La realidad superó a la ficción. La tan remanida máxima encontró su lugar, esta vez, en la increíble historia de una abogada acusada de haber engañado a clientes con falsas sentencias favorables por cerca de 2.400 millones de pesos, adjudicadas a un juez federal de Córdoba capital.
El caso generó sorpresa en los pasillos de Tribunales federales por el tenor de las maniobras achacadas a María Auxiliadora Duffey Laxague (58), una abogada uruguaya radicada en Córdoba.
La letrada, con matrícula federal, fue sobreseída en las últimas por el juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, por los delitos de estafa y defraudación con pretexto de influencias sobre jueces o funcionarios, por reparación integral del perjuicio.
El caso de la abogada y los fallos judiciales truchos en Córdoba
Las maniobras achacadas a Duffey Laxague se remontan a agosto de 2024. Por entonces, presentó un amparo ante el propio juzgado de Sánchez Freytes, en representación de un cliente, para reclamar la restitución de impuestos a las Ganancias erróneamente devengados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca, ex-Afip).
Confiando en que la abogada llevaría a cabo su representación judicial, el damnificado le abonó honorarios por $ 6.942.618 mediante transferencias bancarias y el pago de mercadería.
Durante los meses posteriores a la presentación del amparo, Duffey Laxague, valiéndose de distintos ardides por Whatsapp y videollamadas, le informó sobre las supuestas novedades en el caso cuando, en realidad, el juez ya había rechazado el recurso.
El magistrado, incluso, archivó la causa en septiembre de ese año porque la abogada no cumplió con la carga digital del escrito y la documentación necesaria para continuar con el trámite.
Luego de que el perjudicado consultara a su letrada sobre la marcha del caso sin saber que el amparo ya había sido rechazado, Duffey Laxague le envió por WhatsApp dos “novedades”: una falsa sentencia, atribuida al juez Sánchez Freytes, a través de la cual ordenaba a Arca al pago de $ 798.432.569 al amparista. Incluso, en el fallo trucho agregó una firma electrónica falsa del magistrado.
Pero no fue lo único, ya que el fiscal Enrique Senestrari (actualmente de licencia) detectó que la abogada había emitido un oficio electrónico judicial apócrifo dirigido al Banco Nación sucursal Córdoba. En él, de manera falaz, se confirmaba el depósito de la millonaria suma (inexistente, en realidad) en la cuenta del juzgado.
Además, Duffey Laxague le envió un decreto trucho, atribuido de forma falsa al secretario Patricio Lutteral (quien en realidad no se desempeña en el Juzgado N° 2 sino en el N° 3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja), a través del cual se agregaba al expediente del caso la respuesta del Nación.
El fiscal Senestrari la imputó por haber estafado al cliente por $ 6.942.618 (el valor de los honorarios pagados). Sin embargo, le endilgó haber engañado también a otros representados un mes antes y con la misma mecánica.
Tras cobrarle seis millones de pesos para iniciar el amparo por el reclamo ante el juez Sánchez Freytes, le pidió al cliente otros $ 4 millones ($ 2 millones en transferencia y $ 2 millones en efectivo) para entregárselos a un empleado del juzgado a fin de que “moviera” rápidamente el expediente.
Sánchez Freytes rechazó el amparo, decisión que quedó firme porque Duffey Laxague presentó una apelación fuera de los plazos previstos por la ley procesal. Como en el caso anterior, nuevamente envió a su representado una sentencia apócrifa favorable, atribuida de forma falaz al juez, en la que este ordenaba al fisco el pago al amparista de $ 751.860.190.
Para generar la impresión de veracidad, no sólo le envió a su cliente el fallo trucho sino otros dos escritos igualmente falsos: el de confirmación de que el Nación había depositado el dinero en la cuenta del juzgado y de que esa constancia había sido ingresada al expediente (atribuido engañosamente al secretario Lutteral).
El tercer caso fue una copia “calcada” de los anteriores. El cliente le pagó honorarios por $ 6 millones por presentar el amparo y le solicitó unos $ 3,2 millones extra para un presunto empleado judicial, en este caso del Juzgado N° 3 (de Vaca Narvaja), que aceleraría el expediente.
A pesar de los “avances” informados al cliente, Duffey Laxague en realidad había renunciado al patrocinio. No obstante, el fiscal le achacó haber hecho creer a su representado que había obtenido un fallo favorable y que cobraría $ 798.987.946. Una vez más, todo era falaz: el fallo a favor, el propio dictado de la sentencia, la respuesta del Nación y el decreto firmado por el secretario Lutteral.
