Una agenda que anticipa otro año intenso
En las últimas semanas comenzó a transparentarse la actividad judicial de cara al conjunto de la sociedad, que sospecha de ese poder del Estado.
Por primera vez, por imperio de una mayoría de tres de sus cinco jueces, y aun a contramano de las prioridades del Gobierno nacional, la Corte adoptó una agenda de temas social y políticamente sensibles sobre los que fallar en las últimas cuatro semanas del año judicial.
Así se pronunció, por mayorías fluctuantes, a favor de que los jueces pagaran Ganancias y de que los jubilados tuvieran actualización de haberes con la fórmula más beneficiosa.
También en contra del beneficio del “2 x 1” para responsables de delitos de lesa humanidad y de tratar la constitucionalidad o no de la ley de lemas electoral en Santa Cruz.
Pese al agitado mar de fondo de la transición entre casi 12 años de una presidencia personalista de Ricardo Lorenzetti a una colegiada que se pretende para Carlos Rosenkrantz, la Corte terminó por adoptar una agenda y hacerla pública.
Quienes así lo inspiran entienden que es una manera de empezar a transparentar la actividad judicial de cara al conjunto de la sociedad que sospecha de ese poder del Estado.
Por eso ya empezaron a sopesar los temas que compondrán la agenda para el primer trimestre del año, con la particularidad de que será electoral-presidencial.
Y entre los casi seguros figura, nada más y nada menos, que la constitucionalidad o no de la aplicación de la prisión preventiva en casos de presunta corrupción.
Se trata de la llamada “doctrina Irurzun”, por la cual la prisión preventiva empezó a aplicarse el año pasado sin probar siquiera la existencia de alguno de sus dos requisitos: obstrucción de la investigación o riesgo de fuga.
La mayoría de los procesados con prisión preventiva son exfuncionarios kirchneristas.
También pesa un pedido sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero está eximida por sus fueros como senadora.
En la agenda tentativa figurarían también la prisión domiciliaria para casos de lesa humanidad, la tragedia de los estudiantes del colegio Ecos de hace doce años y hasta otro tema previsional: una demanda colectiva presentada hace ocho años por el defensor del Pueblo sobre la aplicación de reajustes tras el “Badaro 2”, que involucra a más de un millón y medio de jubilados.
El comienzo de 2019 para la Corte amenaza con ser igual de intenso que lo que fue este año. Con el agravante de que será un año teñido por la disputa electoral y todas las decisiones que tome el máximo tribunal se medirán en esa clave.
