Fallo. Universidades: la Corte Suprema ratificó la ley de financiamiento y obliga al Gobierno a actualizar salarios
El máximo tribunal rechazó un recurso del Ejecutivo y dejó firme la medida cautelar que ordena cumplir con la recomposición salarial desde 2023 y el aumento de becas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar artículos centrales de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. El tribunal desestimó el recurso extraordinario del Gobierno de Javier Milei, ratificando la orden de actualizar de inmediato los haberes docentes y los programas de asistencia estudiantil.
La resolución fue firmada por los tres ministros del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según el fallo, el Ejecutivo no logró demostrar que existiera una sentencia definitiva para habilitar su intervención, manteniendo vigente lo dictado por las instancias judiciales anteriores.
El impacto en los sueldos y becas
La decisión judicial se enfoca específicamente en los artículos 5 y 6 de la normativa aprobada por el Congreso en agosto de 2025. Estos puntos establecen una actualización salarial para el personal docente y no docente retroactiva al 1 de diciembre de 2023.
Además de los salarios, la cautelar obliga a la recomposición de programas estudiantiles, incluyendo becas como las Manuel Belgrano y las Progresar. Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) advirtieron que, mientras las becas permanezcan congeladas, miles de estudiantes verán vulnerado su derecho a la educación.
Diferencias con el acuerdo oficial
Tras conocerse el fallo, los gremios universitarios adelantaron que exigirán una recomposición salarial del 32,5% basándose en los términos de la ley. Esta cifra supera el acuerdo del pasado 10 de junio, donde el Gobierno se comprometió a un incremento de la masa salarial del 24,33% y una suba del 20% en gastos de funcionamiento.
La diferencia principal radica en que la ley contempla una recuperación del poder adquisitivo desde finales de 2023, mientras que el acta firmada con el Ministerio de Capital Humano ofrecía una recomposición menor. Fuentes del sector educativo señalaron que reclamarán los fondos adicionales garantizados ahora por la Justicia.
El recorrido judicial del conflicto
El conflicto escaló luego de que el Gobierno vetara la ley y, tras la insistencia del Congreso, publicara el decreto 759/2025 para suspender su ejecución. El Ejecutivo argumentaba que no podía cumplir la norma porque no se habían determinado las fuentes específicas de financiamiento para los incrementos.
Sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que el ahorro derivado de no aplicar la ley no resultaba significativo para el presupuesto nacional. También advirtió que el incumplimiento estatal provocaba perjuicios graves que afectaban directamente el derecho constitucional de enseñar y aprender.
Reacciones y futuro de la causa
"Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario", celebró el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. Por su parte, el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, calificó la decisión como un reconocimiento a las movilizaciones federales en defensa de la universidad pública.
Con este pronunciamiento, el Gobierno deberá aplicar los fondos mientras el expediente sobre la cuestión de fondo —la inconstitucionalidad del decreto presidencial— sigue su curso en el juzgado de primera instancia de Martín Cormick.