Pero a diferencia de los otros dos casos, la abogada cometió al parecer un error al consignar que el fallo había sido dictado por el juez Sánchez Freytes (Juzgado N° 2) cuando, en realidad, ella había presentado el amparo en el Juzgado N° 3. También cometió un equívoco en el número del caso.
La repetición de las maniobras (incluso en los valores de las falsas sentencias favorables, siempre en torno de los casi $ 800 millones en cada uno de los casos) no pasaron inadvertidas para los investigadores. “Es insólito. En los 30 años de juez federal, nunca pasó una cosa así”, comentaron a La Voz en el juzgado de Sánchez Freytes sobre la fabricación de fallos en su nombre.
Ya no en condición de abogada, sino como imputada, Duffey Laxague se abstuvo de declarar. Para zafar del juicio, ofreció abonar $ 31.431.600 como reparación total del perjuicio a los damnificados. También propuso realizar tareas comunitarias.
Acuerdo de reparación
El fiscal consideró que la propuesta era adecuada para reparar integralmente el daño ocasionado y el propio juez Sánchez Freytes hizo lugar a la reparación en octubre del año pasado.
Ordenó, además del cumplimiento de tareas comunitarias, que abonara finalmente $ 34.431.600 en total en ocho cuotas mensuales, distribuidas de la siguiente forma: $ 8.331.600 a uno de los damnificados, $ 12 millones a otro y $ 11,1 millones al tercero.
Posteriormente, la mujer cumplió con los pagos y ahora la sobreseyó parcialmente (esto último porque arrastra otra causa federal por presunta estafa).
El magistrado notificó al Colegio de Abogados de Córdoba los antecedentes de la abogada, pero su matrícula sigue activa y continúa ejerciendo. Si cuenta, según pudo confirmar La Voz, con dos apercibimientos privados impuestos por el Tribunal de Disciplina.
Qué dijo la defensa
Consultado por La Voz, el abogado Leonardo Monti, del estudio Elettore & Vezzaro, envió un comunicado: "La resolución dispone el sobreseimiento parcial de mi defendida por extinción de la acción penal, en virtud del instituto de reparación integral del perjuicio previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal”.
“Se trata, ni más ni menos, de la aplicación de una herramienta legal de fondo que permite canalizar determinados conflictos penales, principalmente aquellos que tienen un contenido patrimonial, mediante una reparación concreta, útil y verificable, bajo control del Ministerio Público Fiscal y del juzgado interviniente”, agregó.
“En este caso, la propuesta fue considerada adecuada por la fiscalía. La reparación fue cumplida en favor de las personas damnificadas, en los términos controlados por el Tribunal. Y también se tuvo por cumplida la realización de las tareas comunitarias oportunamente dispuestas. Sobre esa base, el juzgado declaró extinguida la acción penal respecto de los hechos alcanzados por el sobreseimiento”, afirmó.
Sin embargo, indicó que “por respeto al proceso y a las cuestiones que aún pudieran quedar pendientes”, la defensa no realizará “otras valoraciones” sobre el trámite de la segunda causa acumulada a esta.
Por otro lado, en 2020, Pan American Energy (PAE), controlante de Axion, la había denunciado por presunta estafa procesal, defraudación por contrato simulado, falsificación de documentos públicos y uso de documento adulterado o falso. Fue porque supuestamente la abogada habría fraguado un acuerdo inexistente por el que la empresa reconocía indemnizar económicamente a demandantes, según el sitio De Petróleo. No fue posible confirmar su situación en ese caso, ya que el Estudio Elettore & Vezzaro no formó parte de la defensa en ese expediente.
Por otro lado, Duffey Laxague fue abogada y pareja del expolicía Horacio Grasso, enviado a juicio por presunto abuso sexual de una mujer (en una causa) y de haber asesinado a Milagros Basto (en otro caso), la joven cuyos restos fueron hallados en el departamento del imputado.
En 2019, la abogada denunció que Grasso —mientras debía cumplir prisión domiciliaria— llegó al edificio donde su pareja residía y le dijo al portero que había ido a matarla. Duffey Laxague también sostuvo que la amenazó por teléfono y por WhatsApp, según la información judicial a la que accedió La Voz.
