El fiscal de la Justicia provincial, Horacio Vázquez, imputó a una wedding planner venezolana por presuntamente haber estafado por $ 10 millones a una mujer policía y a su esposo al no realizar la boda para la que la habían contratado en Córdoba.
El caso fue difundido por La Voz en abril pasado y ahora el fiscal imputó por presunta estafa a Anna Gabriela García Di Filippo. La mujer, radicada con su familia en esta capital, se abstuvo de declarar y sigue bajo investigación.
El caso en Córdoba
“Estuvimos 16 años de novios. Siempre quisimos casarnos, pero cuando termináramos de estudiar: yo, instrumentación quirúrgica, y Gabriel, profesorado”, contó Melani Sueldo (35), una agente de policía que lleva tres años de trabajo en la fuerza.
Su flamante esposo, maestro mayor de obras y profesor de nivel secundario, quiso que una profesional se encargara de la boda. “Me dijo que no quería que organizara y que esta vez descansara y disfrutara. Así que conoció por redes sociales a una wedding planner venezolana. Ella subía fotos de fiestas y salía en ellas”, contó Sueldo a La Voz, con el patrocinio del abogado Carlos Nayi.
Lo que comenzó como el inicio de sus sueños se terminó transformando en una pesadilla. Para mayor tranquilidad, firmaron un contrato en el que la “especialista” se comprometía a la prestación habitual de los servicios de una fiesta a un costo de $ 10 millones (en febrero de 2025): la contratación del salón, el fotógrafo y el catering para 180 invitados, y hasta el maquillaje, vestido y peinado.
Realizaron un pago inicial de $ 4 millones en efectivo y todo marchaba según el plan. “Ella nos iba consultando cuáles eran nuestras necesidades: las tarjetas, los centros de mesa y el salón”, comentó Melani.
Pero todo fue cambiando de cariz a medida que la wedding empezó a excusarse para avanzar con ciertos pedidos habituales de toda fiesta. “Nos enviábamos mensajes por WhatsApp, audios y nos reunimos personalmente para ver los centros de mesa. Pero no nos mostró todos, sino uno solo”, recordó.
Luego de efectuado el segundo pago, de $ 6 millones mediante transferencia, los trabajos que debía emprender siguieron encontrando escollos de su parte. “Entre junio y julio, nos cambió el salón. Por contrato teníamos uno, pero nos dijo que ese estaba en obra y con problemas con el aire acondicionado. Y que había otro grande, con apertura para camping. Que tendríamos una mejor boda. Fuimos a conocerlo y aceptamos el cambio”, señaló.
Todo empeoró
Pero todo fue empeorando. A pesar de haber abonado la totalidad de los servicios, la presunta estafadora planteó que sería mejor que los asistentes no recibieran tarjetas impresas sino virtuales.
“Pero mi abuela tiene 95 años, y mi papá, 64. Ellos no entienden cómo se descarga una tarjeta virtual. Le dije a ella que quería la tarjeta impresa. Me las dio finalmente el 31 de diciembre a la 1 de la mañana y varias tenían impreso el mismo nombre del invitado. O el nombre era el equivocado. Cuando le reclamé, me respondió que no tenía que ser todo 'tan milimétrico’ y que yo le entregara al invitado igual la tarjeta con otro nombre. Incluso otras invitaciones no se leían. Le pedimos que fueran hechas en acrílico y ella hizo una filmina que pegó en un acrílico”, recordó indignada.
“Cuando le reclamábamos por algo, nos gritaba en los audios, amenazaba con cancelar la boda y nos decía que era 'profeta'”, contó la agente. Más decepcionante fue cuando vio el “vestido” de boda que había diseñado como “modista”: “Yo elegí la tela y fui con el marido de ella y los hijos a comprarla al Centro. Pero al entregármelo, era un trapo con alfileres”.
La sorpresa mayúscula, sin embargo, llegó el 9 de marzo: “Nos envió un audio a las 11 de la noche para decir que no iba a realizar la boda porque no estaba a la altura y que no se sentía cómoda. Que no quería dañar su marca y su prestigio”.
Averiguaron con los dos salones de fiesta que originalmente se habían mencionado en las tratativas, y el propietario de uno de ellos confirmó a la pareja que no iba a realizarse la fiesta allí, porque la presunta timadora le había quedado debiendo millones de pesos.
El fotógrafo contratado por la wedding les avisó a los novios que finalmente no cubriría la fiesta porque la mujer le adeudaba el trabajo de dos bodas anteriores. La venezolana tampoco cumplió con las pruebas de peinado y maquillaje, según la denuncia.
Con toda la información en sus manos, la enfrentaron cara a cara. En su defensa, ella les planteó que se ofrecía a realizar la fiesta, pero en otra fecha. “Nos dijo: 'Dios me 'habló' y me dijo que la fiesta no podía ser el 14 de marzo’ (la fecha prevista desde hacía un año, cuando firmaron el contrato). Y nos mencionó que no nos devolvería el dinero”.
La policía se presentó entonces en Defensa del Consumidor para que mediara. El organismo envió la intimación a la wedding para que pudieran solucionar el pleito. Incluso, para que aceptara la intimación del inspector, la agente logró retenerla en el complejo de departamentos donde reside.
“No puedo explicar lo que sentimos en ese momento. La desesperación que nos agarró. ¿Cómo les decís a los invitados que no se puede hacer nada?”, dijo angustiada la futura esposa.
“Pero un compañero me presentó a la dueña de otro salón y ese día acordamos realizar la fiesta para 130 invitados el domingo 15, un día después de la ceremonia en la iglesia de los Capuchinos. El civil también lo hicimos junto con la boda ese domingo. Hasta hice yo las tarjetas”, agregó.
Ninguna modista se comprometió a realizar un vestido de boda en una semana, hasta que una diseñadora se ofreció a adaptar uno ya confeccionado para que pudiera celebrar finalmente el casamiento. “Tuvimos que pedir prestado dinero a mis familiares para la fiesta y nos salió mucho más que lo que pagamos originalmente”, añadió.
Viajaron a otro país de luna de miel y ahora deben costear los gastos de una segunda boda, la que sí terminaron realizando ellos “de emergencia”.
