El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba (TOF1) capital autorizó, por mayoría y nuevamente, al exlegislador y gremialista Franco Gabriel Saillén, acusado por presunto lavado en la causa del Surrbac, a vacacionar en el exterior, a pesar de los rechazos de uno de los jueces, el fiscal general Maximiliano Hairabedian y el subdirector de la Agencia Regional Central de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Lafontana.
Enviado a juicio por supuesto lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal, el gremialista obtuvo diversas autorizaciones en los últimos meses para vacacionar en destinos paradisíacos, como Tulum (México), y cosmopolitas, como Las Vegas y Nueva York (Estados Unidos).
Autorización para viajar a Chile
El hijo de Mauricio Saillén, histórico dirigente del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), había solicitado a través de su abogado, Eduardo Gómez Caminos, viajar a Chile del 23 de abril al 3 de mayo por motivos personales, recreativos y turísticos.
El letrado acompañó la reserva del coqueto y moderno alojamiento en la comuna de Providencia, en Santiago, y los datos del vehículo utilizado, una Ford F-150 Raptor, a nombre de un hombre. Ofreció como fiadores del viaje al exterior a dos personas, cuyo inmueble está tasado en 76 mil dólares (a valores del mercado).
Corrida la vista para pronunciarse sobre la solicitud, el fiscal del juicio Hairabedian pidió rechazar la solicitud y mantuvo la misma tesitura ante los pedidos anteriores. Recordó que desde 2019 pesa sobre Saillén la prohibición de salir del país, ordenada por el entonces juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro (jubilado), sumado a que la causa está en la fase preparatoria de juicio para resolver su situación procesal.
La querella, representada por Lafontana, apoderado y subdirector de la Agencia Regional Central de la UIF, pidió rechazar la solicitud del gremialista pero advirtió que si se autorizaba el viaje, el tribunal debía de mitigar o atenuar los posibles riesgos procesales.
Atento la orden de Bustos Fierro de 2019, el mismo TOF1 había denegado a Saillén viajar al exterior en 2025, pero la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión y el imputado pudo finalmente volar a México y EE.UU.
En un nuevo fallo y por mayoría, los jueces Julián Falcucci y Mario Martínez (subrogante, ya que es magistrado ante el Tribunal Federal de La Rioja) hicieron lugar al pedido a pesar de no estar de acuerdo con la decisión y le impusieron una fianza de 50 millones de pesos.
Recordaron que si bien es cierto que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “el derecho de circulación y de residencia, incluido el derecho a salir del país, pueden ser objeto de restricciones”. Los magistrados subrayaron que “estas restricciones tienen carácter cautelar y deben guardar estricta proporcionalidad con el objeto que pretende”.
“Bajo estas circunstancias, la prohibición de salida del país dispuesta sobre el nombrado se encuentra vigente y no luce desproporcionada ni irrazonable en miras al riesgo de fuga que implica un viaje al exterior”, destacaron Falcucci y Martínez.
“Asimismo, las partes ya fueron citadas a juicio y si bien aún continúa sin fijarse la fecha de la audiencia oral de debate, ello no impide que a corto plazo se materialice, razón por la cual conforme al estado procesal que se encuentran las presentes actuaciones y, analizadas las posturas asumidas por las partes, estimamos valederas y atendibles las razones expuestas por el representante del Ministerio Público Fiscal y la querella -UIF- en abono al rechazo de lo peticionado”, dijeron.
Insistieron en que no era una “medida desproporcionada” rechazar la salida del país pero recordaron el fallo de Casación que había autorizado anteriormente al imputado a viajar al extranjero. Así, a pesar de expresar su desacuerdo, hicieron lugar a la solicitud de salida.
En minoría, el juez José Asís, se expidió por el rechazo al pedido de la defensa. Remarcó que sigue vigente la prohibición sobre Saillén y enumeró las razones dadas por la primera instancia en 2019: “Las maniobras económica y financiera; los millonarios montos lavados y defraudados; la utilización de terceras personas interpuestas para ocultar su real situación económica; innumerables viajes al exterior; que los jefes de la asociación se manejarían con ‘aprietes’ y que contarían con personas que le ‘filtran’ información policial sobre procedimientos judiciales”.
“De acuerdo con la gravedad de los hechos atribuidos a Saillén -lavado de activos-, la magnitud de los bienes involucrados en la maniobra y sus recursos económicos considero que existe un alto riesgo procesal si se le permite egresar del país”, dijo Asís y consideró “proporcionado y razonable” denegar el pedido.
Otras autorizaciones
El TOF1 había autorizado en enero al histórico dirigente del gremio de recolectores Pascual Vicente Catrambone, enviado a juicio por presunta asociación ilícita, defraudación al gremio y usura, a irse de vacaciones a la ciudad brasileña de Bombinhas bajo una fianza de 100 millones de pesos.
Los jueces también habían hecho lugar al pedido de su hijo, Agustín Mauricio Catrambone, a viajar a la exclusiva zona de Akumal, en el Caribe mejicano, bajo una fianza de 50 millones de pesos.
