La fiscal de instrucción de Casos Complejos de Córdoba, Valeria Rissi, solicitó la elevación a juicio de la causa por presuntas estafas inmobiliarias de Miguel Ángel Tallone (63) y sus dos hijos, Franco (34) y Romina Tallone (33), responsables de la firma Crea Grupo Constructor.
Según la acusación, los tres están imputados por supuestos 22 hechos de estafas reiteradas, acusados de montar una sofisticada estructura corporativa con la que habrían engañado a decenas de clientes que les pagaron por la construcción de sus viviendas "llave en mano" o a través de créditos bancarios.
La investigación de Rissi detalla una distribución de tareas y de roles específicos diseñada por el grupo familiar para el funcionamiento de la presunta maniobra delictiva: Miguel Ángel Tallone está identificado como el supuesto director y coordinador general de las empresas.
Él estaba a cargo –según las actuaciones– del manejo estratégico de los fondos y de las principales negociaciones comerciales con los damnificados.
Franco Tallone se desempeñaba formalmente como administrador, socio gerente y presidente de las firmas. Su rol principal consistía en la supuesta coordinación de cuadrillas de trabajo en los terrenos, la logística de materiales y las compras a proveedores, según lo que acusa Rissi.
Romina Alejandra Tallone, señala el expediente, ocupaba un rol activo en la administración diaria de las oficinas, la gestión del personal, la confección de los contratos, la recepción de los pagos en efectivo y la atención posventa de los clientes que reclamaban por las demoras.
En esta causa actúan como querellantes los abogados penalistas Carlos Nayi, Mario Ponce y Joaquín Nores.
Los acusados se declararon inocentes de las imputaciones.
Dinámica corporativa
Siempre según la acusación, el esquema delictivo comenzó a gestarse en marzo de 2018 con la creación de Crea Grupo Constructor SRL, una sociedad integrada originalmente junto con otros socios que al parecer desconocían el plan. Aunque la firma inició los trámites ante el Registro Público de Comercio, la inscripción formal fue abandonada de manera deliberada y nunca se completó.
A pesar de la falta de registro, la familia alquiló una imponente y estratégica oficina comercial sobre Emilio Lamarca al 4100, en un coqueto centro comercial del corazón de barrio Urca de la ciudad de Córdoba. Allí montaron una infraestructura de grandes dimensiones con múltiples boxes de atención, y contrataron a arquitectos y a vendedores legítimos.
Esta fachada de solidez y profesionalismo lograba generar confianza tanto en los empleados –quienes vendían los servicios desconociendo el trasfondo– como así también en el público en general, según la causa.
En mayo de 2019, para continuar con la operatoria, constituyeron Crea Grupo Constructor SAS y lograron esta vez la inscripción formal.
Posteriormente, a medida que los incumplimientos de las primeras viviendas comenzaban a acumularse, y con el objetivo de diluir los reclamos y captar nuevos clientes, los Tallone crearon en agosto de 2021 una nueva sociedad denominada MFRT SAS (utilizando las iniciales de sus nombres y el apellido), según la causa.
A mediados de 2022, mudaron las oficinas de atención a la calle Benigno Ocampo, en barrio Alejandro Centeno, un espacio que fue cerrado de manera intempestiva en diciembre de 2023.
"Llave en mano" como anzuelo
La acusación señala que la modalidad del supuesto engaño consistía en ofrecer, de manera financiada y bajo el atractivo formato de "sistema llave en mano", la construcción de viviendas residenciales y piletas. El catálogo promocional incluía diversos modalidades constructivas, como la tradicional, steel frame, wood frame y paneles Emmedue.
Para captar de forma masiva a los clientes, los imputados desplegaron una fuerte campaña de marketing que incluía: páginas web corporativas y publicidad activa en perfiles de redes sociales como Facebook e Instagram.
La causa señala que también se utilizó la presunta exhibición engañosa de renders digitales y fotografías de viviendas lujosas terminadas, las cuales en realidad no habían sido construidas por su empresa. Además, se los acusa de ofrecer visitas guiadas a supuestas obras en desarrollo que se encontraban bajo su órbita.
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De igual modo, se indica que aplicaron estrategias de flexibilidad financiera atractivas, tales como "financiación propia", permutas mediante canjes y facilidades de pago adaptadas con "cuotas flexibles".
Un punto clave del esquema fue la captación de beneficiarios de programas estatales de vivienda, como el Crédito Procrear y el plan provincial Lo Tengo.
Sabiendo que los beneficiarios contaban con fondos frescos de los primeros desembolsos bancarios –señala la acusación–, los Tallone adecuaban los contratos preimpresos a las exigencias de estos créditos, otorgándoles una presunta falsa "prioridad de agenda de obra".
Maniobra bajo sospecha
Una vez que el cliente mostraba interés, presuntamente se lo inducía a error mediante la envergadura de la constructora. La empresa exigía usualmente la entrega de un anticipo equivalente al 50% o al 30% del valor total de la obra (en dólares o en pesos en efectivo) como condición obligatoria para enviar al arquitecto, confeccionar los planos finales e iniciar los movimientos de suelo en el lote.
En algunos casos, los acusados lograban que los clientes les entregaran físicamente sus tarjetas de débito institucionales para realizarles extracciones y débitos diarios automáticos en las oficinas comerciales.
Cuando los plazos de entrega pactados (que oscilaban entre cuatro y 12 meses) vencían y las obras ni siquiera habían comenzado, los damnificados iniciaban los reclamos. Para disimular la supuesta premeditada inacción y mantener el engaño el mayor tiempo posible, los Tallone ordenaban forzosas inversiones imprescindibles, siempre según la acusación.
El relato de los hechos indica que enviaban cuadrillas temporales a los terrenos para realizar tareas iniciales de nivelación de tierra o la construcción exclusiva de la platea de hormigón.
Una vez ejecutada la base, las obras se paralizaban por completo bajo sucesivas excusas presentadas por Romina o Miguel Tallone: problemas de logística, demoras burocráticas municipales, falta de albañiles o las restricciones sanitarias de la pandemia, de acuerdo con la causa.
Finalmente, tras meses de dilaciones, con exigencia de más dinero para "acopio de materiales" y "congelamiento de precios", la empresa cortaba toda comunicación, cerraba sus sedes y dejaba las estructuras abandonadas, con graves deficiencias de construcción y el perjuicio patrimonial total para los compradores.
