Conducta Policial. Caso Blas Correas: cesantearon a siete policías por incumplir el deber de resguardar la vida del adolescente
La medida fue adoptada por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario y alcanza a efectivos que participaron del procedimiento. El organismo sostuvo que incurrieron en faltas gravísimas. Los acusan de no proteger a la víctima herida y, en un caso, por ejercer violencia física innecesaria.
La Provincia de Córdoba cesanteó a siete policías por su actuación durante el procedimiento que terminó con el crimen de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado por un disparo policial el 6 de agosto de 2020 en la Capital.
La decisión fue adoptada a seis años del crimen por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que concluyó que los efectivos incurrieron en faltas gravísimas al incumplir el deber funcional de resguardar la vida del joven cuando ya se encontraba herido.
La resolución administrativa alcanza a la oficial principal Natalia Soledad Márquez, la oficial subinspectora Melisa Janet Escalante, los cabos Leonardo Alejandro Martínez, Diego Norberto González y Emanuel Alejandro Fachisthers, y los agentes Rodrigo Emmanuel Toloza y Ezequiel Eduardo Henot.
En el caso de Márquez, además, el Tribunal le atribuyó haber ejercido violencia física innecesaria contra una de las personas que viajaban en el Fiat Argo donde se trasladaba Blas junto a otros cuatro jóvenes.
Una sanción independiente de la causa penal
El Tribunal de Conducta resaltó a través de un comunicado de prensa que la cesantía fue impuesta luego de completar el sumario administrativo previsto por el Reglamento de Régimen Disciplinario Policial.
El organismo remarcó que su potestad disciplinaria es independiente del proceso penal y que no depende de la existencia de una sentencia firme para aplicar sanciones.
Según señaló, su función consiste en preservar la moralidad administrativa, la probidad en el ejercicio de la función pública y el decoro institucional.
También destacó que actúa con autonomía respecto de la Policía de Córdoba y del Ministerio de Seguridad, como órgano de control externo creado por ley para evaluar la conducta funcional del personal policial y penitenciario.
La resolución sostiene que los siete efectivos fueron hallados “administrativamente responsables” por los hechos ocurridos durante el operativo policial de aquella madrugada, cuando Blas recibió un disparo por la espalda y murió minutos después.
Cómo fue el crimen de Blas y las condenas
Valentino Blas Correas tenía 17 años cuando fue asesinado durante la madrugada del 6 de agosto de 2020.
Esa noche viajaba junto a cuatro amigos en un Fiat Argo luego de compartir una salida. Al llegar a un control policial ubicado sobre avenida Vélez Sársfield, el conductor decidió no detenerse y aceleró para escapar.
Los policías apostados en el retén abrieron fuego contra el automóvil. Uno de los proyectiles atravesó la luneta e impactó en la espalda de Blas, que viajaba sentado en el asiento trasero.
El adolescente murió pocos minutos después, mientras sus amigos intentaban llevarlo a un centro de salud.
La investigación judicial determinó que, tras los disparos, se montó un operativo de encubrimiento que incluyó la alteración de la escena y el presunto "plantado" de un arma para intentar justificar el accionar policial.
En marzo de 2023, un jurado popular condenó a prisión perpetua a los cabos primeros Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón por el homicidio calificado de Blas.
Además, otros policías recibieron penas por distintos hechos de encubrimiento, entre ellos Wanda Esquivel, Yamila Martínez, Leandro Alexis Quevedo, Ezequiel Vélez, Sergio González, Walter Soria, Enzo Quiroga, Jorge Galleguillo, Juan Antonio Gatica y Juan Orlando Ramírez.
En tanto, Leonardo Martínez y Rodrigo Toloza habían resultado absueltos en el juicio penal.
Sin embargo, ahora ambos fueron cesanteados junto a otros cinco efectivos por decisión del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que evaluó su responsabilidad desde el plano administrativo y concluyó que incumplieron sus deberes funcionales durante uno de los casos de violencia institucional más graves registrados en Córdoba.
