Córdoba. "Coimas verdes": los gendarmes niegan haber cobrado coimas, pero el juez avanza contra ellos
La defensa de la mayoría de los acusados interpuso pedidos de nulidades que deberán ser resueltos por la Cámara Federal. Hay 13 imputados. El magistrado Ochoa sostiene que incurrieron en asociación ilícita, abuso de autoridad, coacción y exacciones ilegales.
La defensa de la mayoría de los gendarmes involucrados por presuntas coimas a camioneros en las rutas nacionales 8 y 35, en cercanías de la localidad de Sampacho, departamento Río Cuarto, insistió con la inocencia de sus defendidos e interpuso varios pedidos de nulidad que deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Hasta el momento el juez federal de la ciudad de Río Cuarto, Carlos Ochoa, dictó el procesamiento de 13 efectivos de esa fuerza de seguridad. Están acusados de exigir el pago de coimas e integrar una asociación ilícita. Varios se encuentran detenidos.
Los reclamos de la defensa versaron sobre quién llevó adelante la investigación, el origen de la denuncia y la forma en que se desarrollaron las declaraciones indagatorias.
"El primer planteo apunta a la nulidad de toda la investigación. La causa fue instruida por la propia Gendarmería, es decir, por la misma fuerza cuyos integrantes estaban siendo investigados", afirmó el abogado Elmer Martoccia en contacto con La Voz.
Para el letrado no hubo un control "adecuado" de la investigación por parte del fiscal y del juez. "Esto ha comprometido la validez de todo el proceso", agregó.
En el pedido de nulidad, Martoccia advirtió que se trata de "una investigación sesgada y parcializada pues existía un evidente conflicto de interés, aquellos que debían ser objeto de sospecha se erigieron en investigadores".
El otro cuestionamiento apuntó al origen mismo de la acusación. Del requerimiento fiscal, entendió el abogado, no se observa un denunciante concreto, lo que impediría ejercer adecuadamente el derecho de contradicción, "limitando el control sobre la versión de los hechos y reduciendo la imputación a meros dichos de terceros".
Finalmente Martoccia criticó que en las declaraciones indagatorias a los gendarmes no se les informó las pruebas en su contra.
"Hasta el momento no existe evidencia objetiva ni concreta que confirme la hipótesis acusatoria. Los allanamientos no arrojaron resultados incriminantes y las intervenciones telefónicas no detectaron actividad delictiva" concluyó el abogado.
“Coimas verdes”: procesan a 13 gendarmes por “exigir peajes” a camioneros en rutas de Córdoba
Se espera que en las próximas semanas la Cámara Federal de Apelaciones Córdoba defina si da lugar o no al pedido de invalidez del acto jurídico.
También los jueces deberán resolver el recurso de apelación que interpuso el fiscal Rodolfo Cabanillas tras el procesamiento. En su fundamentación consideró que el análisis de Ochoa fue “arbitrario” y hubo una “valoración dispar e infundada de la prueba”.
El procesamiento
La investigación entiende que los efectivos federales habrían conformado “una empresa delictiva que habría exigido y cobrado aportes de dinero a los transportistas que circulaban por las rutas controladas, como condición para dejarlos continuar viaje, identificando alguna supuesta irregularidad –real o ficticia–, bajo la amenaza explícita de labrar actas de infracción o disponer el secuestro de vehículos".
Estos actos los habrían realizado valiéndose de su situación de funcionarios públicos y aprovechándose del poder de policía y control que la ley les otorgaba.
Según la declaración de los denunciantes, los gendarmes actuaron en grupos de cuatro personas en diferentes momentos y lugares entre octubre de 2024 y julio de 2025 en la zona de Sampacho.
De acuerdo a la causa, los uniformados presuntamente les exigían a los camioneros la documentación personal y del vehículo. Con el argumento de que la misma estaba incompleta o el invento de algún requisito, “les pedían una coima para poder continuar circulando”.
Los imputados los hacían descender del vehículo, los demoraban al costado del camino, generaban cansancio como parte de la presunta maniobra y luego les indicaban que pusieran el dinero dentro de un baúl o dentro de una carpeta, según consta en el expediente judicial.
El modo de pago preponderante era en efectivo y sólo de manera subsidiaria habrían ofrecido la posibilidad de concretar transferencias bancarias.
En la actualidad, se avanza en más medidas de prueba para determinar el alcance de los presuntos delitos. El juez entiende que la maniobra alcanzaría a un numero mayor de victimas, todos transportistas de distintos lugares del país.
