Una salida “light” para la ley que regula la huelga

"Cuando quieran que algo no se haga, formen una comisión para hacerlo". Esta es una de las tantas frases de la jerga política que se le atribuyen a Juan Domingo Perón, creador del justicialismo. El bloque de Unión por Córdoba en la Unicameral al parecer no tuvo en cuenta el refrán de su líder político y optó por aprobar la conformación de una Comisión multisectorial para garantizar el acceso de la población a los servicios esenciales en caso de medidas de fuerza, como una salida salomónica a la pretensión inicial del oficialismo de poner límites a la huelga.La propuesta original, avalada por el gobernador José Manuel de la Sota y presentada como proyecto de ley por el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, y el jefe del bloque oficialista, Sergio Busso, quedó sepultada a mediados de marzo. Ni siquiera llegó a tomar estado parlamentario por una ruidosa movilización que realizaron todos los gremios, incluidos los delasotistas, frente al palacio legislativo.Desde el arranque, la propuesta generó polémica y el principal argumento para voltearla fue la existencia de una ley nacional que garantiza la prestación de los servicios esenciales durante las huelgas. Como ocurre en estos casos, la biblioteca estuvo dividida. Hubo constitucionalistas, como Guillermo Barrera Buteler, y exponentes de la Justicia que consideraron que la Provincia tiene facultades para asegurar guardias mínimas cuando se trata de sus propios agentes. Pero hubo coincidencias en que no lo puede hacer sobre empleados del sector privado, como el transporte público.Más allá del debate jurídico, desde distintos sectores de la sociedad se vio con buenos ojos la necesidad de impedir, por caso, que gremios del transporte público –como UTA y Aoita– dejen a pie a miles de ciudadanos sin previo aviso. O las consecuencias más graves que produce la paralización de los hospitales públicos sobre la salud de los sectores más vulnerables de la población.La comisión, que no tiene estatus de ley y fue aprobada a través de un proyecto de resolución, estará integrada por representantes de las centrales obreras, de sectores empresariales, del Ministerio de Trabajo y de la Legislatura. El proyecto aprobado ni siquiera incluye en su texto la palabra huelga y sólo dice que la Legislatura podrá proponer las "medidas necesarias para garantizar a los ciudadanos un piso en el acceso a los servicios esenciales, aun durante la adopción de medidas de fuerza".La comisión sólo cuenta con el respaldo de la delasotista CGT Regional Córdoba, cuya conducción integra el también legislador oficialista José Pihen. La opositora CGT Rodríguez Peña, integrada entre otros gremios por el Sindicato de Luz y Fuerza, los municipales de Córdoba (Suoem) y los recolectores de residuos (Surrbac) rechazaron participar.Quienes promovieron la comisión la justifican por lo bajo como una forma de neutralizar que el proyecto original para limitar huelgas en servicios esenciales llegue a ser ley. Sin consenso, la comisión aparece como una herramienta con escasas posibilidades de morigerar los efectos de un paro que afecte servicios esenciales.