Incendio. Bouwer: denuncian graves irregularidades y piden investigar la muerte de dos presas
A dos meses del incendio fatal, la madre de una de las víctimas pidió ser querellante y apuntó contra las fallas de seguridad del Servicio Penitenciario.
A casi dos meses del trágico incendio en la cárcel de mujeres de Bouwer, la Justicia provincial enfrenta nuevos reclamos para esclarecer la muerte de dos internas.
Valeria Soledad Romero, madre de una de las víctimas, solicitó constituirse como querellante particular para exigir una investigación profunda sobre el accionar del personal penitenciario durante el siniestro.
El incendio y las víctimas
El trágico episodio ocurrió durante la madrugada del 20 de diciembre de 2025 en una celda de aislamiento del penal cordobés.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, y María Flavia Ramallo, de 33.
Según el informe preliminar de Bomberos, el fuego se habría originado de manera intencional tras la quema de colchones en el sector.
Pese a la gravedad del hecho, hasta febrero de 2026 la investigación liderada por el fiscal provincial José Mana no cuenta con ninguna persona imputada.
Graves denuncias contra el penal
La representación legal de la familia Pedraza, encabezada por el abogado Diego Casado, advirtió sobre serias fallas de seguridad dentro del establecimiento.
La querella denunció la presencia de colchones inflamables, un encendedor en la celda de castigo y matafuegos que no funcionaban.
Además, señalaron que los guardias demoraron en abrir las puertas pese a los reiterados pedidos de auxilio realizados por las internas.
Incluso, los familiares aseguran que otras reclusas del pabellón fueron evacuadas antes que las dos jóvenes que terminaron perdiendo la vida.
Responsabilidad del Estado
Al momento del hecho, Agostina Pedraza no contaba con una condena firme y se encontraba bajo la custodia exclusiva del Estado provincial.
“Ingresó con vida y salió sin vida. El Estado tenía el deber jurídico de garante sobre su integridad”, remarcaron desde la representación legal de la familia.
La joven llevaba apenas dos días en el núcleo “C” de Bouwer, tras haber sido trasladada desde el penal de Villa María para estar cerca de su familia en las fiestas.
Frente a este escenario, la familia insiste en que se investigue la posible comisión de delitos como homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona.
Las pruebas solicitadas a la Justicia
Para avanzar en el esclarecimiento, la parte querellante solicitó una serie de medidas probatorias urgentes para que sean incorporadas al expediente.
Exigieron el secuestro del libro de guardia, los registros fílmicos de las cámaras de seguridad y la nómina completa del personal de turno.
También pidieron la revisión de los protocolos contra incendios, el peritaje técnico y los registros de mantenimiento de los equipos de emergencia del penal.
La causa continuará su curso en los tribunales provinciales, donde se aguarda el resultado de los testimonios a internas y personal médico para determinar las eventuales responsabilidades penales e institucionales.