Causa Surrbac: de qué se acusa a los gremialistas
Catrambone (padre) y su amigo, el líder del gremio Mauricio Saillén, durante seis años, habrían sido los “jefes indiscutidos” de las maniobras en las que hay allegados y familiares acusados, de acuerdo con la investigación del fiscal federal N° 1 de Córdoba capital, Enrique Senestrari, y del Juzgado Nº 1.
En esta causa principal, conocida como “Surrbac I”, por supuesta asociación ilícita, defraudación y usura, el fiscal concluyó que Saillén (p) y Catrambone (p) (exdirector obrero de Crese y exdirector de Cormecor) habrían formado una asociación ilícita entre 2009 y 2015 en perjuicio de los afiliados y del sindicato, la mutual Amsurrbac y la obra social Ossurrbac, con el aparente objetivo de beneficiarse ellos y sus familiares o allegados.
En la mecánica, habrían actuado como sus cómplices Juan Manuel Krainbuhl (tesorero de la mutual); los contadores Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba; Juan Carlos Delgado (por entonces tesorero del gremio y apoderado de la obra social); Salomé Alfazak; Héctor Blanes; Franco Saillén; Juan Carlos Saillén; Daniel René Ayerbe; Adriana Cecilia Oviedo (exesposa de Catrambone –p–); Agustín Mauricio Catrambone (hijo de Pascual), y Darío Mauricio Saillén (hijo de Saillén –), todos enviados a juicio.
Uno de los ardides habrían sido los altos intereses (“usurarios”) aplicados a los préstamos que otorgaba la mutual, que habría funcionado como “una fuente inagotable de riqueza para los jefes de la asociación ilícita y sus allegados”, según el fiscal.
Así, Saillén, Catrambone, Krainbuhl, Riba y Medina se habrían aprovechado de forma habitual de la necesidad o inexperiencia de los afiliados en el otorgamiento de los préstamos informales, cuyo descuento se realizaba por planilla.
Luego, el dinero conseguido a través de los préstamos a los afiliados habría sido puesto en circulación para “darle apariencia lícita”. De ese modo, se habrían realizado contratos de mutuo presuntamente firmados entre terceros y la mutual. La entidad se habría comprometido a devolver las sumas prestadas a tasas de interés altas, muy por encima de las del sistema financiero formal.
El dato llamativo es que los “mutuantes” eran conocidos o familiares de los imputados, “cuando no ellos mismos”, para presuntamente “blanquear las excesivas ganancias” de los préstamos a los afiliados. Se cree que Saillén, Pascual Catrambone, Krainbuhl, Medina, Riba, Alfazak (secretaria privada de Saillén) y Blanes participaron de las maniobras.
Asimismo, Saillén y Catrambone habrían perjudicado al sindicato, al rendir gastos personales por vacaciones familiares al Caribe, viajes de estudios de sus hijos y gastos exorbitantes en hoteles, como si los hubieran realizado mientras ejercían sus funciones dentro del gremio, “desviándolos” así “de su legítimo destino”.
Las sospechas por lavado (“Surrbac II”) se dispararon por una denuncia anónima contra el mencionado Ayerbe como presunto testaferro de los gremialistas. Ayerbe aparecía como integrante de la Comisión Directiva del Surrbac, secretario de Relaciones Institucionales de la mutual y secretario de Cormecor.
Entre 2012 y 2019, Saillén (p) y Catrambone (p) habrían lavado al menos parte del dinero proveniente de la asociación ilícita mediante la compraventa por sumas millonarias de lotes o inmuebles en diversos lugares de Córdoba, no solo a través de desarrollistas y fideicomisos –para supuestamente permanecer fuera de los registros oficiales–, sino también a través de testaferros.
Tanto los hijos como familiares de ambos habrían sido sus testaferros: Franco y Juan Saillén, Agustín Catrambone y Oviedo. Pero también allegados o amigos, como Blanes, Delgado y Ayerbe.
El fiscal detectó que Ayerbe tenía sospechosamente a su nombre costosos vehículos y una fracción de terreno en Cura Brochero, donde fue emplazado Castillo Euzkadi, un fastuoso multiespacio que emula una antiquísima fortificación del Medioevo.
Delgado aparece como dueño de Faro il Bolo Sierras Apart, en Cura Brochero, y de otro inmueble en Córdoba, aunque sólo sería otro prestanombre. El lujoso complejo serrano tiene una suerte de faro con balcones, que desentona con el paisaje.
De este modo, surgen adquisiciones de vehículos, desde motos, autos BMW, Mercedes-Benz y Beetle TSI y camionetas RAM y Amarok a nombre de familiares de Saillén y de Catrambone, y de Krates y de Higyse.
El TOF1 ya había rechazado el pedido de los sindicalistas de abonar 751 mil dólares para reparar el daño causado con las supuestas maniobras de usura montadas desde la estructura del gremio y la mutual.
