Horror. ¿Auditoría o blindaje?: El futuro de los juzgados tras la “bomba de tiempo” que se cobró la vida de Ángel
El Superior Tribunal de Justicia ordenó auditar los equipos técnicos de Comodoro Rivadavia luego de que Ángel Nicolás López fuera asesinado a golpes tras un polémico fallo de tenencia.
La máxima autoridad judicial de la provincia de Chubut dispuso este martes la intervención y auditoría del Equipo Interdisciplinario (ETI) de la Circunscripción Judicial N° II de Comodoro Rivadavia por un plazo inicial de 60 días.
La medida busca determinar responsabilidades sistémicas en el caso de Ángel, el niño de 4 años que murió por múltiples golpes en la cabeza tras ser restituido a su madre biológica, Mariela Altamirano, y su padrastro, Maicol González, ambos actualmente detenidos.
La intervención del Equipo Interdisciplinario
La jueza de la Cámara de Apelaciones, María Marta Nieto, fue designada como la responsable de llevar adelante este proceso de control sobre los equipos que auxilian a los juzgados.
Esta medida administrativa se produce en un contexto de fuerte cuestionamiento social hacia el sistema de protección de derechos que no logró prevenir la muerte del menor.
Si bien la auditoría alcanza a los psicólogos y trabajadores sociales del ETI, la medida no afecta de forma directa al juez de Familia N° 4, Pablo José Pérez.
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El magistrado fue quien tomó la decisión final de otorgar la tenencia a Altamirano en noviembre del año pasado, a pesar de que la mujer contaba con antecedentes de maltrato en la provincia de Corrientes.
Cualquier medida sobre la continuidad del juez Pérez en su cargo depende exclusivamente de un proceso ante el Consejo de la Magistratura de la provincia.
Por el momento, el magistrado continúa en sus funciones y como coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia.
El colapso del Fuero de Familia en Comodoro
El informe del Superior Tribunal de Justicia describe un panorama crítico en la ciudad petrolera, donde se señala que "la complejidad de las situaciones abordadas ha aumentado" sustancialmente.
Esta sobrecarga estructural impacta directamente en los tiempos de respuesta y en la calidad de las intervenciones del personal.
Según los datos oficiales, durante el año 2025 ingresaron 2.209 expedientes a los juzgados de familia de Comodoro Rivadavia.
De ese total, aproximadamente el 60% de las causas iniciadas corresponden a denuncias por violencia familiar, lo que evidencia un sistema desbordado por la demanda social.
“Estamos colapsados. Hay buenos y malos trabajadores como en todos lados, pero el problema es que acá nos excedió la situación”, manifestó una fuente judicial bajo reserva de identidad. Según su testimonio, la situación en los juzgados era "una bomba de tiempo que iba a explotar en algún momento".
Fallas en el seguimiento y monitoreo virtual
Uno de los puntos más críticos de la investigación judicial y administrativa radica en cómo se realizaron los seguimientos del bienestar del niño. Las estadísticas del ETI de 2025 revelan que se realizaron apenas 115 entrevistas presenciales en domicilios, frente a 4.209 entrevistas en sede y un notable incremento en los seguimientos virtuales.
Las entrevistas virtuales aumentaron casi el triple en comparación con el año anterior, superando incluso la cantidad de visitas territoriales. En el caso de Ángel, una vecina declaró que la madre enviaba fotos y videos de una vivienda en Córdoba para engañar a los organismos durante los controles virtuales.
De haberse realizado una verificación presencial, los funcionarios habrían constatado que el niño vivía en una construcción de chapa de un solo ambiente (2x3 metros). En ese espacio convivían Ángel, su madre, el padrastro y una beba de seis meses en condiciones de extrema precariedad.
Denuncias penales contra las psicólogas
En paralelo a la intervención administrativa, la Fundación Más Vida presentó una denuncia penal contra las licenciadas Jennifer Leiva y Vanesa Marín.
Se las acusa de violación de los deberes de funcionario público y falso testimonio, bajo el argumento de que sus informes técnicos fueron determinantes para que el juez entregara al niño.
“Jennifer Leiva y Vanesa Marín disponían de la información que necesitaban para proteger a ese niño y obraron en la dirección opuesta”, sostiene un extracto de la denuncia presentada. La psicóloga Leiva, no obstante, depende jerárquicamente del municipio de Comodoro Rivadavia, lo que dificulta el control directo por parte de la interventora judicial.
Desde la fundación señalaron que este tipo de delitos suelen conllevar penas de uno a tres años de prisión, lo que las hace excarcelables. Sin embargo, el objetivo de la querella es lograr una inhabilitación profesional ejemplar para quienes intervinieron en el expediente.
Pedidos de juicio político y apoyo gremial
Roberto Castillo, abogado de Luis López (padre biológico de Ángel), adelantó que buscarán avanzar con un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Pérez. Para la querella, el magistrado ignoró que la referente emocional del niño era Lorena Andrade, la mujer que lo crió desde los dos años y a quien Ángel llamaba "mamá".
“Si el juez no fuera juez sería un partícipe necesario porque sin su firma, Ángel estaría con nosotros”, afirmó con dureza el abogado Castillo. Por su parte, el padre del niño aseguró tras conocer los resultados de la autopsia: “Vamos a ir por todos, la muerte de mi hijo no va a quedar así”.
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En contraste, la Asociación de la Magistratura de Chubut y el Colegio Público de Abogados local emitieron comunicados respaldando al juez y a la asesora de familia Verónica Roldán.
Ambas instituciones manifestaron su preocupación por lo que calificaron como "escraches y ataques violentos" en redes sociales y medios de comunicación hacia los funcionarios intervinientes.
