Violencia de género. Acosador serial: pidieron otra condena a "Pucho" Roque por llamados a su ex desde la cárcel

El 30 de julio próximo, después de las 13, se escuchará el veredicto del cuarto juicio al que está siendo sometido el acosador serial Sebastián Guillermo "Pucho" Roqué (50), a quien este jueves la fiscal de Cámara Laura Battistelli le pidió una condena de un año y ocho meses de prisión.

Las dos novedades más salientes de la última audiencia celebrada en la Cámara 9ª del Crimen de Córdoba, además del pedido de pena, fueron el agravamiento de la calificación legal de los hechos de la acusación y la postergación de la sentencia hasta después de la feria judicial de invierno.

La postergación de la audiencia de última palabra de Roqué (que puede llevar varios minutos) y de la sentencia del vocal Fernando Martín Bertone tiene que ver con varios motivos, entre los cuales está el pedido del acusado de que los viernes (último día antes de la feria) él tiene visitas en la cárcel.

No obstante, según indicó en la audiencia el vocal Bertone, influyeron otros motivos para inclinarse a postergar la deliberación hasta la reanudación de la actividad judicial.

Lo más interesante fue el pedido de cambio de calificación legal que hizo Battistelli en un duro alegato: entendió que en lugar de una "desobediencia a la autoridad continuada" debe condenarse a "Pucho" por cinco hechos de "desobediencia a la autoridad reiterada". Esto eleva la escala penal y por eso solicito el año y ocho meses de prisión.

La fiscal abundó en ejemplos y argumentaciones sobre las modalidades de hostigamiento que tiene Roqué y que viene repitiendo de otros procesos en los que fue condenado. Sostuvo Battistelli que no puede aplicarse la figura original si –a grandes rasgos– el reo molesta a la víctima en reiteradas ocasiones durante todo su período de encierro.

La acusadora pública fue enfática al pronunciar que la intención de la Convención de Belem do Pará –con rasgo constitucional– exige "erradicar, sancionar y prevenir la violencia de género. Indicó que si se pretende erradicar, se debe tener una mirada distinta a quien continúa victimizando a la víctima.

"¿Va a estar preso 15 años y va a seguir molestando?", preguntó la fiscal. Luego, se contestó: "Va de lleno contra la erradicación de la violencia de género y de la manda constitucional".

Luego, Battistelli lanzó otras definiciones para apoyar el cambio de calificación: "La condena veda el contacto con la víctima", pero señaló que "es obligación estatal de salvar a la víctima".

"El delito continuado tiene que tener perspectiva de género", agregó la fiscal de cámara y luego añadió: "El sistema debe servirle a la víctima para, en su estado de vulnerabilidad, sacarla del círculo de la violencia". A esto, le sumó que "hay que erradicar la violencia una vez producida la condena".

Finalmente, explicó, refiriéndose a la cantidad de comunicaciones que "Pucho" hizo a su ex desde la cárcel: "Ese contacto es lo que provoca que la víctima permanezca en el círculo de la violencia; lo que no es menor".

Para cerrar este argumento, Battistelli reiteró en varias ocasiones que este tipo de comunicaciones "virtuales" o telefónicas "son peores que las físicas".

A su turno, la querellante por la víctima JC, Daniela Morales Leanza, compartió el cambio de calificación y solicitó tres años de prisión para Roqué. Luego, en caso de que no se cambie la figura original, pidió dos años de prisión.

Por su parte, los defensores oficiales Franco Vitozzi y Lucio Sarnago pronunciaron su alegato y solicitaron la absolución de Roqué.

Indicaron que no existían pruebas de que los llamados hubieran salido de Bouwer. Del lado de la acusación, se insiste que la modalidad comisiva y ciertos datos que se expresan en los mensajes no son de conocimiento público.

En subsidio, insistieron que si se halla responsable a Roqué, deben encuadrarse los hechos como un delito continuado.

Tras cumplir por completo siete años de prisión por dos condenas unificadas, en junio de 2022, salió en libertad y esa misma noche comenzó a molestar a JC, según lo plasmó la víctima en la primera denuncia. Luego, cayó preso a los pocos días, sin haber completado dos semanas en libertad. Al caer detenido, desde la cárcel también amenazó a la fiscal Martín y su empleada.

Más tarde fue juzgado, a fines de 2024, y recibió la condena que está cumpliendo actualmente, de 4 años y 10 meses de prisión, por coacción, amenazas y lesiones graves calificadas.

En esa ocasión se repitieron varios de los actuales actores: el juez Bertone, la fiscal Battistelli y la representante de la misma víctima, Morales Leanza.