Parte de los integrantes de una organización acusada de desplegar distintas maniobras para cometer presuntas estafas virtuales en Córdoba irá próximamente a juicio, mientras que otros miembros de la banda ya reconocieron su responsabilidad en los hechos.
Los últimos fueron condenados o avanzan hacia acuerdos de juicio abreviado con la Justicia.
La investigación es encabezada por el fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger, quien logró reconstruir una compleja estructura delictiva que habría operado desde al menos agosto de 2024.
La banda habría tenido —según la pesquisa— ramificaciones tanto dentro como fuera de establecimientos penitenciarios.
Los investigadores aseguran que los integrantes de la organización utilizaban diferentes ardides para captar víctimas, acceder a sus cuentas bancarias y apropiarse de importantes sumas de dinero.
Fueron esenciales, para la comisión del delito, una cantidad significativa de cuentas bancarias, billeteras virtuales y una imbricada logística para mover rápidamente los fondos obtenidos de manera fraudulenta.
En total, la causa tiene siete personas involucradas.
El principal acusado es Nicolás Agustín Almada, actualmente prófugo. Está imputado como el presunto jefe de la asociación ilícita y por dos hechos de estafa en calidad de partícipe necesario.
También está acusado Ezequiel Daniel Moreno. Para los pesquisas es el supuesto organizador de la estructura y permanece detenido e imputado por liderar la aparente asociación ilícita, dos hechos de estafa y un hecho de encubrimiento agravado.
Completan la nómina Sol María Galván, Franco Miguel Barrionuevo, Diego Daniel Moreno y Emanuel José Pérez, señalados como presuntos miembros de la organización.
Los cuatro tienen distintos grados de participación en las maniobras investigadas.
A ellos se suma Hernán Agustín Kadlec, acusado por hechos de estafa y tentativa de estafa.
De todos ellos, Pérez ya fue condenado mediante un juicio abreviado inicial.
En tanto, Barrionuevo acordó reconocer su responsabilidad y recibir una pena de tres años de prisión efectiva junto con una compensación económica de un millón de pesos para la víctima.
Moreno se encuentra en vías de cerrar un acuerdo similar, según informaron fuentes tribunalicias, que contempla también tres años de prisión efectiva y el pago de una reparación económica.
Los restantes acusados continuarán el camino hacia el juicio oral. Kadlec se opuso al requerimiento de citación a juicio.
La banda de la “página web”
La investigación permitió establecer que la organización utilizaba distintos mecanismos para engañar a sus víctimas. Uno de los más frecuentes consistía en la creación o utilización de páginas web apócrifas que simulaban operaciones comerciales legítimas.
Las víctimas eran atraídas mediante publicaciones o sitios falsos donde se ofrecían productos o servicios.
Una vez que las víctimas realizaban consultas o intentaban concretar una compra, eran contactadas por integrantes de la organización que, mediante llamados telefónicos, videollamadas o mensajes, se hacían pasar por representantes de empresas reconocidas.
En algunos casos les informaban que tenían un reintegro pendiente por compras realizadas por internet.
En otros, les aseguraban que debían completar determinados pasos para recibir un producto o recuperar dinero.
Siempre eran despojados de sus datos bancarios.
A través de esas maniobras lograban que las víctimas facilitaran claves bancarias, datos personales o instalaran aplicaciones de acceso remoto en sus dispositivos.
Con la información accedían a cuentas bancarias y billeteras virtuales desde donde efectuaban transferencias hacia cuentas controladas por la organización.
La pesquisa atribuye a la banda al menos dos grandes estafas. Una de ellas tuvo como víctima a una mujer mendocina que sufrió un perjuicio económico superior a los 15 millones de pesos y 350 dólares.
El otro caso tuvo como damnificado a un hombre que había realizado una compra online y terminó perdiendo más de 43 millones de pesos luego de que los estafadores accedieran a su homebanking.
La organización también habría participado en maniobras más simples, aunque igualmente fraudulentas. Entre ellas figuran operaciones realizadas mediante aplicaciones falsas de Mercado Pago con las que simulaban transferencias bancarias para obtener mercadería sin abonarla.
Una de esas maniobras fue descubierta por el dueño de una pizzería de Río Ceballos, quien advirtió que el comprobante exhibido era apócrifo. Otra, en cambio, se concretó exitosamente en un kiosco de la misma ciudad.
Una investigación minuciosa
La causa tomó impulso a partir de una investigación por un hecho de encubrimiento que involucró a Ezequiel Moreno.
Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron un teléfono celular cuyo análisis permitió descubrir abundante evidencia vinculada con una presunta organización dedicada a las estafas virtuales.
A partir de allí, el fiscal Klinger y personal del Departamento de Delitos Económicos comenzaron a reconstruir el funcionamiento interno de la banda.
Las tareas incluyeron intervenciones telefónicas, análisis de movimientos bancarios, informes de entidades financieras, peritajes sobre dispositivos electrónicos y numerosos allanamientos realizados en Córdoba, Unquillo, Río Ceballos y otras localidades.
Los investigadores detectaron una estructura con roles claramente definidos.
Según la acusación, Almada actuaba como jefe de la organización, mientras que Ezequiel Moreno cumplía funciones de organizador y coordinador operativo.
Los demás integrantes aportaban cuentas bancarias y billeteras virtuales donde se recibía el dinero obtenido mediante las maniobras fraudulentas.
Posteriormente realizaban nuevas transferencias para dispersar los fondos y dificultar su rastreo.
La pesquisa también determinó que algunos contactos con las víctimas habrían sido realizados desde establecimientos penitenciarios, mientras que los miembros que permanecían en libertad se encargaban de mover el dinero y distribuir las ganancias.
Los investigadores lograron reconstruir conversaciones que describían un sistema de reparto porcentual de las ganancias obtenidas en cada estafa, además de la permanente búsqueda de nuevas cuentas bancarias para continuar operando.
La confesión
Cómo se dijo, la causa ya produjo sus primeras condenas.
Emanuel José Pérez fue condenado mediante un juicio abreviado inicial a tres años de prisión efectiva por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro.
A esa resolución se sumó recientemente el acuerdo alcanzado por Franco Miguel Barrionuevo, quien aceptó una pena de tres años de prisión efectiva y el pago de una compensación económica de un millón de pesos a una de las víctimas.
Asimismo, Diego Daniel Moreno se encuentra próximo a formalizar un acuerdo de similares características.
De esta manera, casi la mitad de los integrantes identificados en la investigación optó por reconocer su participación en los hechos para evitar la realización de un juicio oral.
En cambio, Almada —todavía prófugo—, Moreno, Galván y Kadlec continuarán sometidos al proceso judicial y deberán enfrentar la etapa de debate.
La expectativa de la Fiscalía es que el juicio permita profundizar el análisis de una estructura que, según la acusación, operó durante meses mediante estafas virtuales, falsas representaciones comerciales y movimientos coordinados de dinero, generando perjuicios millonarios a sus víctimas.
