Justicia. Condenaron a un falso secretario judicial que coaccionó a una víctima de abuso
El imputado, Alfredo Ezequiel Micha, recibió una pena de dos años de prisión en suspenso tras fingir ser un funcionario del Ministerio Público Fiscal para obligar a una mujer a retirar una denuncia.
En un fallo dictado por el juez de control de General Pico,La Pampa; Diego Ambrogetti, se condenó a Alfredo Ezequiel Micha, de 40 años, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional.
El magistrado lo consideró autor penalmente responsable de los delitos de usurpación de autoridad y coacción, luego de que se acreditara que engañó y amenazó a una denunciante para beneficiar a un tercero.
Un engaño planificado
Los hechos se desencadenaron el 16 de octubre de 2025. Según consta en la causa, Micha se comunicó telefónicamente con la víctima presentándose falsamente como “García”, secretario de un fiscal de Santa Rosa.
Bajo el pretexto de avanzar en una denuncia por abuso que la mujer había radicado anteriormente, el imputado logró que ella accediera a reunirse en un café de la ciudad de General Pico.
Durante el encuentro, la situación tomó un giro intimidatorio. Micha le exigió a la mujer que grabara un video retractándose de su denuncia, alegando que el proceso judicial perjudicaba a otra persona. Para forzar su voluntad, el ahora condenado la amenazó con imputarla por falso testimonio si no cumplía con el pedido, asegurándole que si grababa el material “se terminaba todo”.
La reacción de la víctima
A pesar de la presión, la denunciante mantuvo la calma. Aunque fingió que enviaría el video más tarde para poder retirarse del lugar de forma segura, nunca tuvo la intención de hacerlo, ya que consideró que el comportamiento del supuesto secretario era “muy raro”.
Esa misma noche, el imputado volvió a enviarle mensajes insistiendo con la grabación y reiterando las amenazas de una causa penal, mensajes que la mujer decidió no responder.
Resolución judicial
El juez Ambrogetti concluyó que Micha usurpó una investidura judicial para "inspirar confianza y autoridad", utilizando el temor a una persecución penal para obligar a la víctima a actuar en contra de su voluntad.
La sentencia fue el resultado de un acuerdo de juicio abreviado presentado por los fiscales Matías Juan y Cecilia Milanese, coordinados por el fiscal general Armando Agüero, y el defensor particular José Mario Aguerrido. La damnificada prestó su conformidad con los términos del acuerdo.
Dado que Micha no contaba con antecedentes condenatorios previos, la pena de dos años será de cumplimiento condicional, sujeta a reglas de conducta que incluyen fijar un domicilio y someterse al control de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la Ley Penal.
