El término “asociación ilícita” se lee 99 veces en el expediente.
La palabra “banda”, aparece 159. En tanto, el adjetivo “criminal” está escrito 209 oportunidades ya sea acompañando al sujeto “grupo”, “célula” o a “organización”. El adjetivo “delictivo” está unas 25 veces.
Mientras la palabra “estafa” se lee en 15 oportunidades, el término “celular” está 113 veces, al tiempo que la palabra “transferencia” está en 39 ocasiones.
Llamativamente, la palabra “amor” aparece escrita 109 veces en la causa, sobre todo cuando se transcriben las escuchas telefónicas entre el preso líder del pabellón y la enfermera penitenciaria.
Ese término no será menor en la causa.
Todo esto surge en la elevación a juicio recientemente firmada por el fiscal Enrique Gavier, del fuero Delitos Complejos de Córdoba, al enviar a juicio a un grupo de penitenciarios, presos y familiares de estos, acusados de haber integrado una banda que se encargaba de cometer toda clase de estafas mediante celulares desde la Cárcel de Bouwer.
Hay nueve imputados presos acusados por asociación ilícita.
Aunque parezca increíble, ese expediente es otra línea de investigación más contra guardiacárceles (la cuarta ya) de la mega investigación del fiscal Gavier y que tiene como principal y gran acusado, en paralelo, al extitular del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) Juan María Bouvier y a la excúpula de esa fuerza de seguridad. Ya Bouvier y los otros exjerarcas del SPC fueron enviados a juicio. Varios apelaron.
En total, hay casi una treintena de oficiales presos y acusados de ser tan delincuentes como los delincuentes que estaban presos.
Y allí radica el eje central de todas las causas de Gavier: según la fiscalía, durante más de 15 años, jefes y oficiales penitenciarios habrían ideado, creado, montado y dirigido un fenomenal sistema delictivo criminal basado en el ingreso de celulares (y de drogas) a cárceles de Córdoba.
Ese esquema, que terminó con miles de víctimas engañadas y estafadas en Córdoba y el país, nutrió de grandes de sumas de dinero a los integrantes. Es lo que se conoce como “el call center tumbero”: presos que, mediante el uso de celulares, estafaban a incautos mediante una multiplicidad de engaños.
Gavier entiende que fueron distintas asociaciones ilícitas con roles bien definidos entre jefes, organizadores y miembros “soldados”.
Ya hubo condenas.
Eso sí, por ahora no hay ningún funcionario político acusado o imputado en el fuero penal económico por haber permitido la existencia de esas bandas de criminales.
Juntos en el amor y en el delito
La fiscalía entiende que, en el marco de descontrol y corrupción que operó durante años en establecimientos penitenciarios cordobeses, en la Cárcel de Bouwer operó otra banda de penitenciarios y presos.
En este último caso, el grupo habría sido “organizado y comandado” por el alcalde Ramón Emanuel Dewar, quien se desempeñaba como jefe de seguridad interna del módulo MD1 de Bouwer; al tiempo que había dos acusados centrales: la subayudante Jessica Pamela Barrera, enfermera del hospital modular del penal, y el preso Lucas Germán Méndez.
Este era un “pluma” (interno “jefe” del pabellón) y novio (o por entonces novio) de la penitenciaria Barrera.
A este trío de personajes se le agrega otro acusado de peso, sindicado como también presunto organizador: el subadjutor auxiliar (un oficial) Marcelo Fernando Matos, quien se desempeñaba en la guardia interna.
Matos ha desaparecido de manera literal. Cuando fueron a detenerlo, ya no estaba en su casa.
Según Gavier, los acusados habían montado un presunto esquema delictivo que, al eludir los controles de seguridad del complejo carcelario, lograba introducir celulares, chips, auriculares, cargadores y otros dispositivos prohibidos para que llegaran a presos y estos pudieran concretar toda clase de estafas telefónicas.
Para el funcionario judicial, el accionar de la enfermera junto con su novio preso habría sido central para el ingreso de telefonía y accesorios.
En este sentido, los análisis de los mensajes y audios de WhatsApp entre ambos fueron centrales para cercarlos y complicarlos.
En varias de esas comunicaciones, entre tratos amorosos propios de una pareja, surgen pruebas más que comprometedoras en torno a maniobras vinculadas al ingreso y movimientos de celulares.
Habla Gavier en el expediente: la enfermera acusada ideó y propuso "diversas maniobras destinadas a garantizar que la asociación criminal continuara desarrollando sus actividades ilícitas". Según el funcionario, la penitenciaria estuvo presuntamente detrás de la apertura de una cuenta en una billetera virtual para que los clientes de la banda depositaran ahí el dinero de las distintas maniobras delictivas con los celulares.
En relación a los ingresos de teléfonos al penal, también habrían sido centrales los roles del jefe máximo de seguridad Dewar y el adjutor Matos.
Una vez que los celulares llegaban a los módulos eran revendidos a otros internos para que llevaran a cabo las maniobras delictivas.
Sabido es que los “plumas” de cada pabellón son centrales para los funcionamientos de las bandas dedicadas a los “call centers tumberos”.
No sólo que venden o alquilan celulares, sino que cobran montos extras por ganancias. Otro gran negocio suele ser el ingreso y venta de dosis de drogas. El que no paga, la pasa mal. Códigos de mafia.
Alertar y mentir, otra maniobra delictiva
Concretamente, cuando se secuestraban celulares en requisas de oficiales honestos, luego se mentía en actas internas sobre cómo habían sido incautados para no complicar a ciertos presos de peso.
En este punto, el fiscal acusó a los guardias Fernando Ángel Monserrat, Leandro Nicolás Agüero y Darío Luis Cortez; quienes trabajaban en el módulo MD 1.
Por otra parte, el fiscal sostuvo que el presunto grupo delictivo se integraba con familiares y amigos de presos que, ya desde afuera de la cárcel, brindaban la ayuda necesaria para hacerse del dinero de las estafas, entre otras maniobras.
Algunos sospechosos fueron identificados. Se trata de los “civiles” Emanuel Alejandro Méndez y Noelia Maribel Méndez (hermanos del “pluma Méndez”) y Emmanuel Maximiliano Vélez. Todos están presos.
Todo el andamiaje delictivo se vino tras la denuncia de un guardiacárcel honesto: al advertir maniobras turbias en torno al secuestro de un celular (había sido secuestrado a la banda en una requisa, pero alguien había informado en un acta que había sido hallado tirado muros afuera), este oficial fue a la Justicia decidido a hablar.
La causa recayó en la fiscalía de Gavier, donde se acumulan todo este tipo de causas.
La pesquisa avanzó tras una amplia serie de averiguaciones centradas en testimonios, análisis de comunicaciones y de filmaciones, entre otras medidas procesales.
Los acusados ya fueron indagados y negaron los hechos.
Mientras la mayoría decidió no declarar, algunos pocos optaron por hablar y decir que no tienen nada que ver con las maniobras.
El acusado 10 que desapareció
A todo esto, continúa por ahora sin éxito la búsqueda del acusado 10 de esta historia criminal: el guardiacárcel Marcelo Fernando Matos, quien se encuentra prófugo y con orden de captura de la fiscalía.
Cuando fueron a buscarlo a su casa, había desaparecido.
