Refugiada

Eran siete hombres, la mayoría armados. Ella había quedado sola, con uno de ellos. Los otros se habían llevado hacia afuera a la persona que esa noche la acompañaba. “Dale, dame todo”, le decía el que empuñaba una nueve milímetros.

La noche era aún más oscura en este precario asentamiento que de a poco había ido creciendo entre el barrio-ciudad Obispo Angelelli 1 y Obispo Angelelli 2, a un costado de la avenida Valparaíso (camino a San Antonio), donde la capital cordobesa se reduce a periferia.

“El Milagro”, “La Lonja”, “El Loteo”, o sólo “Asentamiento”, son las distintas denominaciones con las que se señala este humilde sector de casas precarias, cables colgados y tierra caliente.

Donde para ir a buscar agua los vecinos (argentinos, peruanos y bolivianos) deben caminar con los baldes hasta una canilla pública.

Un lugar en el que las carencias estructurales se entremezclan con las penurias más profundas. Porque las reglas para sobrevivir parecen impuestas por otro orden social.

Ella, Rosana (40), hacía nueve meses que había llegado a ese lugar. Poco más de 30.000 pesos que le entregó a un peruano le sirvieron para habitar la casa de un ambiente, una de las pocas de material de ese asentamiento. Así de simple.

Sus vecinos eran, en su mayoría, gente de trabajo. Laburantes que deben pagar una “cuota” para evitar que otros les roben, los molesten o, directamente, los expulsen del barrio para vender otra vez la casa.

Hoy, en un refugio cuya ubicación se mantendrá en reserva, Rosana vuelve hacia atrás y narra su historia reciente. Y, al mismo tiempo, sin que ella se lo propusiera, muestra una parte de la Córdoba oculta, apartada, ninguneada.

Primero, un conocido casi al pasar, le sugirió que era una buena idea que vendiera droga para un narco que parece manejar el ritmo interno de Ciudad Angelelli. Ella se negó. Casi en el acto, padeció dos allanamientos policiales, que no encontraron nada.

Al poco tiempo, aparecieron los siete delincuentes armados.

Rosana no tiene miedo en afirmar que todo estuvo relacionado con su primera negativa. Que detrás de esos policías y aquellos delincuentes, asomaba una misma mano. Y que jamás le encontraron nada de lo que buscaban, o sea, droga. Le robaron su celular y algo de dinero.

¿Querían que se fuera? ¿Buscaban obligarla a vender? ¿Sospechaban que trabajaba para otra banda? Todo es conjetura. Acostumbrada a una ley no escrita que en distintos puntos de Córdoba manda a sobrevivir por cuenta propia, jamás denunció.

Ella no duda en identificarlos. Por el sobrenombre señala al que maneja la droga. Y abajo, cuenta, asoman los más jóvenes, que tienen un rápido acceso a las armas.

Porque aquí también se repite la máxima: en aquellos sectores en los que prolifera la venta de estupefacientes, también aparecen pistolas cada vez más letales.

Son esos muchachos, de entre 15 y 20 años, los que con sólo caminar unos pasos, tienen a maltraer a los habitantes del asentamiento. A los que les cobran sólo para no molestarlos.

Como ella siempre se negó a cualquier pacto, más de una vez la amenazaron. Le mostraron armas. Le dijeron que la iban a matar.

Rosana le restaba importancia y continuaba con su ritmo habitual.

Tomaba el ómnibus para ir a trabajar en las tareas de limpieza con las que dice ganarse la vida.

Luego, regresaba a su casa, en la que soñaba poner un pequeño gimnasio de boxeo, deporte que practica, para intentar entretener aunque sea un rato a los más chicos de la zona.

Cuenta que fuman “porro” pequeños que recién se asoman a la vida, de 8 años en adelante. Que la deserción escolar es gigantesca. Y que cuando ya dejan de limpiar vidrios en el centro, el camino hacia el delito es casi directo.

Su hija adolescente también se había mudado cerca de ella, a una casa prefabricada, en la esquina, que en noviembre fue reducida a cenizas. Otro ataque impune al que tampoco le hizo caso.

El pasado lunes 15 de este mes, las dos se fueron hacia el centro, para ir a buscar a una “sobrina del corazón”, una niña de 5 años, hija de una amiga, que quería ir a dormir a su casa.

Primero regresó su hija, que volvió en el auto de un amigo. Fue entonces que vio como varios jóvenes, los mismos que ya conocía, sacaban por una ventana lo poco que podían robarle (una garrafa, un equipo de música y ropa).

Ellos, haciendo ostentación de lo que sería un código de miedo, hacían del delito un método de poder, todo en un contexto de marginalidad.

Entraron, saquearon y se fueron caminando a la vista de todos.

La hija y su amigo los persiguieron en el auto, los vieron entrar en Ciudad Obispo Angelelli y fueron a la comisaría para pedir ayuda.

Minutos después, un móvil detuvo a dos adolescente que tendrían entre 15 y 17 años, y a la madre de uno de ellos, que atacó a los agentes en medio del operativo.

La venganza fue inmediata: un grupo prendió fuego la casa de ­Rosana.

Cuando ella llegó, ya los bomberos estaban terminando de extinguir las llamas. Perdió todo. Y le dijeron que se fuera, que había peligro, no sólo estructural, sino también para su vida.

Al otro día, un policía deslizó que todo era un “ajuste de cuentas”, lo que a ella aún la indigna. Quiere que lo identifiquen, para denunciarlo.

“¿Vos te crees que si yo hubiera vendido droga o si robaba estaría viviendo en una casa en la que tenía que ir a buscar agua a una canilla en la esquina?”, pregunta.

También anhela que se recupere lo que le robaron, causa que lleva adelante el fiscal Rubén Caro, quien además intenta identificar a los autores del ataque incendiario.

Detrás de todos ellos, apunta, aparece un traficante de importancia para esa parte de la ciudad.

Hoy, Rosana es una refugiada.

Está en un lugar especial que le brinda la Provincia, mientras le piden que presente papeles que acrediten la propiedad de la casa quemada (algo que no tiene) para analizar si le entregan una vivienda social en otra parte.

“Lo que me pasó no es culpa mía, es culpa del Estado porque la Policía sabía y sabe todo lo que pasa allí y nunca hizo nada”, reniega.

Venganzas a fuego. En los últimos tiempos han proliferado los ataques. En distintos puntos de la ciudad de Córdoba, crímenes, peleas o disputas vecinales terminan con las casas de los contrincantes incendiadas. Esto genera que la Policía deba destinar recursos para vigilar esos sectores, hacer que el ataque cese e intentar proteger a los moradores. Se trata de una suerte de "código de fuego", cada vez más extendido en la ciudad de Córdoba. Otra muestra de una ley no escrita, que está lejos de las instituciones oficiales.