Guardias niegan haber fogoneado el motín

Julio Juárez, guardia y delegado gremial del Complejo Esperanza, negó que el personal del establecimiento haya fogoneado el motín registrado el domingo en el Instituto Nuevo Sol, uno de los sectores que conforman el complejo de Bouwer donde están alojados adolescentes en conflicto con la ley penal en Córdoba. "Un motín no se produce por algo en particular, se da por acumulación de malestares", aseguró Juárez y agregó: "En este caso, los chicos estaban molestos con ciertas prohibiciones de las nuevas autoridades y la gota que colmó el vaso se produjo cuando no les dejaron ingresar un DVD y unos pen drive ".Juárez relató que el motín se veía venir porque "los chicos se habían sentido maltratados el viernes pasado cuando pidieron colchas y les contestaron que si tenían frío les iban a cerrar las ventanas"."Es descabellado decir que fue algo fogoneado por los guardias", dijo el delegado gremial del Complejo Esperanza, quien reiteró demandas históricas del personal. "Acá lo único que queda son los guardias, por lo que los chicos lo único que hacen es vivir, no tienen otra actividad, sólo a veces los sacamos a jugar al fútbol", sintetizó Juárez.Por su parte, la legisladora provincial Liliana Montero, del Frente Cívico, consideró que "el Complejo Esperanza es un centro socio educativo, pero nada tiene de socio educativo. Si de las 24 horas del día, 23 horas (los chicos) están encerrados, no puede salir nada bueno". En declaraciones a Cadena 3, Montero dijo que "si lo más sano que tiene es la escuela, la sanción no puede ser que no vayan a la escuela, deberían ir a doble turno".Los motines ya parecen habituales en el Complejo Esperanza. En diciembre pasado, los protagonistas fueron los propios guardias. Luego, en febrero de este año, se registró otro levantamiento, esta vez, de internados.Un grupo de legisladores opositores presentaron un hábeas corpus para que se mejore la infraestructura, el hacinamiento, la insuficiencia de recursos humanos y materiales, y la mala alimentación. La Justicia hizo lugar a la acción en abril y le ordenó a la Provincia revertir la situación.