En la mañana de este miércoles, en la sala de audiencias de la Cámara 2ª del Crimen de Córdoba, se conocerá el veredicto de la jueza Inés Lucero con relación a la acusación que pesa sobre el extitular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) Raúl Edgar Bertola por su presunta responsabilidad en el homicidio culposo del remisero Arturo Maturano (64), quien cayó con su vehículo en el lecho del Guanusacate al colapsar el Puente Centenario, en Jesús María.
El siniestro se produjo en la madrugada del 1 de noviembre de 2013, cuando tras una intensa lluvia se registró una pronunciada creciente del río. Maturano cayó a las aguas turbulentas de ese cauce y su Chevrolet Corsa fue arrastrado sin que él pudiera escapar.
Al día siguiente, hallaron el vehículo junto al próximo puente del Guanusacate, pero el cuerpo del remisero recién pudo encontrarse, río abajo, tres días después.
Apenas se conoció la muerte de Maturano, se reflotó un informe técnico que se había elaborado en marzo de 2010 en el que se señalaban serias deficiencias en la estructura del puente Centenario, inaugurado en 1905.
Tras el reclamo que había formulado la Municipalidad de Jesús María, la DPV encargó el estudio que ejecutaron los especialistas Marcelo Martínez y Susana Beatriz Faustinelli, quienes indicaron que debían realizarse numerosas tareas de rehabilitación de la estructura del puente, que estaba colapsando.
Ambos profesionales concluyeron que era necesario que se restituyera la sección de mampostería de ladrillo de la fundación con mortero cementicio. Además, detallaron que la restitución debía hacerse en forma inmediata y recomendaron que el mismo se mantuviera cerrado al tránsito vehicular y peatonal.
Pero, según consta en el sistema administrativo, a una hora de presentarse el informe ante la DPV, este había sido archivado.
Desde marzo de 2010 hasta el 1 de noviembre de 2013, el puente no recibió ningún tratamiento de mejora ni paliativo para subsanar el deterioro que indicaba el informe.
Dos años después de la tragedia, el entonces gobernador José Manuel De la Sota, impuso el nombre "Arturo Maturano" al nuevo puente que la Provincia construyó en ese lugar luego de la tragedia.
A juicio
El juicio en contra de Bertola comenzó el lunes pasado en la Cámara 2ª con el tribunal de sala unipersonal a cargo de la vocal Inés Lucero y la acusación del fiscal de cámara Gustavo Dalma.
En el debate, así como durante todo el proceso judicial, interviene el penalista Carlos Nayi, quien representa a los cuatro hijos del trabajador que estaba a un mes de jubilarse. Ellos son Judith, Edith, Arturo y Walter Maturano.
Ese día se leyó la acusación y el imputado -asesorado por los defensores Julio y Juan Deheza- señaló que no iba a declarar en la audiencia y que se remitía a lo que había depuesto en la instrucción.
En esa primera audiencia declaró el experto Martínez, quien reiteró el contenido del informe que elaboró junto a Faustinelli y explicó que se había advertido sobre el deterioro del puente, que estaba colapsando y requería mantenimiento de inmediato.
Recomendación
Hay que agregar un detalle interesante sobre algo que ocurrió durante la declaración de Martínez.
El especialista opinó que en la provincia de Córdoba muchos puentes pueden estar en condiciones similares a las que él denunció respecto del derrumbado Puente Centenario.
Por esto, el fiscal Dalma pidió a la jueza que se emita una recomendación para que se releven todos los puentes del ámbito provincial, sean estos municipales, provinciales o nacionales.
Alegatos
En la segunda audiencia, este martes, se escucharon las conclusiones de las partes, que reafirmaron sus posturas iniciales. Los acusadores -público y privado- sostuvieron los términos de la requisitoria fiscal y pidieron sanciones para Bertola, mientras que Deheza padre e hijo pidieron la absolución.
El fiscal Dalma solicitó una pena de tres años de prisión, de ejecución en suspenso, más inhabilitación especial por el término de 10 años para el ejercicio de cargos públicos. La figura penal fue la original, homicidio culposo, que tiene una pena de uno a cinco años de prisión.
El querellante particular Nayi fue más allá de lo solicitado por el Ministerio Público y pidió a la jueza Lucero que condene a Bertola a cuatro años de prisión (efectiva) y 10 años de inhabilitación especial.
Julio Deheza alegó en favor de la absolución e insistió con planteos realizados durante la instrucción, sobre la insubsistencia de la acción penal, más allá de la condición de funcionario público. El penalista reiteró su rechazo a que un acusado sea perseguido durante tantos años, sin un juicio. En este caso, han transcurrido más de 12 años desde la muerte de Maturano.
Esos planteos también fueron discutidos y analizados en distintas instancias recursivas de la instrucción.
Definición
Para este miércoles pasó la resolución de este juicio oral y público. Se prevé, desde las 9.30, la penúltima palabra a cargo de los familiares de la víctima y luego la última palabra del acusado.
Finalmente, la vocal Lucero pasará a deliberar para dictar sentencia, muy probablemente antes del mediodía.
