La Cámara de Acusación confirmó la elevación a juicio de la causa que tiene como principal imputado a Raúl Omar Costa, quien fuera secretario de Ambiente de la provincia durante la década pasada.
El exfuncionario -ya condenado por una causa similar- debe responder por el presunto delito de abuso de autoridad, tras haber autorizado de manera indebida el loteo "Candonga", ubicado en una zona de altísimo valor ecológico de las Sierras Chicas.
La decisión judicial desestima las apelaciones presentadas por la defensa y convalida la investigación que señala que Costa, en el ejercicio de sus funciones, habría dictado resoluciones contrarias a las leyes nacionales y provinciales de protección del bosque nativo.
El caso Candonga no es un hecho aislado, sino que se suma a un historial de decisiones administrativas que han terminado en los tribunales cordobeses.
Loteo sobre bosque nativo
El corazón del expediente radica en la autorización que Costa otorgó durante su gestión en 2010 al proyecto inmobiliario desarrollado por la firma Ticupil SA. Este emprendimiento pretendía urbanizar un sector aledaño a la histórica Capilla de Candonga, en jurisdicción de El Manzano. De hecho, se han construido varias viviendas, con moradores, hasta que se frenó el emprendimiento.
Según el reciente fallo de la Cámara de Acusación -integrada por Maximiliano Davies (presidente), Carlos Salazar y Patricia Farías-, Costa firmó el aviso de proyecto y la posterior resolución que permitía el loteo, a pesar de que el terreno está en zona categorizada como "Roja" y "Amarilla" por la ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Bajo esta normativa, cualquier tipo de intervención que implique un cambio en el uso del suelo o la pérdida de biodiversidad está estrictamente prohibida.
El tribunal subraya que el exsecretario habría ignorado los informes técnicos y las advertencias de los equipos de la propia Secretaría, que indicaban que el proyecto afectaba el ecosistema serrano y la cuenca hídrica.
La autorización fue calificada por la instrucción en el fuero Anticorrupción como un acto administrativo arbitrario, que buscó dar una pátina de legalidad a un desarrollo inmobiliario que, por su ubicación, era inviable desde el punto de vista ambiental.
Antecedente de condena
El nombre de Raúl Costa no es nuevo en los pasillos de Tribunales 2. Esta confirmación de juicio llega poco después de que el exfuncionario fuera protagonista de otro proceso histórico. En una sentencia anterior, Costa fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, también por el delito de abuso de autoridad.
En aquella oportunidad, la Justicia determinó su responsabilidad penal por haber autorizado obras en zonas protegidas para la empresa Electroingeniería y para un emprendimiento de la firma Gama SA (El Dorado II).
En ambos casos, el patrón fue idéntico: el uso del cargo público para validar proyectos que violaban las leyes de protección del bosque nativo en áreas donde la degradación ambiental es irreversible.
Además, en el plano civil, la Justicia ya había dictado un freno al country de Candonga, declarando la ilegalidad de las autorizaciones otorgadas. Aquel fallo fue un triunfo para las organizaciones ambientalistas y las asambleas de vecinos de Sierras Chicas, quienes fueron los primeros en denunciar el "ecocidio" en curso y la connivencia entre el poder político y los desarrollistas inmobiliarios.
Fundamentos de la cámara
En la resolución dictada el pasado 1 de abril de 2026, los vocales de la Cámara de Acusación fueron contundentes al rechazar los planteos de nulidad de la defensa. El fallo sostiene que existe "probabilidad positiva" de que Costa haya actuado con dolo, es decir, con plena conciencia de que estaba violando la normativa vigente.
Entre los fundamentos más relevantes del fallo se destacan:
- Omisión de la Ley 9814: el tribunal considera que Costa evitó aplicar el principio precautorio y la normativa que protege el bosque nativo, facilitando un beneficio económico a privados por encima del interés público y ambiental.
- Irregularidad en el proceso: se señala que el trámite administrativo se aceleró de forma inusual para otorgar la factibilidad del loteo sin los estudios de impacto ambiental correspondientes que exige la Ley General del Ambiente.
- Responsabilidad funcional: los jueces remarcaron que el secretario de Ambiente es el "custodio máximo" del patrimonio natural de la provincia, y que sus decisiones no pueden estar desconectadas de la realidad técnica y científica de los suelos que administra.
Celebra asamblea de vecinos
La confirmación de este juicio es vista como un hito por las organizaciones civiles. Durante más de una década, las asambleas ambientales de Córdoba han sostenido que la pérdida de masa boscosa en las sierras es la causa directa de las inundaciones y las sequías que afectan a la región.
El nuevo juicio contra Costa no solo decidirá una eventual sanción penal contra el exfuncionario, sino que también pone en tela de juicio los mecanismos de control estatal sobre el suelo cordobés.
La Justicia frenó el country de Candonga por haber sido autorizado ilegalmente: ¿y lo ya construido?
Mientras la defensa sostiene que se trató de "errores administrativos" o diferencias de interpretación jurídica, la acusación -impulsada por la fiscalía y los querellantes representados por el abogado Juan Smith- asegura que se trató de un plan sistemático para favorecer negocios inmobiliarios en zonas donde la ley decía "no".
Con la inhabilitación para ejercer cargos públicos ya firme por su condena anterior, Raúl Costa enfrenta ahora la posibilidad de que se unifiquen penas en caso de una nueva sentencia condenatoria. No hay que olvidar que la condena es de prisión en suspenso.
Por el momento, la causa Candonga queda a un paso del debate oral y público, donde se espera que desfilen peritos ambientales y excolaboradores de la Secretaría de Ambiente para terminar de desentrañar cómo se autorizó un loteo en el corazón protegido de las sierras.
