Licencian a jefe policial por el espionaje
Se trata del comisario mayor Ariel Ávila, procesado por la Justicia federal. También fue relevado de su cargo el otro policía investigado. Ambos están sospechados de hacer seguimiento a particulares y a empresas a través de las sábanas telefónicas.
Los dos uniformados procesados por la Justicia federal por el presunto espionaje ilegal a través de sábanas telefónicas fueron licenciados por la Jefatura de la Policía de Córdoba.
Se trata del comisario mayor Ariel Ávila, hoy jefe de Delitos Complejos, y el sargento Rubén Adrián López, quienes están imputados desde 2009 (y procesados desde marzo de este año), por el delito de “falsedad ideológica” (con penas de uno a seis años de cárcel).
Según la investigación que lleva adelante la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, luego avalada en su mayor parte por el juez Alejandro Sánchez Freytes, los dos policías están acusados de haber falsificado y alterado oficios judiciales para obtener de manera ilegal sábanas telefónicas.
La trama oculta de esta causa fue revelada el domingo por La Voz del Interior. El lunes, en tanto, desde la Jefatura de Policía se tomó la determinación de licenciar a ambos.
Este diario había informado que Ávila no sólo no había sido sancionado, pese a estar imputado desde 2009 (y procesado desde marzo), sino que incluso fue ascendido de jerarquía.
Tras el escándalo, que incluyó un allanamiento en Jefatura en noviembre de ese año, pasó de comisario inspector a comisario mayor y en los últimos meses quedó como jefe de la división Delitos Complejos.
De acuerdo con los informantes, Ariel Ávila fue licenciado, lo que significa que “por el momento” no continuará al frente del área. El Tribunal de Conducta Policial, en tanto, aún no resolvió su situación administrativa.
Las sanciones previstas
Por lo general, cuando los efectivos son imputados o procesados por la Justicia, quedan en situación pasiva (se les retiene el 70 por ciento del sueldo y no pueden portar el arma reglamentaria) hasta que se esclarezca la situación judicial.
En el caso de ser condenados, son cesanteados o exonerados; en cambio, de llegar a ser sobreseídos o absueltos (depende la instancia del proceso), regresan al cargo que tenían y les devuelven el dinero retenido.
Al respecto, ayer fuentes del Tribunal de Conducta Policial indicaron que se habían enviado diferentes oficios a la Justicia federal para poder acceder a las distintas medidas probatorias que permitirían aplicarles una sanción administrativa (la única que ejecuta el Tribunal). Se justificó que como aún no ha habido ninguna respuesta, este proceso no se ha podido realizar hasta hoy. “Existe un cortocircuito con la Justicia federal”, subrayaron.
En la misma línea, se indicó que el jefe de la fuerza, comisario general Julio César Suárez no tomará ninguna resolución porque jamás desde la Justicia federal se comunicó a Jefatura sobre las imputaciones o sobre el procesamiento de estos dos policías, pese a que se trata de una causa que ya lleva más de cuatro años.
“Si llega a existir alguna comunicación oficial, seguramente habrá una determinación más severa”, advirtió una de las fuentes oficiales.
La causa
La causa se remonta a noviembre de 2009 cuando, de manera anónima, alguien envió un sobre al Juzgado Federal N° 2 que contenía los documentos que, desde la División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones (Daic), de la Policía, se enviaban por fax a empresas de telefonía, donde detallaban nombres y teléfonos, para solicitar las sábanas telefónicas y el registro completo de los mensajes de texto.
En total, centenares de números de teléfonos fijos y celulares que no habían sido solicitados por ningún juez o fiscal. Números que eran agregados (se supone que de manera ilegal) para obtener información de personas y empresas que no estaban siendo investigadas judicialmente.
La causa terminó abriéndose en el Juzgado N° 3, que estaba de turno, por lo que fue la fiscal Graciela López de Filoñuk la que tomó el caso.
La fiscal encontró que en varias ocasiones se usaron papeles con membretes judiciales y se les insertaron fotocopias de las firmas de jueces y funcionarios judiciales para darles apariencia de oficiales.
En esa época, Ávila era el titular de la División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones (Daic), cargo que tenía desde fines de 2007. Con él trabajaba el entonces sargento López, el otro procesado, hoy en la división Explosivos.
Cabe aclarar que no se trataba de realizar escuchas telefónicas, algo que sólo puede realizarse con orden judicial a través de la Secretaría de Inteligencia (ex-Side), sino de obtener sábanas telefónicas con el cruce de llamadas, los titulares de líneas de teléfonos y los mensajes de texto.
Con estos datos, un investigador avezado puede establecer las ubicaciones y la movilidad de la persona que utilizaba el teléfono (a través de las antenas que tomaron las llamadas), además de rastrear con quiénes mantenía conversaciones, lo que le permite trazar todo un mapa sobre sus movimientos y contactos diarios.
En síntesis, se trata de una forma de realizar espionaje, con datos muy precisos, sin la necesidad de intervenir los teléfonos.
En la causa, la fiscal comprobó, además, que Ariel Ávila y Rubén López pedían a las empresas telefónicas que les enviaran las respuestas a un correo electrónico a los que sólo ellos accedían.
Objetivo
Por discernir. ¿Con qué objeto hacían el seguimiento? Hasta hoy, la Justicia federal no pudo establecer para qué ni para quiénes se realizaba esta supuesta maniobra delictiva. Sin embargo, según publicó este diario el domingo último, diferentes fuentes remarcaron que esta clase de "servicios" puede ser vendido a particulares, que van desde empresas de detectives privados que realizan seguimientos por infidelidades amorosas hasta empresarios preocupados en conocer los movimientos de sus competidores. En el medio de este abanico, cualquier persona pudo ser espiada.
