Horror. San Juan: los condenaron a 10 años de prisión por trata de personas con fines de matrimonio infantil

Gitanos explotaron a una adolescente de 13 años y la forzaron a mantener una relación con el joven como si estuvieran casados.

06 de mayo de 2026 a las 08:25 a. m.
San Juan: los condenaron a 10 años de prisión por trata de personas con fines de matrimonio infantil
La titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Alejandra Mángano junto con el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez durante el alegato del MPF. (Fiscales.gob.ar)

Un matrimonio y su hijo gitanos fueron condenados a 10 años de prisión por haber captado, trasladado y explotado a una adolescente entre sus 13 y sus 16 años y forzarla a “casarse” con el joven, que al momento del hecho tenía 20 años, informó el Ministerio Público Fiscal.

Horror en San Juan

El Tribunal Oral Federal de San Juan, a cargo del juez Daniel Doffo, condenó a Alberto Cristo, Isabel Cristo y su hijo Franco por trata de personas consumada y agravada.

Los sentenciados fueron hallados responsables de captar, trasladar y explotar a una adolescente tras someterla a una unión forzada por la cual pagaron 825 mil pesos a los padres de la menor en 2022.

Durante el período de explotación en la provincia de Santa Fe, la víctima fue reducida a servidumbre sexual, doméstica y laboral. La joven sufrió violencia física mediante golpes y quemaduras, además de ser obligada a realizar venta ambulante bajo condiciones climáticas extremas y entregar la totalidad de sus ganancias bajo amenaza de privación de alimento.

Esta situación de vulnerabilidad se vio agravada por la pertenencia a una comunidad con mandatos culturales rígidos y un contexto de pobreza estructural.

El rescate se produjo en abril de 2025 en la localidad de Caucete, luego de que los condenados intentaran secuestrar a la joven por la fuerza para trasladarla nuevamente a Santa Fe.

Una denuncia al 911 realizada por un testigo en una estación de servicio y el monitoreo de las cámaras de seguridad permitieron que la Policía interceptara el vehículo y pusiera a salvo a la víctima junto a su hijo.

En su fallo, el magistrado dispuso una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima y el decomiso del vehículo utilizado en el hecho.

Asimismo, ordenó medidas de reparación no económicas que incluyen la comunicación de la sentencia en lenguaje claro y accesible a las comunidades gitanas de San Juan y Santa Fe, reafirmando que las prácticas culturales no pueden justificar la violación de derechos humanos fundamentales ni la explotación de niños y adolescentes.