
Se cierra el cerco probatorio sobre los acusados de ayudar a quienes mataron a Sebastián Villarreal
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Redacción La Voz
El pasado lunes se celebró la última audiencia de recepción de prueba en el juicio por jurados que se realiza en la Cámara 8ª del Crimen contra tres varones adultos que habrían suministrado apoyo logístico a quienes asaltaron y mataron a Sebastián Villarreal (46) el 29 de febrero de 2024, en barrio Yofre Norte de Córdoba Capital.
No se trató de una jornada en la que abundaran precisiones sobre lo que indica la acusación que involucra a Luciano Bustos (19), Axel Escada (20) y Héctor Herrera (25).
En el juicio se vienen escuchando testimonios que suman indicios a favor de la acusación y que procuran involucrar a los tres "adultos" con las tareas de ayuda efectuadas "antes" y "después" del asalto fatal.
La vista incluyó la declaración de tres mujeres de esa zona oeste de la ciudad de Córdoba, quienes ofrecieron declaraciones cuanto menos confusas, llenas de imprecisiones, contradicciones y pocos datos sobre los imputados.
Se asistió a una demostración de falta de memoria, expresar algún "detalle" desincriminatorio que ni la defensa había preguntado y asegurar desconocimiento de hechos o relaciones con los acusados. Esto, frente a la evidencia de que estaban al tanto de no pocas cuestiones de lo que rodeó al robo de la moto de Sebastián que terminó con su muerte.
No es difícil imaginar que estas mujeres, además de ser exnovias, amigas o vecinas de los acusados o de sus allegados, tienen dificultad de declarar con espontaneidad o, tal vez, no tienen ninguna intención de perjudicarlos.
El "barrio", el entorno y los "códigos" hacen difícil que quien concurre a Tribunales a declarar en una causa de este tipo pueda expresarse con soltura.

Primero prestó testimonio "M" quien había sido novia de "JMM", el menor que tenía 17 años, realizó el disparo fatal contra Sebastián durante el asalto y fue declarado autor responsable de homicidio criminis causae. El otro involucrado directamente en el atraco es "TV", conductor de la moto en la que fueron a robar y declarado inimputable por la Justicia Penal Juvenil por haber tenido 14 años.
"M" admitió ser la novia de "JMM" y conocer algunos de sus movimientos con motocicletas "truchas", pero básicamente negó conocer a los acusados mayores.
La joven "SG", hermana de la anterior, llegó a decir ante el tribunal que se había enterado muy recientemente del hecho. También quiso demostrar no tener mayor conocimiento de los acusados, pero en un momento llegó a pronunciar que Escada era "el peor del barrio".

"KV" es amiga de "A", la testigo de la semana anterior que aportó algunos datos en contra de los acusados y sus movimientos para el suministro de motos para cometer los atracos. "KV" también mostró "ignorancia" y reconoció que "A" le dijo que estaba preocupada por su amigo "TV", luego del crimen. Admitió que este -que "levantaba" motos en Carlos Paz- tenía colaboración de gente de Córdoba para cometer delitos.
Las contradicciones fueron varias y en algún momento los vocales perdieron la paciencia y debieron insistir para que las testigos asumieran una actitud diferente.
Las declaraciones eran tan diferentes a lo que habían afirmado durante la instrucción que una de ellas trató de justificarse indicando que lo que estaba en el expediente se lo habían cambiado. No obstante, no pudo desmentir que la firma en la testimonial era de ella.

Más allá de estas testigos retraídas que acaso deban responder más adelante ante la Justicia, sus declaraciones en etapa preparatoria ha sido más contundente. Por otra parte, en las audiencias anteriores se han acumulado numerosos indicios, particularmente la investigación policial, que involucra a los supuestos proveedores del armamento y las motos -Bustos y Escada- y a quien ocultó la moto de los autores -Herrera-.
No obstante, si algo caracteriza a esta acusación es que compromete a los acusados únicamente con indicios. El esmero de los acusadores deberá centrarse en sumar esos elementos de manera armónica para que por acumulación se plasme en la declaración de responsabilidad.
Al cerrar la recepción de prueba el pasado lunes, el tribunal citó a las partes para el próximo miércoles 4 de marzo, a fin de que pronuncien sus conclusiones.

Las querellantes que representan a Martina Villarreal, la hija de la víctima, son las abogadas Graciela Taranto y Daniela Castro Barreiro, quienes insistirán con la acusacion original del fiscal instructor, Andrés Godoy, homicidio criminis causae, con pena de prisión perpetua.
En cambio, se prevé que el fiscal de cámara Fernando López Villagra sostenga la figura que indicó el juez de control Carlos Lezcano, quien cambió a un homicidio en ocasión de robo, con pena situada dentro de una escala que va de 13 años y cuatro meses a 33 años y cuatro meses.
Lo interesante, para ponderar cómo puede moverse esa escala "teórica", es que podría agregarse en la acusación de los alegatos dos agravantes al homicidio en ocasión de robo: la participación de los menores y el uso de arma de fuego.
Bajo la atenta mirada del jurado popular, también alegarán los defensores, tras lo cual se espera que se pase a una audiencia posterior para escuchar la penúltima palabra de Martina, hija de la víctima, y las últimas de los acusados.