“Hay mucha plata”. Ampliaron la imputación contra un exlegislador acusado de intentar coimear a un fiscal de Salta

La Sede Fiscal Descentralizada Tartagal y la Fiscalía de Distrito de Salta ampliaron la imputación contra el exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisnero por presunto cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego.

Según las fiscalías, el exlegislador realizó, a través de un intermediario, el pago de una coima a un auxiliar fiscal con el objetivo de influir en el proceso judicial en el que ya se encontraba investigado por asociación ilícita y contrabando agravado, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

En una audiencia de formalización realizada ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, la magistrada dejó además sin efecto la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que le había sido concedida anteriormente y dispuso su prisión preventiva por 60 días.

La misma medida alcanzó a un segundo acusado, identificado por sus iniciales como J.M.A. y señalado como intermediario en la maniobra, a quien se imputó por cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita, en calidad de miembro.

En representación del MPF intervinieron en la audiencia el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la sede fiscal de Tartagal y a cargo de la investigación principal, en la que también hay otras cinco personas imputadas.

Asimismo, se autorizó el avance de peritajes sobre teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU y otros dispositivos digitales secuestrados en los allanamientos realizados el martes pasado, luego de detectarse la maniobra de soborno.

Los procedimientos se llevaron a cabo en cinco inmuebles: dos en Campamento Vespucio —la vivienda de J.M.A. y su local comercial—, uno en Tartagal y otros dos en el barrio privado Green House de General Mosconi, en domicilios vinculados a Cisnero y a uno de sus hijos.

Cisnero ya se encontraba sometido a proceso penal desde septiembre del año pasado, cuando fue detenido e imputado por los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado por el valor de la mercadería involucrada y por la cantidad de personas intervinientes. La investigación está vinculada a una presunta operatoria de contrabando de granos a gran escala.

Con posterioridad, el 30 de octubre de 2025, la Sala I del Tribunal de Revisión de Salta hizo lugar a un planteo de la defensa y le concedió el arresto domiciliario en una de las viviendas allanadas ahora en el barrio privado Green House, de General Mosconi.

Luego, ese mismo tribunal resolvió otorgarle la libertad bajo caución real fijada en 500 millones de pesos, junto con otras medidas restrictivas, beneficios que ahora quedaron sin efecto ante la ampliación de la imputación.

Al presentar el caso, la fiscal Orsetti sostuvo que no se trató de un ofrecimiento improvisado, sino de una maniobra planificada para acercarse a un integrante del MPF a través de vínculos personales y familiares.

Explicó que Cisnero conocía al auxiliar fiscal porque había intervenido en una audiencia de su causa en diciembre pasado. Según la investigación, ello motivó que, mientras gozaba de libertad, buscara contactarlo.

En una primera instancia contactaron a una persona que era amiga de la familia del funcionario judicial para que haga de intermediario, aunque la misma no tenía relación frecuente, lo que, según la fiscalía, se evidenció en que el auxiliar fiscal no respondió a sus insistentes llamados.

Luego —según expuso la fiscalía— J.M.A. logró llegar a un amigo personal del auxiliar fiscal, a quien convenció para que lo llamara por teléfono, momento en el que se puso al habla e insistió con mantener un encuentro, sin ser claro respecto al motivo del mismo.

La secuencia culminó el sábado pasado, cuando J.M.A. interceptó al funcionario a la salida de un gimnasio de General Mosconi y le pidió conversar dentro de una camioneta Toyota.

Prevenido ante la situación, el auxiliar fiscal concurrió con una pequeña grabadora oculta en el bolsillo de su campera. Según relató la fiscalía, allí J.M.A. le dijo que hablaba en nombre de Cisnero y le ofreció dinero (cohecho) para que influyera en favor del exlegislador antes de una audiencia clave en junio, fecha en la que vence el plazo de investigación y la fiscalía debe formalizar la acusación, paso previo a que el caso sea elevado a juicio oral y público.

Durante la audiencia se reprodujeron fragmentos del audio obtenido. “Yo te voy a decir la verdad, la pura. La justa, la justa y la verdad. Hay plata. Mucha plata. Sí, la que vos quieras. ¿Te imaginás?”, expresó el intermediario.

En otro tramo insistió: “Él (por Cisnero) dice que está dispuesto a poner guita”. Y agregó que el exlegislador quería garantías para el 23 de junio: “Yo quiero ya ahí, concreto, que a mí no me van a meter en cana, nada, nada, nada”.

También afirmó que ya habría realizado pagos para obtener beneficios procesales: “Él ha pagado 15.000 dólares de garantía. Ya ha puesto los 15.000 dólares. Pero si no le entregan en 5 o 6 meses, tiene que seguir pagando los 15.000, la garantía”.

Asimismo, sostuvo: “Me dijo que la que corta el queso es la fiscal. Y si él quiere, que él hable con la jueza, yo pongo guita”.

Para el MPF, la maniobra evidenció el intento de ambos imputados de obtener un canal de influencia dentro del sistema judicial, razón por la cual Villalba y Orsetti dejaron en claro en la audiencia que el caso es de una “inusitada gravedad institucional”.

La jueza, al resolver los pedidos, coincidió con la consideración expuesta por los fiscales. Resaltó los argumentos vinculados al riesgo de fuga y, sobre todo, la alusión hecha por el MPF respecto al entorpecimiento procesal, lo que, a su criterio, no había podido ser neutralizado con la caución real y la libertad concedida.

En vista de ello, la jueza rechazó los planteos de las defensas para limitar el análisis de los dispositivos secuestrados y ordenó la prisión preventiva de ambos acusados.

La fiscalía informó que el avalúo preliminar de los bienes incautados en los allanamientos asciende a 585 millones de pesos.