Continúa el tembladeral en la Policía de Córdoba tras la muerte de Tomás Elías Orihuela, el joven de 19 años de barrio Bajo Pueyrredón que fue detenido dos veces en menos de 48 horas, pese a que las órdenes de captura en su contra ya no estaban vigentes.
Para los investigadores, hay un punto central: “Todos sabían que no debía ser detenido”.
Aun así, Orihuela terminó alojado en la comisaría 6ª y murió el lunes 27 de abril en una cama de hospital, luego de haber sido hallado ahorcado dos días antes en una celda.
La causa, a cargo del fiscal Andrés Godoy, ya tiene seis policías imputados y todos fueron puestos en situación pasiva.
Tres de ellos pertenecen al Comando de Acción Preventiva (CAP) y están acusados de homicidio culposo. Se trata de Antonella Romero, Torres y Wailer. Romero, además, enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad con abuso funcional y desde este viernes cumple prisión domiciliaria.
La misma imputación alcanza a otros dos efectivos de la comisaría 6ª: Barrionuevo y una policía de apellido López. A su vez, un comisario fue acusado por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Mientras la defensa de Romero, encabezada por el abogado Fernando Vázquez, y distintas fuentes policiales sostienen que los agentes actuaron bajo información que indicaba capturas vigentes, la fiscalía asegura que existían avisos formales que anulaban cualquier pedido de detención sobre el joven.
En paralelo, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, aseguró que “no habrá encubrimiento” y sostuvo que el Gobierno puso “a disposición de la Justicia toda la información para que la investigación avance”.
Aun así, defendió el accionar policial al señalar que “en el dispositivo que ellos tenían cuando se realizaron las detenciones saltaban dos pedidos de captura vigentes”.
Las órdenes de captura que ya no estaban vigentes
La principal clave de la investigación gira en torno a las órdenes de detención. La Policía argumentó inicialmente que Orihuela tenía dos pedidos de captura activos: uno relacionado con una condena por robo de celulares en recitales y otro vinculado a una causa en Gualeguaychú.
Sin embargo, la fiscal Silvana Fernández, quien instruyó la causa contra una banda dedicada a revender teléfonos robados en eventos culturales y que derivó en la condena de Orihuela, había enviado el 24 de abril un oficio urgente a la Policía para dejar sin efecto cualquier pedido de captura contra el joven.
La notificación fue remitida al área de Antecedentes Personales, luego de que Orihuela recuperó la libertad tras un juicio abreviado.
Incluso, el joven salió de Tribunales 2 con una constancia donde se certificaba que no tenía cuentas pendientes con la Justicia.
Pese a ello, el jueves 23 de abril por la noche volvió a ser detenido durante un operativo en Bajo Pueyrredón. Según la versión policial, al consultar su DNI en el sistema todavía figuraban dos capturas activas.
Cuando el procedimiento llegó a la unidad judicial de la comisaría 6ª, una sumariante constató que las órdenes ya estaban caídas y dispuso su liberación durante la madrugada del viernes. Horas después, Fernández envió otro oficio urgente para que se corrigiera la base de datos.
Para los investigadores, ese segundo documento es clave: consideran que desde ese momento la Policía ya había sido advertida formalmente de que Orihuela no debía ser detenido otra vez.
Sin embargo, el sábado 25 de abril efectivos del CAP volvieron a interceptarlo y lo esposaron argumentando que las órdenes seguían vigentes.
Los chats de WhatsApp y la sospecha de una detención irregular
La fiscalía analiza ahora una serie de chats de WhatsApp entre policías de la zona que aparecen como una de las pruebas más delicadas del expediente.
Según la reconstrucción judicial, en esas conversaciones varios efectivos ya hablaban de que las capturas de Orihuela no estaban vigentes y aun así debatían cómo sostener el procedimiento.
Algunos mensajes incluso revelarían burlas hacia el joven y sugerencias para “armarle” una causa por resistencia a la autoridad para justificar la detención. En el grupo participaban cerca de 60 policías, incluidos superiores.
