Córdoba. El presunto jefe de los “Rompepiernas” irá a juicio: lo acusan de cobrar deudas a balazos
Habrían usado la violencia extrema para perseguir a “deudores”. Dos imputados reconocieron haber integrado el armado y complicaron a quienes serían los jefes. Hay un sospechoso prófugo.
La causa contra los cuatro acusados de integrar la presunta banda de los “Rompepiernas” fue elevada a juicio y avanza hacia la etapa oral.
Se trata de un expediente que investiga una trama de amenazas, aprietes y violencia armada en la ciudad de Córdoba, cuyo hecho más grave ocurrió el 7 de abril de 2025 por la noche, en barrio Las Magnolias, zona noroeste de la Capital. Allí, según la acusación, los sospechosos efectuaron al menos 17 disparos contra una camioneta en la que se desplazaba la hija de un hombre con quien mantenían un conflicto económico.
El ataque habría sido una maniobra para cobrar una deuda.
Ese episodio, que en un primer momento pareció aislado, fue el punto de partida de una investigación más amplia encabezada por el fiscal Juan Pablo Klinger.
A partir de peritajes, testimonios y análisis de teléfonos celulares, el instructor comenzó a reconstruir una serie de hechos que revelaban un patrón: intimidaciones sistemáticas, cobros violentos y una estructura organizada que operaba en Córdoba, Villa Carlos Paz y otras ciudades de la provincia.
Según la pesquisa, la banda no sólo reclamaba deudas sino que ofrecía sus “servicios” a terceros, quedándose con un porcentaje de lo recuperado.
En ese contexto, la balacera de abril no fue un hecho aislado para la Justicia, sino parte de una metodología de coerción.
Con el avance de la causa, quedaron imputados cuatro hombres: Maximiliano Ángel Borgonovo, alias “Fofi”, Leandro “Malvina” Bombardieri, Juan “Cobranzas” De Bonis y Martín Gabriel “Sobrino” Merlo.
A Borgonovo y Bombardieri se los señala como jefes de la organización, mientras que De Bonis y Merlo habrían actuado como ejecutores y encargados de tareas logísticas.
En cuanto a las imputaciones, la fiscalía los acusa de integrar una asociación ilícita destinada a cometer delitos contra la propiedad, la libertad y la vida, además de abuso de armas por el ataque a balazos.
En el caso de Borgonovo y De Bonis, también se les atribuye encubrimiento por la recepción de bienes de origen ilícito en una maniobra previa.
Por su parte, De Bonis y Merlo acordaron un juicio abreviado y fueron condenados por el Juzgado de Control a tres años de prisión efectiva. Ambos reconocieron su participación en la estructura delictiva, lo que complicó aún más la situación de quienes eran señalados como líderes.
Distinta es la situación de Borgonovo, quien no aceptó un acuerdo abreviado pero tampoco se opuso a la elevación a juicio. Su proceso avanzará sin trabas, aunque aún no se fijó fecha para el debate oral.
En tanto, Bombardieri permanece prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.
La banda de los “Rompepiernas”
De acuerdo con la reconstrucción de la Justicia, la organización comenzó a gestarse al menos a mediados de 2024, cuando los acusados se habrían puesto de acuerdo para montar un esquema de cobro de deudas por vías ilegales.
Su accionar combinaba intimidación, amenazas y, en casos extremos, el uso de armas de fuego.
El hecho más grave fue el ataque del 7 de abril de 2025.
Esa noche, Borgonovo y Bombardieri habrían esperado a la víctima en las inmediaciones de su domicilio. Cuando la joven estacionó su camioneta, abrieron fuego: se contabilizaron al menos 17 disparos, que impactaron en el vehículo y en otro automóvil cercano.
La mujer resultó ilesa de milagro, según los registros oficiales.
La investigación determinó que el trasfondo era un conflicto económico. Para los investigadores, el ataque buscaba enviar un mensaje claro: la deuda debía saldarse.
Pero ese no habría sido el único episodio. La fiscalía detectó una aparente concatenación de hechos violentos que incluían amenazas, seguimientos y presiones a distintos deudores.
La banda —de acuerdo a lo investigado— operaba con un alto grado de planificación y no dudaba en escalar la violencia.
Cómo se organizaban
La causa revela que el grupo habría operado en base a una estructura definida, con roles diferenciados.
Borgonovo y Bombardieri eran quienes tomaban las decisiones estratégicas, según las acusaciones. Dicho en palabras de los comisionados: ellos elegían los objetivos, definían las acciones y autorizaban las intervenciones.
Por debajo, De Bonis y Merlo cumplían funciones operativas, según los pesquisas.
“Se encargaban de contactar a las víctimas, hacer inteligencia previa y ejecutar las maniobras de presión. También participaban en la logística, desde el traslado de bienes hasta la coordinación de encuentros”, comentaron fuentes de la investigación en diálogo con La Voz.
Una pieza clave de la investigación fueron los teléfonos celulares secuestrados.
De su análisis surgieron múltiples conversaciones que evidenciarían una dinámica interna del grupo. Los investigadores señalaron que en ellos se discutían cobros, se coordinaban movimientos y se hacía referencia a acciones intimidatorias.
En esos intercambios también se habría observado la preocupación por mantener el control de las operaciones y evitar filtraciones. La organización actuaba con cautela, pero no siempre lograba ocultar su accionar.
El "modelo de negocio", según la fiscalía, consistía en cobrar un porcentaje —generalmente cercano al 30%— de las deudas recuperadas. El pago podía realizarse en efectivo, bienes o incluso vehículos, que luego eran repartidos entre los integrantes.
Un entramado más amplio
Más allá de los episodios de violencia, la causa dejó al descubierto un aparente entramado delictivo que iba más allá del simple cobro de deudas.
En uno de los hechos investigados, Borgonovo y De Bonis recibieron electrodomésticos aparentemente provenientes de una estafa como forma de saldar una obligación pendiente.
Esos bienes, según se sostuvo en la instrucción, habían sido obtenidos mediante cheques robados.
De comprobarse, este dato reforzaría la hipótesis de la fiscalía: no se trataba de hechos aislados sino de una organización con múltiples aristas, que combinaba distintos delitos en busca de un beneficio económico.
Otro aspecto relevante es el perfil de los acusados. Algunos de ellos tenían actividades legales, como la compra y venta de autos o el préstamo de dinero, lo que les permitía moverse con cierta facilidad en distintos ámbitos.
Esa fachada habría servido para captar "clientes" y detectar posibles víctimas.
Con dos condenas ya dictadas, un juicio en camino y un prófugo, la causa de los “Rompepiernas” —tal como se los llama en los pasillos de Tribunales 2— se encamina a convertirse en un casos de gran resonancia por la violencia organizada a la que habrían recurrido para cumplir su propósito.
