Crisis del 2001: familias de las víctimas pidieron que confirmen las condenas por represión
Le reclamaron a la Cámara de Casación que confirme las penas al exsecretario de Seguridad y al exjefe de la Policía Federal Rubén Santos.
Familiares de víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 reclamaron este jueves a la Cámara Federal de Casación que actúe con “celeridad” y dicte sentencia.
Se trata de la causa contra el exsecretario de Seguridad del gobierno de Fernando De La Rúa, Enrique Mathov y al exjefe de la Policía Federal Rubén Santos.
Las familias pidieron que la sentencia “quede firme y sea de cumplimiento efectivo” en un acto; donde también participó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
Qué reclaman exactamente los familiares
Principalmente, los familiares le solicitaron “celeridad” a la sala I del máximo tribunal penal federal del país, que desde el 4 de noviembre pasado quedó en condiciones de resolver si confirma las penas de prisión efectiva impuestas a Mathov y Santos.
Mathov está condenado a 4 años y 3 meses de prisión efectiva y Santos a 3 años y 6 meses por el homicidio culposo de tres fallecidos en las protestas que precedieron a la renuncia de De la Rúa: Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna.
Los familiares de las víctimas Adriana Ochoa, Marta Almirón y María Arena reclamaron “celeridad” y cuestionaron las demoras judiciales, a cinco años del veredicto que condenó a los exfuncionarios del gobierno de la Alianza.
“Queremos cárcel común y efectiva a los que dieron las órdenes”, reclamó Arena, al hacer uso de la palabra.
Para las familias ya quedó probada la “responsabilidad” de Mathov y de la “cadena de mando de las fuerzas policiales” que intervinieron en la represión de manifestantes.
“Estos hechos están calificados como una grave violación a los derechos humanos y debe haber una adecuada proporción entre la pena fijada y la gravedad de los hechos”, sostuvo el abogado del CELS, Rodrigo Borda, el 4 de noviembre pasado cuando expuso ante Casación.
El abogado querellante reiteró en el acto la necesidad de tener una sentencia firme por lo ocurrido.
Por su parte, Pietragalla Corti cuestionó durante el acto el porqué “20 años después no haya nadie condenado”, pese a que fue “ampliamente comprobada su participación en los hechos”.
Qué debe resolver la Justicia
Los jueces de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la jueza Angela Ledesma, tienen que resolver si confirman estas penas o bien las declara nulas o reduce, como pidieron las defensas.
Borda remarcó que “hace falta” que la Justicia “se pronuncie en forma definitiva” a casi 20 años de los hechos.
Las defensas argumentaron que los delitos prescribieron.