Para los investigadores, esos intercambios fortalecen la hipótesis de que varios uniformados sabían que no existían motivos legales para detenerlo y avanzaron igual.
La fiscalía también intenta determinar si parte de esos mensajes fue eliminada después de la muerte de Orihuela. Según la hipótesis investigativa, se habrían seleccionado y borrado fragmentos específicos de conversaciones vinculadas al procedimiento.
En ese contexto aparece comprometido el comisario imputado por encubrimiento agravado. La sospecha es que habría facilitado un celular para eliminar chats considerados clave por los investigadores, quienes sostienen que el material secuestrado es uno de los principales respaldos probatorios de la causa.
La relación entre Orihuela y los policías del CAP
Otra línea de investigación apunta a establecer si existía un conflicto previo entre Orihuela y algunos efectivos del CAP.
Los pesquisas sostienen que, durante el tiempo en que el joven estuvo prófugo en la causa por robo de celulares, habría tenido distintos cruces con policías que patrullaban Bajo Pueyrredón.
Entre los antecedentes que analiza Godoy, figura un episodio en el que Orihuela habría discutido con la oficial Antonella Romero e incluso la habría amenazado con un arma. El joven no fue detenido en aquella ocasión.
La sospecha de la fiscalía es que ese enfrentamiento pudo haber generado una persecución personal contra Orihuela. Por eso, los investigadores revisan tanto los procedimientos policiales como los mensajes intercambiados entre los agentes que participaron de las detenciones.
Por qué se investiga el delito de homicidio culposo
La imputación por homicidio culposo contra los tres policías del CAP abrió una fuerte discusión dentro de la fuerza. Desde el entorno de los acusados, sostienen que los uniformados actuaron según el protocolo y cuestionan que se les atribuya responsabilidad en la muerte del joven.
Sin embargo, para la fiscalía existen elementos que permiten pensar que Orihuela estuvo detenido sin motivos legales y que hubo irregularidades durante todo el procedimiento.
Según la investigación, el operativo nunca fue entregado formalmente a la unidad judicial. Esa madrugada había largas demoras para ingresar actuaciones y el móvil que trasladaba a Orihuela tenía varios turnos por delante.
En ese contexto, alguien habría decidido bajar al detenido, alojarlo en una celda y dejarlo sin custodia fija. Además, hay indicios de que algunos policías habrían salido de la dependencia para realizar compras o trámites personales.
Dentro de la propia fuerza, también surgieron reproches internos. Fuentes policiales señalan que existe malestar entre efectivos de la comisaría y miembros del CAP, ya que algunos entienden que las irregularidades comenzaron en la detención callejera y luego “se fueron heredando” hasta derivar en la tragedia.
Los investigadores manejan tres hipótesis. La primera es que se trató de una práctica rutinaria derivada de las largas demoras en las unidades judiciales.
La segunda es que los policías decidieron mantener al joven demorado para perder horas de patrullaje.
La tercera es que buscaron “hacer números” con una nueva detención para mostrar resultados operativos.
La fiscalía sostiene que cualquiera de esas posibilidades implica responsabilidades sobre lo ocurrido después.
El dolor de la familia y las dudas sobre la muerte
La última clave del caso está atravesada por el reclamo de la familia, que sigue cuestionando las circunstancias de la muerte.
La abogada Marta Rizzotti, que representa a los Orihuela, sostiene que los familiares no descartan la hipótesis de un suicidio inducido. Sin embargo, en la fiscalía esa línea perdió fuerza: los peritajes forenses concluyeron que el joven murió ahorcado con un buzo dentro de la celda.
Aun así, los deudos insisten en que el joven estaba bajo custodia policial y que el Estado debía garantizar su integridad.
“Tomás entró a la comisaría con vida y salió muerto”, repiten.
En paralelo, seis personas fueron detenidas días atrás por los incidentes ocurridos en Bajo Pueyrredón tras conocerse la muerte del joven. La familia aseguró estar en contra de los hechos violentos y volvió a reclamar justicia.
