Investigación en Córdoba. Un jurado popular definirá el destino de Albareda, acusado de matar a su madre
Será juzgado por la Cámara 6ª del Crimen de Córdoba. Responderá por homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por codicia. Si es condenado, recibirá perpetua. El salvaje asesinato sucedió en la casa de la mujer en 2024.
La Cámara 6° del Crimen de Córdoba juzgará a Fernando Albareda por el homicidio agravado de su madre, Susana Montoya, en la vivienda de aquella en barrio Ampliación Poeta Lugones, zona norte de la ciudad de Córdoba, el pasado 1º de agosto de 2024.
Albareda responderá por homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por codicia. Además, se lo acusa por dos hechos de falso testimonio.
Si es hallado culpable por esos delitos, le corresponde perpetua.
Por la gravedad del delito, el acusado deberá responder ante un jurado popular que actuará a la par de los jueces técnicos.
En julio pasado, en una nota exclusiva de La Voz, el imputado admitió el hecho en una entrevista en la cárcel de Bouwer. “No sé si estoy arrepentido”, sostuvo.
Albareda llega a juicio luego de que la Cámara de Acusación, integrada por los vocales Carlos Alberto Salazar, Patricia Alejandra Farías y Maximiliano Octavio Davies, rechazara el recurso de la defensa, toda vez que avaló lo actuado por el juez de control y consideró que no hubo vulneración del derecho de defensa.
Además, señaló que existe un caudal probatorio suficiente para avanzar a juicio.
Se espera que en los próximos días queden fijados día y hora para la primera audiencia oral y pública.
El fiscal de instrucción, Juan Pablo Klinger, lo había imputado por los aparentes delitos de “Homicidio calificado por el vínculo”, “Homicidio calificado por alevosía”, “Homicidio calificado por codicia” y “Falso testimonio”, luego de que Albareda denunciara que su madre había sido asesinada y que su familia había sido amenazada.

Sin embargo la investigación dio un giro inesperado que conmocionó a la población cordobesa.
Klinger determinó que había sido el propio hijo de la víctima el que había discutido con su madre durante la noche del primer jueves de agosto de 2024 y que luego la habría asesinado.
El cuerpo inerte presentaba un golpe en la cabeza y signos de estrangulamiento.
En julio pasado, en una nota exclusiva de La Voz, el imputado confesó el hecho en una entrevista en la cárcel de Bouwer.
La familia estaba a punto de cobrar 76 millones de pesos por la reconstrucción del legajo policial de Ricardo Fermín Albareda, exmarido de Susana y padre de Fernando, que había sido desaparecido y asesinado durante la última dictadura militar.
Elevación a juicio
La Cámara de Acusación finalmente rechazó este miércoles el recurso interpuesto por la defensa del imputado. El tribunal delimitó su análisis al planteo central: la supuesta nulidad del requerimiento de citación a juicio por una presunta violación del derecho de defensa.
En ese marco, los camaristas coincidieron en que no existió vulneración alguna.
En sus fallos, los vocales sostuvieron que Albareda y sus abogados tuvieron acceso previo a las pruebas de cargo, entre ellas informes periciales clave, durante varios meses antes de la elevación.
También valoraron que el imputado declaró con asistencia técnica y que no solicitó medidas adicionales ni propuso nuevas pruebas en ese momento.
El voto principal, a cargo de Salazar, remarcó que el juez de control brindó fundamentos suficientes y que la defensa no logró demostrar errores en la valoración de la prueba.
La Cámara también entendió que el planteo recursivo se limitó a reiterar argumentos ya rechazados en instancias anteriores.
Además, el tribunal destacó que el material probatorio reunido alcanzó el grado de probabilidad necesario para que el caso se debata en juicio oral y público. En esa línea, sostuvo que la etapa de plenario será el ámbito adecuado para discutir la existencia del hecho y la eventual responsabilidad penal del acusado.
La defensa de Albareda
La estrategia defensiva se había centrado en cuestionar la validez del proceso de elevación a juicio.
El abogado Mario Gregorio había sostenido que la indagatoria de su defendido se realizó sin tiempo suficiente para analizar la prueba y diseñar una estrategia adecuada.
Según planteó, la citación a juicio se dictó pocas horas después de esa declaración, lo que a su criterio configuró una afectación al debido proceso. También cuestionó la incorporación de pruebas y la supuesta falta de notificación de algunos actos procesales.
Otro de los ejes fue el intento de modificar la calificación legal del hecho. La defensa pidió que se contemplaran circunstancias extraordinarias de atenuación, vinculadas a la historia personal del imputado y a su relación con la víctima.

En ese sentido, introdujo elementos relacionados con la vida de Albareda, incluidos episodios traumáticos que, según su postura, debían ser considerados para evaluar su conducta. También rechazó la hipótesis de la codicia como móvil del crimen.
Sin embargo, estos planteos no prosperaron. La Cámara consideró que varios de esos agravios no podían ser tratados en esta instancia por exceder los límites del recurso.
En cuanto al núcleo del reclamo, concluyó que no existió afectación concreta al derecho de defensa.
La muerte de Susana Montoya
De acuerdo con la reconstrucción del fiscal Klinger, en la noche del 1 de agosto de 2024, Montoya terminaba de cenar y Albareda acababa de llegar a la vivienda de la calle Miguel Andrés Caminos al 3800, zona norte de la Capital.
El reloj marcaba las 20.30.
Se habrían replicado algunas discusiones que se registraban desde hacía algún tiempo entre madre e hijo. Sin embargo, el desenlace esta vez fue macabro.
Para la Justicia, el acusado la habría atacado por la espalda, primero con un elemento de estrangulamiento y luego mediante golpes que provocaron su muerte.
La mecánica del hecho fue interpretada como un accionar sobre seguro, con ventaja física y sin posibilidad de defensa por parte de la víctima.
Tras el crimen, y siempre según la acusación, el imputado intentó desviar la investigación. Para ello, realizó llamadas al teléfono de su madre que no fueron respondidas y escribió mensajes intimidantes en la vivienda, con el objetivo de simular un ataque externo vinculado a supuestas amenazas previas.
La fiscalía sostuvo que esas amenazas habían sido fabricadas por el propio Albareda, lo que derivó en una imputación adicional por falso testimonio reiterado.







