Guardia baleado tenía un arma de juguete

El guardia de la empresa de seguridad privada que realizaba tareas de custodia en una estación de servicio, y que el lunes de la semana pasada fue baleado por un grupo comando que se alzó con más de medio millón de pesos, no llevaba un arma oficial, sólo tenía una pistola de juguete. El dato fue confirmado por el fiscal de Distrito 3 Turno 1, Miguel Oyhanarte, quien tiene a su cargo la investigación del violento asalto, ocurrido el lunes 31 de marzo a las 7.50 en la estación de servicio YPF ubicada en Juan B. Justo al 5700, barrio Panamericano, de la ciudad de Córdoba.Hasta allí llegaron por lo menos cinco delincuentes armados, quienes se movilizaban en un auto oscuro (sería un Renault Sandero Stepway) y dos motos (dejaron una abandonada).De inmediato, se dirigieron hacia las oficinas y con una maza rompieron la vidriera. Bajo amenazas, se alzaron con la recaudación del fin de semana, que era contada mientras esperaban el camión transportador de caudales: alrededor de 600 mil pesos.En medio del asalto, que no duró más de dos minutos, apareció el guardia de seguridad privado, identificado como Oscar Salces (50), quien fue recibido con una andanada de disparos. Esto provocó que los clientes que a esa hora se encontraban en el bar de la estación tuvieran que arrojarse al suelo.Salces recibió cuatro balazos: dos en el abdomen y dos en una pierna. Fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Urgencias y hasta anoche continuaba internado en la terapia intensiva.El caso es investigado por Robos y Hurtos, de la Policía de Córdoba, y hasta ahora no hay detenidos. No era un gendarme En un principio, se creyó que el guardia era un gendarme, ya que vestía un uniforme similar al de esta fuerza, pero luego desde la fiscalía se confirmó que se trataba de un agente retirado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. No llevaba un arma operativa, sólo una réplica, de juguete, que quedó secuestrada. Desde la fiscalía se agregó que el hecho de tener una pistola de fantasía no constituye un delito, ya que se trata de un contrato particular entre los propietarios de la estación de servicio y una firma privada de seguridad.Lo que queda en tela de juicio, más allá de la investigación penal, es qué tipo de control ha realizado la Policía sobre esta empresa, ya que la fuerza es la encargada del seguimiento de todas las agencias de seguridad privadas que prestan servicios en la provincia.Por lo general, las empresas privadas no tienen autorización para que sus empleados porten armas de fuego. Por ello, algunas buscan a personal en actividad, autorizado para tener pistolas, a los que contratan como adicionales, casi siempre de manera informal y por fuera de lo que marca el reglamento policial.