La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la prisión preventiva de los principales imputados en la causa conocida como Márquez y Asociados, en un fallo que representa un fuerte respaldo a la investigación que lleva adelante el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier.
La resolución ratifica, además, la decisión que en su momento había convalidado el juez de control José Milton Peralta, consolidando así la línea acusatoria en la mayor causa de supuestas estafas inmobiliarias de la provincia de Córdoba y, acaso, del país.
El tribunal -integrado por los vocales Maximiliano Octavio Davis (autor del primer voto), Carlos Alberto Salazar y Patricia Alejandra Farías- entendió que persisten los riesgos procesales que justifican la medida cautelar, particularmente el peligro de entorpecimiento de la investigación y la eventual posibilidad de fuga.
El expediente involucra una presunta estructura organizada dedicada a estafas inmobiliarias de gran escala. La confirmación implica que los acusados continuarán detenidos mientras avanza la instrucción, que todavía se encuentra en pleno desarrollo.
La decisión de la Cámara refuerza la hipótesis de la fiscalía y le otorga respaldo institucional a una pesquisa que ha sido objeto de atención pública por la magnitud de los hechos denunciados.
La causa Márquez y Asociados se convirtió en una megainvestigación a partir de la acumulación de denuncias de particulares que aseguran haber sido víctimas de maniobras fraudulentas vinculadas a desarrollos inmobiliarios.
Según la acusación, la firma habría ofrecido proyectos de viviendas o inversiones que, en muchos casos, no se concretaban o presentaban graves irregularidades, generando perjuicios económicos significativos.
Los principales detenidos son los hermanos y gerentes Juan Pablo Márquez y Ariel Márquez, estando también privados de la libertad Matías y Lucas Márquez y el contador de la firma Ramiro Nieva.
Allanamientos y detenidos
De acuerdo con la reconstrucción del caso, los hermanos Márquez -señalados como principales responsables- fueron detenidos hace más de un año -el 11 de abril de 2025-, en el marco de una serie de allanamientos que incluyeron oficinas comerciales y domicilios particulares.
Desde entonces, permanecen privados de la libertad mientras la fiscalía avanza en la recolección de pruebas y en la toma de declaraciones a damnificados.
El expediente creció de manera sostenida con el paso de los meses. Las presentaciones de presuntas víctimas se multiplicaron, dando lugar a una causa de dimensiones inusuales, con miles de denunciantes que reclaman haber sido afectados por operaciones inmobiliarias que no se materializaron en los términos prometidos.
Este volumen de denuncias complejiza la investigación, que requiere un análisis detallado de contratos, movimientos financieros y estructuras societarias.
En sus resoluciones previas, tanto el fiscal Gavier como el juez Peralta habían sostenido que existían elementos suficientes para considerar acreditada, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, la existencia de una organización con roles definidos y un esquema reiterado de maniobras presuntamente defraudatorias.
Ratificación
La Cámara de Acusación, al revisar esas decisiones, coincidió con ese criterio y consideró que la gravedad de los hechos y la escala del caso justifican la continuidad de la prisión preventiva.
Uno de los aspectos destacados del fallo es la valoración del contexto en el que se habrían desarrollado las maniobras investigadas. La Cámara subrayó la cantidad de personas afectadas y el impacto económico de las operaciones, elementos que, según el tribunal, refuerzan la necesidad de asegurar el normal desarrollo del proceso judicial.
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El caso también generó repercusiones por su dimensión social. Muchos de los denunciantes aseguran haber invertido ahorros de años en proyectos que no se concretaron, lo que derivó en reclamos colectivos y en una creciente visibilidad pública del expediente.
En ese escenario, la actuación judicial ha sido seguida de cerca tanto por los damnificados como por distintos sectores vinculados al mercado inmobiliario.
En paralelo, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones ni ampliaciones de la acusación. Fuentes judiciales señalan que el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos y el cruce de información financiera son claves para determinar el alcance total de las maniobras denunciadas.
La confirmación de la prisión preventiva se inscribe, así, en una etapa intermedia del proceso, en la que la fiscalía busca consolidar su hipótesis antes de un eventual requerimiento de elevación a juicio. En ese sentido, el respaldo de la Cámara de Acusación fortalece la posición del Ministerio Público y le permite avanzar con mayor solidez en la instrucción.
