Explotación sexual. San Juan: piden 12 años de prisión para un abogado por trata de mujeres
El Ministerio Público Fiscal solicitó además una reparación económica histórica de $ 1.152 millones para las víctimas. La red operaba mediante estudios de "webcam".
El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó una pena de 12 años de prisión para el abogado Gustavo Antonio de la Fuente (59) y para John Sebastián Quevedo Medina (31). Ambos están acusados de liderar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de San Juan.
Según el alegato presentado ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, la red explotó al menos a 37 mujeres en situación de vulnerabilidad entre marzo de 2022 y julio de 2024.
El veredicto del juicio, que se desarrolla de manera unipersonal bajo el juez Daniel Doffo, se conocerá el próximo 2 de julio.
La fiscalía, representada por el fiscal federal Fernando Alcaraz y la auxiliar Virginia Rodríguez, detalló un sistema de captación y comercialización de material audiovisual de contenido sexual. El caso cobró relevancia por el uso de tecnologías digitales y criptoactivos para el cobro de los servicios.
Falsas ofertas de modelaje y el programa de "referidos"
La organización captaba a sus víctimas a través de la firma ficticia "Belle Argentina", con sede en la capital sanjuanina. Utilizaban publicaciones en Facebook e Instagram con promesas de independencia económica y frases como: "Estás a un paso de que te pueda cambiar la vida".
Una vez que las interesadas asistían a las entrevistas, se les prometían ganancias en dólares o euros que superaban ampliamente lo que finalmente percibían. La investigación detectó que incluso una de las víctimas fue trasladada desde la provincia de La Rioja para ser acogida en San Juan.
Para expandir la red, los acusados implementaron un "programa de referidos". Según explicó el fiscal Alcaraz durante la audiencia, "quienes ya trabajaban en el lugar tenían beneficios si captaban a otras mujeres", incentivando la incorporación de nuevas víctimas a la estructura.
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Explotación en estudios webcam y multas arbitrarias
Una vez incorporadas, las mujeres eran obligadas a producir contenido en vivo en estudios webcam montados por la organización. Las jornadas laborales se extendían durante siete horas diarias, seis días a la semana, bajo condiciones de estricto control.
Los imputados retenían al menos el 50% de las ganancias generadas por las víctimas en plataformas como Stripchat, Chaturbate y XLove. Además, aplicaban descuentos arbitrarios bajo conceptos de "multas" por llegar tarde, por cansancio o incluso por el período menstrual.
“La organización producía múltiples ganancias mediante la explotación de estas mujeres, convirtiéndolas en objetos”, sostuvo la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez durante el alegato. La fiscalía subrayó que los acusados se aprovecharon de la "pobreza estructural" en la que se encontraban las damnificadas.
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Uso de dispositivos remotos y tecnología digital
Un punto destacado de la acusación fue el uso de dispositivos sexuales interactivos controlados de forma remota por los usuarios durante las transmisiones en vivo. Esta modalidad permitía a los clientes tener un "acceso material y directo sobre el cuerpo de las víctimas", según la fiscalía.
El pago de los servicios se realizaba mediante sistemas de "tokens" o criptoactivos a través de diversas billeteras virtuales. Para el fiscal Alcaraz, este componente digital facilita que el alcance territorial y el rédito económico de estas organizaciones sean hoy "incalculables".
Respecto al rol del abogado De la Fuente, la fiscalía lo identificó como el jefe de la organización. Rodríguez afirmó que el letrado era el encargado de realizar los pagos y de intentar dar una "apariencia de legalidad" a la actividad mediante la firma de contratos con las víctimas.
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Reparación económica y decomiso de bienes
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público Fiscal solicitó una reparación integral para las 37 víctimas por un total de $ 1.152.362.472. También se requirió el decomiso de seis inmuebles y tres vehículos vinculados a la actividad ilícita.
Como medida para interrumpir los efectos del delito, se pidió la eliminación inmediata de todo el material producido por las víctimas que aún permanezca en plataformas digitales. Asimismo, se solicitó que las plataformas involucradas incluyan obligatoriamente información sobre la Línea 145 de asistencia contra la trata.
La investigación se inició en marzo de 2022 a raíz de una denuncia anónima y contó con la intervención de la Gendarmería Nacional. Actualmente, ambos imputados permanecen bajo la modalidad de prisión domiciliaria a la espera de la sentencia definitiva.
