flammarion al 4900. Se presume que la trasladaron hasta un domicilio, donde fue retenida al menos hasta el 8 de abril.
Desde entonces se perdió todo tipo de rastro. Después del secuestro, personas del entorno de los acusados fueron hasta un inmueble de la familia de la joven y comunicaron que tenían que pagar 150 mil pesos para no hacerle daño.
Los parientes de la mujer dieron una bici e hicieron dos transferencias por 50 mil pesos el 5 de abril, día posterior al hecho. Las cuentas que recibieron el dinero están a nombre de Belén y Ana Salinas.
El 8 de abril, los familiares recibieron un mensaje mafioso en un trozo de cartón en el que daban detalles de las identidades del entorno de Godoy, lo cual reforzó la idea de que extorsionaban en busca de más plata.
Por eso, la fiscal Barros atribuyó a los imputados el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas. También los acusó por microtráfico de droga, ya que halló indicios en los procedimientos en sus domicilios y en sus celulares de que se dedicarían al narcomenudeo.
Para Barros, María Salinas es quien coordinaba la venta de estupefacientes, Fernández la encargada de conseguir las sustancias y D’Agostino, Ana Salinas y Aguirre tenían como rol el de vendedor en búnkeres.
La jueza Luciana Vallarella recalificó el caso a extorsión, rechazó las acusaciones de Leiva y Cabrera y los dejó en libertad.
