Salta. Pidieron condenas de hasta 16 años de prisión para los narcogendarmes
Tenían un grupo de WhatsApp donde hablaban de su actividad ilícita y enseñaban cómo acondicionar la droga.
El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, solicitó penas de entre tres y 16 años de prisión para siete integrantes de una organización narcocriminal juzgados por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados en Salta durante 2024.
Entre los imputados, hay cinco gendarmes en actividad, exonerados o que estaban a punto de ingresar a la fuerza que, según reveló la investigación, por mensajes de la aplicación WhatsApp, enseñaban cómo acondicionar la droga y vulnerar los controles en las rutas.
El pedido fue formulado el 27 de mayo pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por sus colegas Domingo Batule y Diego Matteucci, luego de que el 29 de abril se declarara la responsabilidad penal de los acusados, informó el Ministerio Público Fiscal.
La fiscalía requirió 16 años de prisión para Richar Ariel Delgado (exgendarme exonerado) Gabriel Ruiz Apaza (aspirante a la fuerza) y para Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos.
Para otro exgendarme exonerado, Adrián Emilio Escarlata, declarado responsable del mismo delito en uno de los episodios, pidió una condena de 13 años de prisión.
Respecto de Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional destinado en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, el representante del Ministerio Público Fiscal cuantificó la pena en 14 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado tanto por la cantidad de intervinientes como por su condición de funcionario público. Sin embargo, en virtud del acuerdo de colaboración celebrado con el imputado, solicitó la reducción prevista por la ley y fijó el pedido de condena en 9 años y 6 meses de prisión.
Por otra parte, para Federico Rubén Batista (también integrante de Gendarmería) y Francisco Agustín Flores (aspirante a la fuerza federal), considerados partícipes secundarios, requirió 3 años de prisión de ejecución condicional.
Los hechos investigados
El primero de los dos hechos imputados ocurrió el 19 de mayo de 2024 en la localidad salteña de General Pizarro. En esa oportunidad, el cabo primero Delgado fue detenido cuando transportaba 303 kilos de cocaína en una camioneta Toyota Hilux, procedente de Orán y con destino a Buenos Aires.
Según la acusación, la camioneta había sido aportada por Ostapowicz en Posadas, Misiones, mientras que Richar Delgado financió el operativo. El cabo Batista fue el encargado de buscar el rodado y llevarlo a Buenos Aires, para que Delgado viaje luego a Orán a buscar el estupefaciente.
El segundo episodio ocurrió el 26 de octubre de ese mismo año, en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Allí fue interceptado el exgendarme Escarlata, quien trasladaba junto a su pareja 31 kilos de cocaína ocultos dentro de la rueda de auxilio de una camioneta Volkswagen Amarok.
La investigación determinó que Ruiz Apaza había provisto el estupefaciente y que, junto con Flores, realizó tareas de acompañamiento y vigilancia durante parte del recorrido en otro vehículo que actuó como “coche puntero”.
Una investigación orientada a los niveles superiores
Durante su alegato, Toranzos destacó que el caso permitió avanzar más allá de los hechos de flagrancia que dieron origen a la pesquisa.
“El caso evidencia un alto nivel de criminalidad organizada”, sostuvo el fiscal, quien señaló que se aplicó un “modelo de investigación inverso”, consistente en partir de los procedimientos de secuestro de droga para reconstruir el funcionamiento de la estructura criminal y avanzar sobre sus niveles de dirección y financiamiento.
En ese sentido, remarcó la importancia de los mensajes extraídos de teléfonos celulares, los análisis de geolocalización, los registros de cámaras de seguridad y la información obtenida a través de acuerdos de colaboración.
