El trasfondo aún oculto de las llamadas investigadas

Según la investigación, los policías pedían a las empresas telefónicas que enviaran las respuestas a un correo electrónico de acceso secreto.

Según se lee en el procesamiento dictado por el Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Córdoba el 17 de marzo último, Ávila y López habrían enviado por fax 48 pedidos de informes sobre personas o números a las empresas telefónicas, al parecer mintiendo que tenían oficios judiciales que los respaldaban.

Además, figuran en la causa 14 hechos en que los policías enviaban por fax falsas copias de oficios judiciales que en realidad no existían. Según la hipótesis judicial, buscaban hacerse de sábanas telefónicas de particulares y de empresas que no eran investigadas formalmente.

El juez Alejandro Sánchez Freytes los procesó por “falsedad ideológica”. La fiscal Graciela López de Filoñuk también los había imputado del supuesto delito de “falsificación de instrumento público”, pero fueron sobreseídos porque el juez consideró que la descripción de los hechos no es compatible con ese tipo penal. Se trata de una discusión legal, ya que para el juez no intervenían sobre ningún oficio, sino que los creaban ellos de manera apócrifa. Ante esto, el expediente ahora está en la Cámara Federal de Apelaciones, ya que la fiscal se opuso a los sobreseimientos.

En tanto, los abogados defensores de Ávila y López, Justiniano Martínez y Cafure, también apelaron, en este caso los procesamientos, por lo que ahora es clave una definición veloz de la Cámara de Apelaciones para que la investigación pueda avanzar.

Según fuentes del Juzgado federal, en la causa se ha indagado sólo en la comisión de los delitos de falsificación ideológica, ya que se sospecha que los policías habrían utilizado firmas y sellos apócrifos de funcionarios judiciales federales. No se avanzó en otras figuras penales porque no se ha investigado para quién ni para qué los policías habrían realizado semejante maniobra. Tampoco si hubo más personas involucradas, algo que ya dejó de ser un rumor en la Policía para convertirse en una aseveración. “El trasfondo, lo que pudieron haber conseguido a través de este delito, no se ventila en esta causa, porque podría ser de competencia provincial, ya que se trata de otro delito”, se explicó.

En tanto, desde el Tribunal de Conducta Policial se ha respondido en diferentes oportunidades que Ávila y López no fueron pasados a situación pasiva por este caso, porque desde la Justicia federal nunca se les envió copias de las actuaciones; sólo un oficio comunicando las imputaciones y procesamientos.

Al respecto, desde el Juzgado federal se indicó que el 19 de mayo pasado se le envió un oficio comunicando que estaban procesados. Y se aclaró que jamás le fue requerida una copia de la resolución. En la misma línea, se agregó que durante estos cuatro años que lleva la investigación se enviaron “un montón” de oficios a la Policía para citar a los imputados, además de otros pedidos de informes relevantes para el caso.

Entre otras medidas, fueron secuestradas y peritadas las computadoras y los elementos electrónicos que se encontraron durante el allanamiento de 2009 ejecutado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en los escritorios de Ávila y López.